La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) ha respaldado las reivindicaciones de Canarias para tener una participación activa en el diseño de las políticas migratorias de la Unión Europea y disponer de financiación específica que permita afrontar los retos derivados de los flujos migratorios en territorios fronterizos.
La organización, que agrupa a 150 regiones europeas, incluidas las pertenecientes a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, ha plasmado esta posición en un documento que será trasladado próximamente a las instituciones comunitarias y en el que reclama una mayor implicación de los gobiernos regionales y locales en la gobernanza migratoria europea.
El texto denuncia que las regiones continúan siendo, en gran medida, «invisibles como actores políticos en materia migratoria» y cuestiona que el actual Pacto Europeo de Migración y Asilo las considere fundamentalmente entidades ejecutoras, sin un papel claramente definido en la toma de decisiones.
Reclaman participación obligatoria en las estrategias migratorias
La CRPM sostiene que esta situación no refleja la realidad de muchos territorios que asumen responsabilidades directas en la gestión de la migración, especialmente en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Según recoge el documento, las administraciones regionales desempeñan funciones esenciales en ámbitos como la atención de emergencias, la acogida e integración de migrantes y la prestación de servicios públicos vinculados a la educación, la sanidad o la protección social.
La organización advierte además de que, en numerosos Estados miembros, las regiones con competencias relevantes apenas participan en la elaboración de los planes nacionales destinados a aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Entre ellas se encuentran varios territorios sometidos a una fuerte presión migratoria, especialmente aquellos situados en las rutas marítimas de acceso a Europa, una situación que Canarias ha denunciado de forma reiterada en los últimos años.
Ante este escenario, la Conferencia propone que la participación de las autoridades regionales y locales en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias migratorias nacionales sea «formal y obligatoria», incorporando mecanismos de gobernanza que reconozcan expresamente sus competencias.
Preocupación por la protección de los menores migrantes
Otro de los aspectos destacados del documento es la preocupación compartida por la CRPM y el Gobierno de Canarias en relación con la protección de los menores migrantes dentro del nuevo marco normativo europeo.
La organización considera que el Pacto Europeo de Migración y Asilo no ofrece suficientes garantías respecto a la tutela y protección de los menores no acompañados que manifiestan su intención de solicitar asilo al llegar a territorio europeo.
En particular, señala que el reglamento de triaje y los planes nacionales de implementación no aclaran aspectos fundamentales relacionados con las competencias administrativas sobre estos menores, una cuestión que ha generado incertidumbre en Canarias debido al elevado número de jóvenes migrantes acogidos en el archipiélago.
Asimismo, la CRPM muestra inquietud por la ampliación del sistema europeo de registro biométrico, que incorporará herramientas de reconocimiento facial y reducirá de 14 a 6 años la edad mínima para el registro de menores.
La entidad reclama que cualquier aplicación de estas medidas garantice plenamente el interés superior del menor, respetando su especial situación de vulnerabilidad y asegurando todas las garantías jurídicas y de protección durante el proceso.
Fondos específicos para las regiones de primera línea
La financiación constituye otro de los ejes principales de las reivindicaciones recogidas en el documento. La Conferencia considera que las regiones que afrontan una presión migratoria constante deben disponer de recursos económicos específicos y adaptados a sus necesidades.
Según argumenta, las autoridades regionales y locales asumen gran parte de la gestión operativa sobre el terreno y, por tanto, deben participar de forma estructural en la planificación y distribución de los fondos destinados a las políticas migratorias.
La organización teme que la centralización de la financiación a través de planes nacionales únicos termine relegando las prioridades de los territorios más afectados y limite el acceso a recursos por parte de las administraciones que trabajan en primera línea.
Por ello, reclama mecanismos de financiación más flexibles y asignaciones económicas suficientes para desarrollar políticas de cohesión social, convivencia e integración.
La CRPM considera que estas inversiones son esenciales para evitar tensiones sociales derivadas de la percepción de competencia por recursos públicos como la atención sanitaria, los servicios sociales o la asistencia jurídica entre la población local y las comunidades migrantes.
