La autoridad judicial de El Hierro ha concluido la fase de instrucción de la causa abierta contra un empresario de la isla por un presunto delito de revelación de secretos, al considerar que existen indicios suficientes de que difundió sin autorización información médica de la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas.
En un auto fechado el pasado 3 de junio y dado a conocer este lunes, el titular de la Plaza Uno del Tribunal de Instancia de Valverde, Antonio Mazuecos, acuerda transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, un paso procesal que deja la causa a las puertas de la apertura de juicio oral.
La resolución judicial aprecia la existencia de «sólidos indicios de criminalidad» y da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, de manera excepcional, la práctica de nuevas diligencias de investigación.
Un informe médico incorporado a una reclamación administrativa
Según recoge el auto, los hechos se remontan a un procedimiento judicial previo relacionado con una solicitud de conciliación por presuntas injurias y calumnias, en el que la consejera aportó un informe médico como documentación acreditativa.
De acuerdo con la investigación, el empresario recibió copia de dicho informe en el marco de aquel procedimiento y posteriormente lo incorporó a una solicitud registrada ante el Cabildo de El Hierro en la que reclamaba la dimisión de la responsable insular de Turismo.
El juzgado sostiene de forma indiciaria que el investigado utilizó una documentación de carácter reservado para fines distintos a los vinculados con el procedimiento judicial en el que había tenido acceso a ella.
La resolución señala que el informe fue presentado ante la administración insular con información relativa al estado de salud de la denunciante, incluyendo datos sobre patologías y tratamientos médicos.
Posible acceso de empleados públicos a la documentación
Durante la instrucción, varios testigos confirmaron que el informe médico quedó incorporado a un expediente administrativo del Cabildo, circunstancia que permitió que diferentes empleados públicos pudieran acceder a su contenido.
El juez considera acreditado de forma provisional que entre nueve y quince personas tuvieron acceso potencial a la documentación, y destaca que varias de ellas desconocían previamente la información médica contenida en el informe.
En este sentido, el auto sostiene que la actuación investigada habría provocado un importante perjuicio personal y profesional a la consejera, al difundirse información sanitaria que no era conocida en su entorno laboral.
La investigación vincula el envío al empresario
Las diligencias practicadas incluyeron actuaciones tecnológicas destinadas a determinar el origen de la presentación electrónica de la documentación.
Según recoge la resolución, la investigación permitió acreditar que la solicitud fue remitida desde una dirección IP vinculada al empresario investigado, un elemento que, a juicio del magistrado, refuerza su relación directa con la incorporación del informe médico al expediente administrativo.
En sus conclusiones provisionales, el juez afirma que existen indicios racionales de que el investigado tuvo conocimiento de datos especialmente protegidos relativos a la salud de la perjudicada y que posteriormente habría procedido a su comunicación o difusión sin el consentimiento de su titular.
Posible delito de revelación de secretos
Por estos hechos, el juzgado acuerda continuar la tramitación de la causa por un presunto delito de revelación de secretos contemplado en el artículo 197, apartados 2, 3 y 5, del Código Penal, preceptos que sancionan la difusión o cesión de datos personales especialmente protegidos obtenidos sin autorización.
La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida mediante recurso de reforma ante el propio juzgado.
