El Comisionado de Transparencia lamenta que las sanciones estén "en manos de instituciones incumplidoras"
Canarias
20 nov. 2017

El Gobierno canario incumple la Ley al ocultar cómo reparte su publicidad entre los medios

Sin embargo, en la misma resolución, Daniel Cerdán desestima la solicitud de ese mismo desglose detallado por empresas adjudicatarias de campañas publicitarias previsto por la Ley que reclama Mikel Prat, el autor del blog 'transparenciaencanarias.com', después de recibir la información, incompleta, por parte del viceconsejero de Comunicación y de Relaciones con los Medios de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Luis Méndez. 

El Comisionado de Transparencia asegura que el motivo de la desestimación es que Gobierno cumple con la solicitud específica de información al guiarse por la "literalidad" de lo solicitado pero, se da la circunstancia, de que la redacción es, literalmente, la misma que la de otra solicitud, también de Mikel Prat, y de sólo un mes antes, pero que no solo estimó por el propio Cerdán sino que además requirió, en este caso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias, para que facilitara el acceso a la información "desglosado por medios de comunicación".  

Dicho coste vendrá desglosado por cada inclusión en los medios". Es la misma frase, repetida en dos solicitudes distintas, por el responsable del blog transparenciaencanarias.com, Mikel Prat.

Una, dirigida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y, otra, al Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento de Las Palmas dio la "callada por respuesta" y el Comisionado de Transparencia resolvió, el pasado mes de agosto, estimar la solicitud de Prat requiriendo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que realizara "al reclamente la entrega de la documentación señalada en el resuelvo anterior", en el que Cerdán  dejaba claro, de forma literal, que el acceso a la información debia estar "desglosado por medios de comunicación". 

 

Donde dije digo...

Sin embargo, a diferencia de la solicitud casi idéntica que sí estimó Cerdán sólo un mes antes, requiriendo al consistorio grancanario a que realizara ese "desglose por medios de comunicación", el propio comisionado desestimó la solicitud de mismo Mikel Prat sólo un mes después, impidiendo que el Gobierno de Canarias hiciera lo propio, pese a que Prat pedía exactamente lo mismo: acceso a la información "desglosado por cada inclusión en los medios",  una frase que sí que le sirvió a Cerdán para requerir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero no para requerir al gobierno de Canarias. Y ello pese a que la respuesta del viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, al solicitante está manifestamente incompleta ya que los gastos no vienen desglosados por su inclusión en cada medio. Además, Méndez advierte en su resolución a Prat que esta respuesta está sujeta "a la normativa de protección de datos personales" pese a que no aparece ningún dato personal y hace unas consideraciones jurídicas llamativas:

La resolución del Comisionado de Transparencia no entra ni siquiera a discutir las consideraciones del Gobierno ya que aprecia "un cumplimiento literal" de la solicitud de información, admitiendo que "pudo haberse interpretado de una manera más amplia y precisa detallando cada uno de los medios empleados, pero se acogieron a la interpretación literal de la solicitud". La misma literalidad que, cabe recordar, sí le convenció el mes anterior: "Dicho coste vendrá desglosado por cada inclusión en los medios".

 

"Para que cumpla la Ley"

Sin embargo, en esta misma resolución del mes de septiembre en la que desestima que el Gobierno de Canarias tenga que incluir el desglose por medios de comunicación, Cerdán requiere al ejecutivo regional "para que cumpla" con la Ley de Transparencia publicando ese mismo detallado desglose por nombres de empresas a las que el Gobierno les compra espacio para su publicidad institucional, entre otros detalles previstos en el artículo 28 "sobre información de los contratos" . 

Quien es titular del Comisionado de Transparencia desde abril de 2015,  además de requerir "los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información a que se refiere el artículo 28 de esta ley, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias”, realiza una advertencia: "Se ha de acreditar el cumplimiento de esta previsión legislativa en el plazo de un mes desde la recepción de esta resolución". Fue recibida en pasado septiembre pero el Gobierno sigue sin publicar en su Portal de Transparencia esta información. En su resolución, Cerdán añade que "el incumplimiento reiterado de la obligación de publicar" esta información "puede ser constitutiva de una infracción". Según el artículo 68 de la Ley de Transparencia, se consideraría una infracción "grave" (con multa de 5.001 a 30.000 euros) cuya "reincidencia" (o "incumplimiento reiterado" según la resolución de Cerdán), la convierte en "muy grave" (con multa de 30.001 a 300.000). 

Si bien el artículo 70 de la Ley asegura en su primer apartado que el propio Comisionado de Transparencia puede "instar al ejercicio de las potestades disciplinaria y sancionadora", lo cuál no ha hecho, el segundo apartado aclara que, en cuanto a la potestad disciplinaria,  "cuando el presunto responsable sea una persona que tenga la consideración de alto cargo, se ajustará al establecido por la normativa de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma". Además, el artículo 71 establece que, "para la iniciación y resolución de los procedimientos disciplinarios", el "órgano competente" es "el Gobierno, cuando el responsable tenga la consideración de alto cargo". Es decir, que es el Gobierno que incumple conscientemente la Ley el que tiene la competencia para sancionarse a si mismo. 

Y así será hasta que se modifique la Ley Estatal para que la potestad sancionadora esté en manos del órgano independiente, el Consejo de Transparencia y, en el caso de Canarias, en el Comisionado. 

En su último informe anual (de 2016 presentado este pasado verano) Cerdán ya anunció que el 80% de las instituciones canarias incumplen la Ley de Transparencia. Sin embargo, la única referencia a los "planes de medios" se limita a una casilla vacía de contenido en la página 381 de un informe de 484 páginas. En esa página, sólo faltan dos enlaces a la información "económico-financiera" referente a los gastos del Gobierno de Canarias. Una es la que nos ocupa: "Gastos en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados y los planes de medios" y la otra... "gastos de patrocinio". El Comisionado ya se ha comprometido a "dar cuenta" de este asunto en el próximo informe de forma más detallada.

 Aún así, por mucho que se publiquen los incumplimientos, mientras las leyes de Transparencia sigan hechas y aprobadas por las mismas mayorías de Gobierno las incumplen, de forma consciente dada la advertencia, siempre quedará lo que el refranero popular llama una "trampa" para que a los infractores no les pase nada. Surgen preguntas: ¿Por qué incumplen concientemente una Ley que obliga a transparentar dónde va el dinero de la ciudadanía?.¿Por qué le ocultan a qué medios de comunicación en concreto se les paga de publicidad institucional? ¿Quién paga a cada medio en concreto? ¿Cuándo se paga a cada medio en concreto ? ¿Cuánto, cómo, por qué y para qué se paga a cada medio en concreto? ¿Hay un porqué a tan poca transparencia y tanta opacidad?