La anulación de la ordenanza de movilidad de Santa Cruz de Tenerife por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha generado un intenso debate sobre la planificación urbana y las restricciones al tráfico en la ciudad. Mientras el Ayuntamiento insiste en que la normativa sigue vigente hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, desde la asociación El Perenquén, que impulsó el recurso contra la ordenanza, sostienen que el fallo judicial deja sin efecto cualquier intento de aplicarla.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha defendido la legalidad de la normativa y ha subrayado que casos similares han ocurrido en otras ciudades españolas, como Madrid, Gijón y Badajoz. “No solamente no sabemos nadie cómo hacer esta memoria de impacto normativo, sino que incluso hay ordenanzas de otras ciudades que ni siquiera consideran que tengan que tenerlo”, ha declarado Alonso, insistiendo en que fueron los técnicos municipales y los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento quienes redactaron la ordenanza y validaron el informe de impacto normativo.
Pese a la sentencia, la concejala aseguró que la normativa seguirá vigente hasta que el Supremo decida sobre el recurso. “De momento, sigue en vigor la ordenanza de movilidad. Vamos a recurrir al Supremo y hasta que no se pronuncie en admisión o firmeza, la ordenanza seguirá en vigor”, ha señalado. Asimismo, ha afirmado que algunos proyectos de movilidad de la ciudad, como el plan de aparcamientos, no dependen directamente de esta ordenanza, por lo que su ejecución no se verá afectada.
Por otro lado, Felipe Campos, abogado de la asociación El Perenquén, ha calificado de irresponsabilidad la postura del Ayuntamiento y ha exigido la retirada inmediata de las medidas derivadas de la ordenanza. “No puede seguir adelante porque la sentencia ha anulado la ordenanza y, además, algunos de sus artículos estaban suspendidos cautelarmente”, ha manifestado Campos, criticando que el Ayuntamiento siga adelante con proyectos como la Zona de Bajas Emisiones sin una normativa vigente que los respalde.
El abogado ha subrayado que la memoria presentada por el consistorio no justifica de manera adecuada las restricciones de movilidad. “No hay ninguna memoria ni justificación. Es un mero conjunto de papeles, una reestructuración de artículos, donde no se motiva absolutamente nada”, ha explicado.
Más allá del plano legal, Campos ha puesto en cuestión la falta de consulta ciudadana en la implementación de estas medidas. “Si el Ayuntamiento quiere seguir adelante, debe aprobar una ordenanza adecuadamente y consultar a la ciudadanía para saber si realmente quiere este modelo de movilidad”, enfatiza el abogado.
El fallo del TSJC abre un escenario incierto para la movilidad en Santa Cruz de Tenerife. Mientras el Ayuntamiento confía en que el Tribunal Supremo revierta la anulación, sus detractores exigen el desmantelamiento de infraestructuras como el carril bici y la revisión de las políticas urbanas.
