La presentación del primer diagnóstico y análisis multisectorial del estado de los servicios sociales en Canarias, paso previo al futuro plan estratégico del área, ha abierto un intenso debate político y social tras el enfrentamiento protagonizado por la consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado, y la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao, durante su participación en el programa Canarias al Día El Repaso.
Según los primeros datos trasladados por el Ejecutivo, el sistema obtiene una valoración positiva por parte de los usuarios, con niveles de satisfacción superiores al 90% y una nota media de un 6,56, según detalló Delgado. “Los ciudadanos nos han aprobado con un bien”, afirmó, destacando especialmente “la calidad en la atención recibida por parte de los profesionales”.
Sin embargo, el optimismo del Gobierno fue rápidamente cuestionado por Colao, quien denunció la falta de acceso público al informe completo. “No podemos creer o no creer un informe que no se publica”, señaló, criticando que los datos se hayan difundido mediante notas de prensa sin posibilidad de contraste. “El titular no traslada el origen de los datos”, añadió, reclamando transparencia en la metodología y las fuentes.
Mejora en plazos
Uno de los puntos centrales del debate fue la evolución del sistema de dependencia. Delgado aseguró que se ha reducido a la mitad el tiempo de resolución en los últimos 31 meses, situándose en torno a 152 días tras la aprobación del nuevo decreto.
“Antes había dos procedimientos y ahora se ha unificado en uno solo, lo que ha permitido agilizar el sistema”, explicó la consejera.
No obstante, Colao matizó estos datos y ofreció cifras distintas: “Los datos que manejamos son de 411 días de media en 2026”. Aunque reconoció la mejora, advirtió de un problema estructural: “Se ha resuelto la agilidad para el reconocimiento del derecho, pero ahora la gente espera para que ese derecho se haga efectivo”.
En este sentido, denunció que muchos usuarios cuentan con “derechos de papel” sin acceso real a servicios o prestaciones: “La gente está pasando de esperar el reconocimiento a esperar el servicio, la plaza o el cuidado”.
El conflicto por las prestaciones económicas
La discusión se intensificó en torno a la financiación de las prestaciones. Colao acusó al Ejecutivo de mantener el mismo presupuesto que en 2025 pese al aumento de beneficiarios, lo que, según afirmó, ha provocado retrasos en el pago de ayudas como la asistencia personal.
“Hay gente que en enero, febrero y marzo no ha cobrado la prestación pese a tener el derecho reconocido”, denunció.
Delgado rechazó esta interpretación y defendió que las partidas son ampliables: “Siempre se van a cubrir todas las prestaciones que hagan falta”. Además, explicó que el sistema depende en parte de la financiación estatal, que actualmente cubre solo el 17% del coste, lejos del 50% previsto por ley.
Falta de plazas y presión sobre el sistema
Otro de los grandes problemas señalados fue el déficit de plazas sociosanitarias. La consejera reconoció que faltan alrededor de 9.000 plazas en Canarias, aunque aseguró que se están impulsando nuevos planes de infraestructuras.
Por su parte, Colao denunció que esta carencia está derivando en situaciones críticas, como personas mayores ocupando camas hospitalarias sin necesidad clínica. “Estamos llevando a la quiebra del cuidado”, afirmó, señalando que el coste medio de una residencia ronda los 3.000 euros mensuales, inaccesible para muchas familias.
Además, alertó sobre el modelo de gestión: “Solo el 20% de las residencias son públicas”, criticando la creciente presencia de entidades privadas y fondos de inversión en el sector.
Soledad, aislamiento y precariedad laboral
El debate también abordó cuestiones como la soledad no deseada y las condiciones laborales del sector. Mientras Delgado defendió iniciativas preventivas como el plan para mayores, Colao fue más contundente: “No es soledad no deseada, es aislamiento social”.
Asimismo, denunció la precariedad de los profesionales del cuidado: “Hay trabajadoras que atienden a 20 personas en una jornada de ocho horas”, criticando que se prioricen los servicios “más baratos” del sistema.
Discapacidad: avances con límites
En materia de discapacidad, la consejera destacó una reducción significativa en los tiempos de reconocimiento, que han pasado de hasta cinco años a unos dos años y medio en las islas capitalinas. “Hemos simplificado procedimientos y mejorado la digitalización”, afirmó.
Sin embargo, Colao insistió en que el problema no es solo el reconocimiento, sino el acceso efectivo: “La gente no quiere un papel, quiere el derecho”.
Dos visiones enfrentadas
El intercambio evidenció dos visiones claramente diferenciadas. Delgado defendió que se han sentado “los pilares” de un sistema más ágil y estructurado, aunque reconoció que “queda mucho por hacer”.
Por su parte, Colao subrayó que sin más financiación y cambios estructurales profundos, los avances serán insuficientes.
