Sentencia histórica por la destrucción de los barrancos de Güímar
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó hoy la sentencia firme por la que declara culpables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia por extraer áridos de manera ilegal durante más de 15 años en los barrancos de Güímar.
La sentencia confirma el acuerdo al que llegaron los tres acusados con la Fiscalía y la acusación popular por la que los empresarios asumen una pena de un año y tres meses de prisión y el pago de su bolsillo del coste de la restauración de los barrancos destrozados, que tendrá que ser fijado a través de un plan que redactarán las administraciones públicas implicadas: Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Un informe pericial encargado por la Fiscalía durante la instrucción tasó en 279 millones el precio de la rehabilitación.
Tanto la Fiscalía y la acusación popular mostraron hoy su conformidad, durante la vista oral que se celebró esta mañana en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, con la suspensión de la condena de prisión, lo que permitirá a los empresarios evitar su entrada en la cárcel al ser la pena menor de dos años y carecer de antecedentes. En caso de no cumplir con la sentencia, es decir, si no restauran el equilibrio ecológico perturbado, la condena penitenciaria se hará efectiva.
El fallo judicial también sentencia a los tres areneros a un año y tres meses de inhabilitación especial del derecho de sufragio y a otros nueve meses para cualquier profesión que guarde relación con la actividad minera. Los areneros, además del coste de la restauración de los barrancos, tendrán que pagar una multa de 10 euros diarios durante nueve meses, en el caso de Pedro Sicilia y José Enrique Morales, y de 30 euros en el de Antonio Plasencia.
El juicio continuará contra el único de los empresarios acusados que no se ha declarado culpable, Francisco Javier del Rosario, que incluso prestó declaración durante la sesión matutina de hoy. Además del pago de la regeneración de los barrancos, las acusaciones solicitan una pena de cinco de años de cárcel. También prosigue la causa abierta contra los cuatro areneros por su posible responsabilidad civil, por la que el Ayuntamiento de Güímar, como parte afectada, reclama una indemnización de 209 millones.
Declaración
Solo, sentado en un banquillo que se confeccionó para juzgar a cuatro personas, Francisco Javier del Rosario respondió en la sesión de hoy a las preguntas de la Fiscalía, la acusación popular y el abogado de su defensa, Rafael Sancho Verdugo, que a su vez fue el primer juez instructor del caso en el Juzgado de Güímar.
La defensa de Del Rosario se sustenta en que no tenía las responsabilidades de administrador en las empresas de su padre, que explotaron las canteras hasta el año 2005, cuando se presentó la querella. En el sumario del caso, sin embargo, constan varios documentos firmados por el acusado en los que se demuestra que en algunos actos administrativos actuaba en representación de las sociedades investigadas.
"En absoluto tenía funciones de decisión en la empresa", insistió Del Rosario a preguntas del Ministerio Público y de la acusación popular. El acusado aseguró que si su nombre aparece vinculado al cargo de administrador en algunos de los documentos es "por error", ya que no participaba en la dirección de la sociedad y solo le mandaban "a firmar".
Francisco Javier del Rosario defendió que junto con su hermano entró en la empresa, responsable de la explotación de las dos canteras de El Llano y la de El Fregenal, porque en algún momento su padre "se lo pidió a Miguel Reyes", otro de los encargados de las sociedades, pero nunca como administrador.
Testigos
La declaración de dos testigos en la sesión de hoy puso de manifiesto el impacto que en el territorio provocó la actividad minera. Los técnicos en materia medioambiental del Gobierno de Canarias Fernando Domínguez y José Manuel Febles describieron durante su interrogatorio el estado en el que se encontraban las canteras cuando en 1999 fueron a realizar una inspección en la zona.
Domínguez recordó que las empresas de la familia Del Rosario, en el momento de la visita, llevaban "desde 1992 extrayendo sin permiso", ya que contaban con autorización para mantener la actividad con fines de restauración, pero dedicaban los áridos "a otra cosa".
"Había un hueco horroroso; era un peligro estar allí", explicó el técnico Fernando Domínguez, que recordó que "existía un plan de restauración que no se respetaba".
José Manuel Febles, por su parte, también reconoció que la actividad "carecía de declaración de impacto ambiental", pese a que, en su opinión, era obligatoria. El técnico del Ejecutivo autonómico aseguró que "el agujero era impresionante, de unos 50 metros de profundidad".
A pesar de que existe documentación que evidencia que hubo administraciones públicas que toleraron la actividad ilegal, casos del Ayuntamiento de Güímar y el Cabildo de Tenerife, las acusaciones solo han exigido responsabilidades a los empresarios. El juicio contra el único arenero que no se ha declarado culpable continuará el próximo viernes 5 de febrero a las 9.40 horas.