La ciudadanía con discapacidad de Fuerteventura puede llegar a esperar más de un año para obtener una cita para la revisión de su condición. Esta es la realidad que sufre la isla majorera a consecuencia de las bajas y faltas de sustitutos en los Equipos de Valoración y Orientación propuestos por el Gobierno de Canarias, órgano que debe cubrir las tareas de evaluación psicológica y social del grado de discapacidad de las personas residentes en la isla, según el acuerdo aprobado entre el Cabildo insular y el Ejecutivo regional en 2021 con el ánimo de agilizar los trámites para obtener las ayudas que faciliten la integración social de las personas con discapacidad y sus familias. Además, en el último pleno del Cabildo de Fuerteventura de 2022, el gobierno insular anunciaba un nuevo convenio con el mismo objetivo: “recortar las listas”.
A día de hoy, las listas de espera para este servicio esencial no desaparecen. No obstante, los trabajadores sociales de la isla denuncian la situación ante el Diputado del Común y han redactado un documento en el que indican que los retrasos “vulneran los derechos fundamentales” y enumeran como estas personas se están viendo privadas de prestaciones y ayudas a la integración social por no tener la valoración o la revisión de la discapacidad.
