Cabildos y ayuntamientos decidirán sobre el alquiler vacacional
El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, presentó este lunes el proyecto de borrador de decreto de alquiler vacacional que "ofrece un marco general sobre el que ayuntamientos y cabildos podrán establecer excepciones", según informa el Ejecutivo.
El futuro decreto circunscribe el alquiler vacacional a suelos de uso residencial no incluido en zonas turísticas, aunque "serán los cabildos y ayuntamientos quienes desarrollarán el planeamiento y podrán definir estándares de implantación".
Otra novedad es que, hasta que se apruebe el planeamiento urbanístico, no se permitirá el uso vacacional de las viviendas cuya solicitud de licencia de construcción tenga lugar con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto.
Además, el texto, que debe ser sometido a información pública y a dictamen tanto de otros departamentos del Gobierno como de la Fecai y la Fecam, establece la diferencia entre el propietario que posee una o dos viviendas vacacionales y el explotador profesional, dado que considera que, a partir de que se comercialicen tres viviendas vacacionales, la actividad es profesional.
El proyecto de decreto incluye la necesidad de respetar los convenios colectivos también para los trabajadores del alquiler vacacional y establece unos equipamientos y estándares mínimos que se han de cumplir, como, por ejemplo, que el propietario de la vivienda deberá estar localizable en todo momento tanto para el turista como para la comunidad.
El borrador intenta, asimismo, fomentar la colaboración interadministrativa con relación a la instauración de un procedimiento telemático que se pondrá a disposición de los cabildos, según explica el Gobierno, “a fin de garantizar la eficacia en las tareas administrativas de inscripción y control”.
En relación los canales de oferta turística, estos serán responsables de la veracidad de la publicidad e información que faciliten respecto al alquiler de viviendas vacacionales, deben incluir el número de inscripción en el registro general turística de la comunidad autónoma en todo tipo de publicidad y deberán prestar colaboración a las administraciones públicas. Además, deberán retirar la publicidad de aquellas ofertas que la administración pública canaria les comunique que están en situación de ilegalidad.
El periodo de adaptación a la nueva normativa será de seis meses desde su publicación y las viviendas que en ese momento estén adecuadamente dadas de alta quedarán consolidadas. De esta normativa, tal y como establece la Ley de las Islas Verdes, quedan excluidas las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera.
Según el Ejecutivo, este decreto se justifica en la aplicación de la experiencia adquirida y la evolución de este tipo de oferta en el Archipiélago, y “lo que regula es la actividad turística". Y añade que "abordamos desde ella un desarrollo sostenible, tal y como reflejan nuestras normas, aunque las garantías al acceso a la vivienda no dependerán solo de su entrada en vigor, sino de políticas transversales que afectan a todas las administraciones públicas".