El juez ve indicios para sentar a Fidela Velázquez en el banquillo
La exalcaldesa de San Juan de la Rambla, y aspirante a repetir como candidata del PSOE en las elecciones de mayo, Fidela Velázquez, está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez que instruye una causa contra ella y otros dos concejales socialistas, Cayetano José Silva y Víctor Manuel García, por presuntos delitos de prevaricación y malversación, dictó el pasado 2 de marzo un auto para transformar la instrucción en procedimiento abreviado, paso previo para la celebración del juicio oral.
En el escrito, al que ha tenido acceso mirametv.com, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de La Orotava, Pablo Casado, otorga diez días a la Fiscalía y las acusaciones particulares para que se pronuncien. El Ministerio Público y el resto de partes acusadoras tienen ahora que decidir si presentan un escrito con petición de penas por los presuntos delitos cometidos, que conllevaría la celebración de una vista judicial, o el sobreseimiento de la causa, un extremo poco probable si se tiene en cuenta que las diligencias parten de una denuncia de la propia Fiscalía. El instructor también abre la posibilidad de que se pueda "solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación".
El juez esgrime en el auto que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a Fidela Velázquez, Cayetano José Silva y Víctor Manuel García por tres presuntos delitos de prevaricación, en concurso con otros dos de malversación. El primero de los hechos a los que hace referencia Pablo Casado, y que "han resultado indiciariamente acreditados", tiene que ver con la decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla que se celebró el 23 de noviembre de 2012, cuando aún gobernaba el PSOE, en la que los tres imputados votaron a favor de conceder una indemnización de 4.220 euros a un vecino del municipio por "por la extinción improcedente del contrato de aparcería del que era titular". Una decisión que se tomó "a pesar del reparo interpuesto por el interventor municipal acerca de la falta del procedimiento adecuado y de la posible prescripción de dicho derecho, y a pesar del informe negativo de la secretaria municipal", según se concluye en el escrito.
También hace referencia el juez a la Junta de Gobierno que tuvo lugar el 2 de noviembre de 2011, en la que los tres imputados decidieron "adjudicar a título gratuito a José Vicente Delgado Velázquez", hijo de Fidela Velázquez, la elaboración del logotipo identificativo de la Corporación local. Para Pablo Casado, la "adjudicación se produjo de forma directa y sin la tramitación del oportuno procedimiento que permitiera, a través de la correspondiente publicidad, la participación de terceros en dicha elaboración".
Un decreto el día antes de la censura
El tercero de los hechos presuntamente delictivos tuvo lugar justo el último día hábil anterior a la moción de censura del PP y AIS-CC, que arrebató el bastón de mando a la propia Fidela Velázquez, cuando la exalcadesa dictó el decreto 43/2013 por el que acordó conceder gratificaciones en concepto de horas extraordinarias, por un importe de 300 euros a tanto alzado, a favor de diversos empleados laborales del Ayuntamiento, "sin que, como puso de manifiesto el secretario municipal, constara el encargo previo de dichas horas ni su efectiva realización ni control". El juez insiste en que la autorización del pago se llevó a cabo "en ausencia de todo procedimiento administrativo legalmente establecido al efecto".
Criterio bien distinto tiene el juez sobre el último de los aspectos por los que fue denunciada Velázquez. El instructor del caso "no considera que haya existido conducta delictiva alguna" en la contratación a un arquitecto externo, Mario Trujillo Domínguez, también imputado, de dos proyectos técnicos referentes al paseo marítimo de Las Aguas. Casado explica que, "aun cuando en el archivo municipal no han aparecido los proyectos, toda la prueba documental y gráfica aportada a las actuaciones pone de manifiesto la efectiva adjudicación y realización de los mismos, incluso con la participación del propio denunciante en su exposición pública", en alusión al actual alcalde, Tomás Mesa, exsocio de Gobierno de Fidela Velázquez.
El juez concluye que los indicios delictivos apreciados son consecuencia de "la denuncia y las diligencias preliminares de investigación practicadas por el Ministerio Fiscal, así como de todos los documentos aportados a la causa y de todas las declaraciones efectuadas en sede judicial". En el auto se añade que "la declaración de los imputados de que actuaron y votaron creyendo en la legalidad de sus actos no es suficiente para proceder al archivo de las actuaciones".