Tres acusados ratifican que los concejales conocían los reparos
Tres de los ocho políticos acusados en el caso Arona han roto la estrategia seguida por el resto de exconcejales, encaminada a negar el conocimiento de los informes negativos que, de forma reiterada, realizaron los servicios jurídicos del Ayuntamiento tinerfeño sobre más de 200 licencias urbanísticas que se concedieron entre 2003 y 2007. Hoy, al igual que hicieron los exediles Juan José Alayón y Daniel Martín el jueves, el que fuera responsable de Infraestructuras Alfonso Barroso reconoció que los dictámenes desfavorables de los abogados municipales "se leían en las juntas de Gobierno".
La declaración de Barroso, durante la cuarta jornada de la vista que juzga la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, remarcó de nuevo las contradicciones entre los miembros del órgano que daba luz verde a las licencias urbanísticas investigadas. Con su testimonio, el tercero en el mismo sentido, se refuerza la idea de que todos los presentes, aunque los otros cinco lo han negado y ninguno ha reconocido que se leyera las actas de las sesiones, eran conocedores del criterio de los servicios jurídicos del Consistorio, que en todos y cada uno de los expedientes que forman la causa advirtieron de la ilegalidad que se cometía con su aprobación y sobre los que, incluso, llegaban advertir de posibles consecuencias penales.
Eso sí, cuando la fiscal Francisca Sánchez quiso ir al detalle, Barroso se escudó en que "no tenía tiempo para ver todos los expedientes ni para leer las actas; si lo hacía, no trabajaba". De esta manera eludió entrar en el fondo de algunas de las actuaciones concretas por las que fue preguntado. De igual forma, cuando le tocó contestar a los abogados, volvió a contradecirse a sí mismo al asegurar que "no era consciente de cometer una ilegalidad con su voto", pese a que unos minutos antes había admitido que conocía la existencia de los reparos.
Durante el resto de su declaración, que se prolongó algo más de una hora, Barroso no se salió del guión que han mantenido a lo largo del juicio sus compañeros de banquillo. El exconcejal de Infraestructuras se sumó a la corriente de señalar al secretario fallecido como garante de las decisiones que tomaba la Junta, a pesar de que hoy la fiscal, mucho más incisiva que los primeros días, le recordó que el funcionario estuvo gran parte del mandato de baja por enfermedad y que sus sustitutos asumían los informes negativos de los Servicios Jurídicos.
También sostuvo el exedil que las contrataciones que presuntamente se fraccionaron para favorecer a una serie de empresas, y evitar la celebración de concursos públicos, estaban vinculadas con actuaciones independientes. "En el asfaltado no tiene nada que ver una calle con la otra, una calle tiene su función y la otra tiene la suya", explicó Barroso.
Otro de los argumentos que el exconcejal acusado arguyó en su defensa es la pasividad que evidenciaron otras administraciones ante las constantes ilegalidades que se producían en el Ayuntamiento de Arona: "Si hubiéramos prevaricado bárbaramente como se nos acusa, la Cotmac tenía que haber recurrido las licencias, y no lo hizo", aseveró a preguntas de la fiscal. El exedil concluyó que "nunca" recibió presiones ni dinero para votar a favor de una licencia urbanística.
Balones fuera del arquitecto
Uno de los momentos más esperados del juicio, junto con el que se producirá mañana con el testimonio del aparejador Roberto de Luis, era la declaración del arquitecto del Ayuntamiento Eliseo de la Rosa. El técnico municipal fue uno de los detenidos por el juez Nelson Díaz durante la instrucción, además de cargar en su espalda con una de las acusaciones más importantes de la Fiscalía, que le pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación por delitos de cohecho y prevaricación urbanística.
De la Rosa, que en la causa es defendido por el exmagistrado Fernández del Torco, lanzó balones fuera para desviar cualquier responsabilidad en la concesión de los permisos urbanísticos: "Nosotros no dábamos licencias, solo hacíamos informes", en una clara alusión a la competencia de los miembros de las juntas.
Los informes de Eliseo de la Rosa sobre una gran parte de las licencias investigadas, en contra del criterio jurídico, eran favorables y tenían carácter preceptivo, lo que fue usado por los políticos acusados para justificar su voto en las juntas.
En contra de lo defendido por la Fiscalía y la acusación particular, el arquitecto municipal insistió en que las licencias se podían otorgar en unidades de actuación que no estuvieran plenamente gestionadas si se trataba de zonas "urbanizadas, edificadas y consolidadas en más del 80%". Un argumento que, por primera vez en lo que va de juicio, fue replicado por la magistrada María Vega al finalizar la declaración de De la Rosa, momento que aprovechó para preguntarle si, además de poseer una serie de servicios de los que carecían, como el saneamiento, no tenían que estar constituidas ya las juntas de compensación. "Eso es un tema jurídico, no técnico", respondió el acusado.
A pesar del amplio relato que pesa contra él en el escrito del Ministerio Público por el presunto cobro de comisiones ilegales para redactar informes favorables, la fiscal no fue especialmente dura en su interrogatorio. Como era de esperar, De la Rosa negó su vinculación con una trama de mordidas relacionada con el urbanismo de Arona. El arquitecto también contradijo su declaración de 2007 en fase de instrucción, lo que justificó en que estuvo "24 horas detenido sin comer", al negar que el exalcalde de José Alberto González Reverón le hubiera hablado de la grabación del denunciante José Ramón Ansorena.
En una cinta aportada a la causa por el empresario Ansorena, en la que se nombra, entre otras personas, al propio De la Rosa, se pone de manifiesto la presunta existencia de una red dedicada al cobro de comisiones para agilizar licencias urbanísticas en el municipio tinerfeño. La fiscal vinculó esta línea de la investigación, que desmintió en varias ocasiones el técnico municipal, con los trasvases de dinero a una empresa constituida a nombre de una hija del arquitecto. "Esos ingresos se producían porque hacía trabajos que no le correspondían como aparejadora y se le abonaban", aseveró en su declaración.
La licencia en Costa del Silencio vinculada con una de las empresas del propio Ansorena centró, de hecho, una parte importante del interrogatorio. Sobre este asunto también preguntó la magistrada María Vega, una de las tres personas que componen el tribunal, que quiso saber por qué primero informó otro arquitecto municipal y después el aparejador Roberto de Luis.
Como el resto, De la Rosa no contestó al abogado de la acusación particular, aunque tampoco al los de los otros acusados, pero este quiso dejar constancia de su interrogatorio a viva voz. Así, Santiago Martínez preguntó el motivo por el que en las mismas circunstancias urbanísticas se hubiera concedido licencia para un proyecto de la empresa Gomasper y no para la sociedad de Anzorena. También hizo referencia a un supuesto almuerzo en el Restaurante La Rueda en el que "solicitó seis millones de pesetas" al denunciante, así como a unas presuntas declaraciones en las que el arquitecto municipal le habría dicho al empresario que no iba a obtener el permiso "en la vida".
La quinta sesión del juicio comenzará mañana a partir de las 9.30 horas con la declaración de Roberto de Luis, el aparejador municipal al que la Fiscalía solicita la pena más alta de entre todos los acusados: ocho años de cárcel, 20 de inhabilitación y más de tres millones de multa por delitos de cohecho y prevaricación urbanística.