La acusación pide el traslado del 'caso Grúas' al TSJC para que el presidente declare como imputado

De poco le sirvió al Ministerio Fiscal el duro correctivo que, por extensión, le aplicó la Audiencia Provincial en forma de auto de reapertura del 'caso Grúas', con duras críticas a la instrucción o, para precisar, a la falta de instrucción que debía llevar a cabo la jueza de primera instancia. La Fiscalía, ese órgano público de acusación, no acusó sino que rechazó el recurso de apelación de la acusación popular (XTF-NC y Unidxs Se Puede), apoyando el archivo provisional de la Jueza.

La que sí apoyó a la acusación popular fue la instancia superior, la Audiencia: revocó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones ya que apreció en la actuación de Clavijo "indicios suficientes de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y trafico de influencias" por lo que ordenó a la jueza "practicar las diligencias de investigación". Ahora la jueza relata en una providencia que, para "cumplimentar lo ordenado por la Audiencia" (es decir, para seguir investigando), tiene llamar a declarar a Clavijo  (en calidad de 'investigado' -imputado-). Como explica, Clavijo es "presidente de la CCAA de Canarias" y "por ser aforado", la legislación que no se lo permite. Por eso, decidió dar traslado a las partes "para que informen sobre la posible competencia de la sala de lo Penal del TSJC".

'¿Quién es Clavijo?'

La Fiscalía ha respondido... '¿Quién es Clavijo?'. No es broma, el fiscal Jonay Socas "interesa se recabe del Gobierno de Canarias certificación acreditativa del cargo que actualmente ostenta D. Fernando Clavijo Battle". Pero, por si acaso sí sea presidente del Gobierno de Canarias y esté aforado, hace referencia a jurispridencia para argumentar que "los delitos deben presentar mínimo de consistencia" para que Clavijo tenga que declarar como imputado en el TSJC. Lo ha escrito el Fiscal, pese a leer que la Audiencia Provincial aprecia "indicios suficientes de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y trafico de influencias".  Pero, para el Ministerio Fiscal, a diferencia de cuando rechazó el recurso de apelación de la acusación popular apoyando así a la jueza en el archivo de la causa, ahora sí dice que la jueza tiene que investigar y fija un nuevo plazo para la instrucción...

"18 meses"...

El "máximo" de "18 meses" que da el Fiscal coincide con las Elecciones Autonómicas de 2019. Cabe recordar, por similitudes, que la anterior imputación de Clavijo por el 'caso Corredor', se archivó sólo un mes antes de las Elecciones de 2015 tras las que se proclamó al Clavijo presidente del Gobierno canario. La jueza que desestimó el recurso contra el archivo es la misma que ahora debe decidir si, esta otra causa contra Clavijo que no ha investigado como debía, se queda en su juzgado para ser investigada (sin poder llamar a declarar a Clavijo como investigado) o continúa con el procedimiento que ha iniciado y sí se inhibe, en favor de la sala que es competente para llamar a declarar al presidente del Gobierno de Canarias antes de las elecciones.  Esto último es lo que le han pedido las acusaciones en su respuesta a la providencia. 

Unidxs se Puede considera en su escrito de respuesta que, "de estimarse la solicitud del Ministerio Fiscal, supondría que cualquier decisión sobre la declaración como investigado del actual Presidente del Gobierno de Canarias se tomaría con una Falta de Competencia Objetiva, por lo que, para el normal desarrollo de la instrucción que se pretende desarrollar, y para evitar suspensiones o interrupciones innecesarias, ha de inhibirse, dicho con todo el respeto, en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" ya que "por parte de la Audiencia Provincial no deja lugar a dudas en apuntar a la presunta comisión de los Delitos de Malversación, Prevaricación y Tráfico de influencias en la persona del que en su momento era alcalde del municipio de San Cristóbal de La Laguna". Recuerda la formación lagunera que, "siendo éste el actual Presidente del Gobierno de Canarias, corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el conocimiento, así como la decisión sobre su inculpación o no".

Para XTF-NC, "la declaración" de Clavijo tiene que ser en el TSJC por su condición de aforado y "no puede ser más que en calidad de investigado" ya que, para dar cumplimiento a ese mandato de la Audiciencia Provincial que ordenó investigar los decretos por los que se levantaron los reparos jurídicos, tiene que llamar a declarar como investigados a quienes los firmaron: el actual presidente del Gobierno de Canarias, el actual alcalde José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez Godiño.

Clavijo no tenía "todos los informes jurídicos".

Escribía en su auto la Audicial Provincial, "que no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales"

En las declaraciones a las que ha remitido a este medio el gabinete del presidente del Gobierno de Canarias, como respuesta, Clavijo asegura que contaba con "todos los informes". Lo dijo desde Madrid, acompañado de la vicepresidenta del Gobierno estatal y, lo dijo, pese a que su levantamiento de reparos pudiera ser considerado, según la Audiencia Provincial, como un atentado contra la legalidad de forma "patente y grosera". Son características que la jurisprudencia presentada en el auto atribuyen al delito de prevaricación.

Por su parte, el concejal de XTF-NC, Santiago Pérez sí estuvo el pasado lunes en Mírame TV Canarias para explicar, de forma sencilla, qué es el 'caso Grúas' y en qué fase de la instrucción se encuentra: