Los secretarios desarman la defensa de los políticos en el juicio

Cinco funcionarios que ejercieron de secretarios accidentales entre 2003 y 2007 dejaron esta mañana a los políticos del Ayuntamiento de Arona contra los cuerdas. Durante su declaración en la octava sesión del juicio, todos aseguraron que los exconcejales de la Junta de Gobierno que aprobaron las más de 200 licencias investigadas conocían los informes jurídicos negativos, ya que lo habitual era que se leyeran durante las reuniones. Dos de los testigos llegaron incluso a afirmar que hicieron advertencias expresas de las responsabilidades en las que podrían incurrir si votaban a favor.

La declaración de los secretarios accidentales desarma uno de los argumentos principales de la defensa de los ediles que en el mandato 2003-2007 formaban parte de la Junta de Gobierno que concedía las licencias urbanísticas. No hay que olvidar que cuatro de los siete exconcejales acusados negaron conocer los informes jurídicos y llegaron a declarar, en las primeras sesiones de la vista, que los dictámenes, que eran preceptivos y de carácter desfavorable, no se leían durante las sesiones.

Especialmente significativo fue el testimonio de un funcionario que abandonó el Ayuntamiento después de recibir supuestas presiones por sus pronunciamientos jurídicos en determinados expedientes. "Me intentaron amedrentar", aseguró Javier Hernández a preguntas de la Fiscalía. Antes, también durante el interrogatorio de la representante del Ministerio Público, había relatado que los informes jurídicos negativos, que hacía suyos, "se solían leer en las juntas, al menos la parte dispositiva". 

Javier Hernández llegó más allá, incluso, que el resto de funcionarios que solían cubrir la plaza del secretario titular, ya fallecido y de baja durante gran parte del período investigado, al aseverar que en algunos expedientes advirtió a los concejales de que "podían incurrir en un delito" si votaban a favor de las licencias urbanísticas con informes jurídicos desfavorables.

Fue el único que también mostró su oposición a la práctica habitual del Ayuntamiento de Arona de fraccionar diversos contratos para evitar la convocatoria de concursos públicos y, presuntamente, adjudicar los trabajos a una misma empresa. Así ocurrió con diversos expedientes vinculados con las obras de mantenimiento de los colegios del municipio, el asfaltado de calles o la ampliación de los nichos del cementerio. 

Javier Hernández destacó que, según su criterio, no se puede dividir en distintos expedientes "el asfaltado de varias calles de un mismo barrio porque eran una única obra", como ocurrió en el núcleo de Cabo Blanco. O "cuatro contratos de ampliación de nichos en la misma época", como también recordó el ahora funcionario del Gobierno de Canarias. Un criterio compartido por el exinterventor Miguel Ángel Rojo, el último de los nueve testigos que declararon en la mañana de hoy, que concluyó que "técnicamente era mejor" adjudicar ese tipo de actuaciones mediante un procedimiento abierto con publicidad.

Similar posición fue la que mantuvo otra de las funcionarias que con mayor frecuencia sustituía al secretario titular. "Si había un informe jurídico desfavorable lo hacía mío y se lo hacía saber [a los concejales]”, declaró Arama Fuentes, que insistió en que los pronunciamientos técnicos y jurídicos "se leían en el cien por cien de las veces".

La todavía trabajadora municipal, al igual que Javier Hernández, "les advertía de posibles responsabilidades", lo que no sirvió para evitar que votaran a favor de las licencias pese a los informes jurídicos negativos. 

Fuentes quiso incidir, y así lo provocaron también los abogados de los técnicos acusados, en que solo el informe jurídico, precisamente el que venía con un pronunciamiento desfavorable, era el que elevaba la propuesta de resolución a la Junta de Gobierno municipal. 

La defensa de los exconcejales, que lleva la letrada Olga Álvarez, se centró, como ya ocurriera durante los interrogatorios de las primeras sesiones del juicio, en dejar constancia de la existencia de un supuesto criterio fijado por el secretario titular por el que se podían conceder licencias urbanísticas en unidades de actuación no gestionadas si estaban edificadas y urbanizadas en más del 80%. Ninguno de los testigos citados en la mañana de hoy pudo ratificarlo, pero sí reconocieron que había discrepancias entre el funcionario ya fallecido y los servicios jurídicos sobre esta cuestión. Lo cierto es que desde el año 2004 el secretario principal dejó de acudir a las juntas de Gobierno.

Los otros tres funcionarios que en ocasiones ejercieron de secretarios accidentales y que pasaron hoy ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial (Javier García Doncell, Carmen Teresa Hernández y José Javier Bethencourt) corroboraron que los informes negativos, que hacían suyos, se leían durante las juntas, aunque en su caso no hicieron advertencias sobre posibles responsabilidades.

Proguito

Sobre las actuaciones seguidas ante el expediente que afectaba a la empresa Proguito, administrada por la familia de uno de los denunciantes, José Ramón Ansorena, se pronunció el aparejador municipal Manuel Pérez Beautell. El funcionario incidió en que "normalmente el técnico que informa sobre un anteproyecto lo hace también con el proyecto", en contra de lo que sucedió en el caso de la licencia de una urbanización en Costa del Silencio.

En el expediente de Proguito, según su propia declaración, la Junta de Gobierno dictó un decreto para ordenar que el aparejador Roberto de Luis informara sobre la licencia después de que este se negara porque el técnico que inicialmente lo había hecho era Beautell. No hay que olvidar que el primer dictamen fue negativo por tratarse de una parcela que era hotelera, mientras que el segundo fue favorable.

Beautell explicó que "no era habitual" que desde la Alcaldía se dictasen decretos para que un técnico concreto informase de un expediente en particular. La teoría que defiende la acusación particular es que el cambio de criterio se produjo tras desvelar el propio Ansorena, durante una supuesta reunión con Roberto de Luis, la existencia de una grabación en la que presuntamente un intermediario, Arsenio Zamora, le solicita 45 millones para desbloquear el expediente.

De Arsenio Zamora, precisamente, también habló el aparejador Manuel Pérez Beautell. El testigo aseveró que el empresario y presunto intermediario en la supuesta trama de cobro de comisiones "iba mucho" por el Ayuntamiento y "era habitual" que estuviera en la Oficina Técnica.

Colegios

La sesión que tuvo lugar en la mañana de hoy, la más corta de las ocho celebradas hasta el momento, arrancó con la declaración de otro técnico municipal, Francisco García. Responsable de mediciones y certificaciones de obra, el testigo arrojó algo de luz sobre las polémicas contrataciones para el mantenimiento de los colegios del municipio, que supuestamente se fraccionaban para evitar acudir a un concurso público.

García explicó que los centros educativos enviaban la relación de las obras de mantenimiento que necesitaban "a principios de año", en contra de lo que declararon algunos de los exconcejales, que dijeron no tener constancia de las necesidades de los colegios hasta junio. Después, "tardaba un mes en identificar" antes de que los expedientes pasasen por el área de contratación y el resto de trámites administrativos, hasta que finalmente eran adjudicadas justo antes del verano, que era cuando se llevaban a cabo los trabajos. 

El juicio por una de los casos de corrupción urbanística más importantes de Canarias celebrará mañana la última sesión de esta semana, en la que está prevista la declaración como testigo de otro de los denunciantes, José Antonio Reverón, exconcejal del PSOE y en la actualidad miembro del Gobierno municipal como edil de Ciudadanos por Arona. La cita, como siempre, a partir de las 9.30 horas.