«El CEESCAN está consternado, es una situación que no pensamos nunca que se podría dar», comenzaba Blanca Hernando, presidenta del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias (CEESCAN). «El desenlace de una muerte a manos de 2 menores hay mucho morbo: empiezan a hablar de la Ley del Menor, de si está bien hecha, de si deberían de poner más medidas punitivas, de si….», advierte Hernando.
Lamenta la tristeza por la muerte de Belén Cortés, una joven educadora social de Badajoz que era asesinada a manos de 2 menores a su cargo. «Es muy triste que haya terminado en una muerte, no porque haya malos malísimos, sino porque la administración, que es la que tiene que proteger tanto a trabajadores como a menores, no es capaz de tener un buen sistema que permita que ayudemos a los menores y apoyarnos a los trabajadores», denunciaba la presidenta.
Y es que es «a raíz de este suceso es cuando la población toma consciencia de las condiciones en las que trabaja el educador social», continuaba, esperando una movilización, tanto de los educadores sociales y profesionales del sector, como de la población en general
Servicios sociales esquilmados
El estado del bienestar se basa en la educación, la sanidad y los servicios sociales; y este último pilar, quizás el más desconocido, es el más privatizado. «Se ha ido desinflando porque se han externalizado en gran parte. Los servicios sociales no son exclusivamente para las ‘personas con problemas’: cualquier persona puede necesitarlos en cualquier momento», explica Blanca Hernando.
Y este servicio que se externaliza se hace al mejor postor: «la administración, cuando dice que no quiere llevar este servicio, le dice a las empresas del tercer sector, y las llamo empresas porque tienen beneficios, que se ocupen de él», narra Hernando. Y sigue explicando el proceso de degradación del servicio: «Ahí comienza el concurso, a la baja, de la oferta más barata, y es a esta a la que se le adjudica. ¿Y en qué se va a ir el dinero que se recorta en la oferta? Pues en las buenas condiciones, tanto del servicios como de las personas que trabajan, tanto en sueldo como en cantidad de personal».
La aplicación más inmediata de esta precariedad es un peor servicio, «aumentando las ratios o limitando mucho el número de usuarios». Las ratios están fijadas por ley, pero el problema es que las características de algunas personas implicarían que ese ratio tiene que ser menor, cuenta la presidenta del CEESCAN: «No es lo mismo los niños que están en protección que los niños que está en justicia juvenil. En protección no hay seguridad en los centros, las ratios no son tan altas, pero ahí entra todo: desde un niño que tenga que salir de su hogar (que haya vivido violencia intrafamiliar, que sea agresor, que haya sido agredido sexualmente, que tenga un problema de salud mental… «.
El día a día de la educación social
Si se tuvieran que definir, Blanca Hernando lo hace de una manera muy sencilla: «Somos las personas que acompañamos a niños, jóvenes, personas mayores, personas que tienen problemas, familias, personas con discapacidad; somos los que les acompañamos en su día a día». Y cuando se habla de protección o de justicia juvenil, tiene que haber un referente en los centros, y no es un profesional, es un equipo de profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, educadores… Y cuando entra un niño a un centro hay que entender de dónde vienen: «Vienen sin normas, vienen con mucho absentismo escolar, no saben utilizar los cubiertos, tienen pocas habilidades para comunicarse con otros niños…». Blanca nos explica que no hacen de vigilantes, pero se enfrentan a situaciones que no son fáciles: «Nosotros tenemos cinco, seis, siete niños en un hogar, hay un educador social o un integrador, y hay que poner límites, y cuando los pones no los reciben con los brazos abiertos».
Reivindicaciones del Colegio
La educación social es una pieza clave en la protección de menores y en la construcción de una sociedad más justa, pero sin el apoyo institucional necesario, esta labor se convierte en un ejercicio de resistencia en condiciones inaceptables. Es por esto que desde el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias exigen el aumento de profesionales para una atención real y afectiva, más seguridad laboral, que se luche contra el intrusismo profesional, que la Administración Pública sea más responsable con los profesionales y usuarios de este sector y más inversión en estudios que reflejen dónde estamos y cuál es la situación actual. «el perfil de estos jóvenes que han asesinado son consecuencia de la sociedad que se está gestando. Ellos son el reflejo de lo que no se ha estado haciendo bien», finalizan desde el CEESCAN.
