Plasencia cambia de abogado a un mes del juicio de los áridos
Antonio Plasencia, empresario y expresidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña, ha decidido cambiar de abogado a tan solo un mes de la celebración del juicio por la extracción ilegal de áridos durante casi 20 años en los barrancos de Güímar. Así consta en una diligencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a la que ha tenido acceso mirametv.com.
Según el documento, que aparece firmado por un letrado de la Administración de Justicia el 14 de diciembre, la empresa Áridos del Sur SL, propiedad de Antonio Plasencia y responsable de las extracciones en el barranco de Badajoz, prescinde de los servicios de Esteban Sola y en su sustitución pide la personación del abogado Ángel Luis Guimerá Ravina.
La decisión de Plasencia llama la atención por el poco tiempo que tendrá su nuevo letrado para preparar un juicio que arranca el próximo 15 de enero y que, dada su extensión y complejidad, está previsto que se prolongue durante más de cuatro meses. Aunque en la diligencia no se expone el motivo, lo cierto es que en las últimas semanas se había levantado cierta polémica por la posibilidad de que la acusación popular, representada por el abogado Carlos Álvarez, solicitara la recusación de Esteban Sola por su vinculación con el presidente autonómico, Fernando Clavijo, a quien representa en el caso Corredor. No hay que olvidar que el Gobierno de Canarias, que tramita en estos momentos una propuesta del Cabildo de Tenerife para prohibir la actividad extractiva en los barrancos de Güímar, ha planteado la necesidad de estudiar posibles indemnizaciones a los empresarios, lo que rechaza de plano la Corporación insular.
Esteban Sola también se ha encargado recientemente de la defensa de Ana Lupe Mora, exconcejala de Urbanismo de El Rosario y exconsejera de Medio Ambiente del Cabildo, en el conocido como caso Varadero, por el que ha sido condenada a siete años de inhabilitación para cargo o empleo público. La sentencia está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de apelación.
La Fiscalía y la acusación popular solicitan cinco años de prisión para Antonio Plasencia, además de indemnizaciones millonarias, por delitos contra el medio ambiente. El empresario también tiene sus bienes embargados por este caso judicial, después de que no hiciera frente a la fianza de 66,4 millones que le fue reclamada de cara a la celebración de la vista oral.
Sin licencia municipal
En Güímar, Plasencia obtuvo la primera licencia municipal minera en el año 1973, con una validez de seis meses. Según las conclusiones de la Fiscalía, al menos desde 1991 la actividad extractiva de Áridos del Sur SA "viene siendo denunciada por la Guardia Civil, vecinos propietarios de terrenos colindantes, asociaciones y otras empresas". Quejas que se produjeron incluso antes de la Declaración de Impacto Ambiental y pese a las cuales la minería continuó en el barranco de Badajoz sin contar "con la autorización de la Dirección General de Urbanismo, calificación de la actividad, calificación territorial y licencia municipal".
El método empleado, según el escrito de acusación de la Fiscalía, era "desordenado, sin control y a base de excavar enormes hoyos", lo que hacía "difícil" practicar la actividad agrícola en la zona. Los areneros provocaron cortes verticales que alcanzaron profundidades que sobrepasaban "con mucho lo permitido, con el consecuente efecto de inseguridad, generación de polvo e impacto visual".
Violán considera probado que las actuaciones llevadas a cabo en el Valle de Güímar "han conducido a un grave y progresivo deterioro ambiental, que se hace especialmente notable en la pérdida de suelos, impacto sobre el paisaje, perjuicio para la biodiversidad y alteraciones con incidencia en la población que vive en el entorno". Entre los efectos más significativos, la fiscal destaca que, por culpa de una actuación "caótica y desmedida", está afectado el funcionamiento natural del sistema hidráulico y de drenaje de los barrancos.
A los daños naturales se unen los efectos causados en la seguridad de la zona, ya que la gran verticalidad de los taludes provoca una "inestabilidad del terreno", lo que ya ha producido "desplomes y derrumbes de gran importancia". Esta situación se agrava debido a las lluvias, que pueden transportar "toneladas de escombros" que se depositan en el fondo de los huecos generados. La situación es tal que en los últimos años ha sido preciso "acometer obras de emergencia para la estabilización estructural de un tramo del cauce del barranco de Badajoz".
(Fotos: arriba, Antonio Plasencia; abajo, el abogado Estaban Sola bebe agua durante el juicio del caso Varadero).