La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias convoca una concentración el 1 de octurbre, a las 11:30 horas, frente a la sede de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife en defensa del sistempa público de pensiones.
Los convocantes de la movilización, que coincide con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, exigen que se realice una Auditoría a la Seguridad Social "para conocer el uso indebido de sus recursos" y se oponen a las medidas tomadas por el Pacto de Toledo que recortan los derechos de trabajadores y pensionistas".
Esta asociación llama a la participación para "defender lo público" y denunciar la situación la situación de los centros y residencias de mayores, "que se encuentran en constante confinamiento". En este punto, reivindican que se creen residencias públicas "con modelos alternativos y plazas suficientes para la población canaria".
Los convocantes sostienen que la Comisión del Pacto de Toledo "sigue con su tradicionales ataques al Sistema Público de Pensiones, con discursos de la banca, aseguradoras, patronales, Airef, y que algunos diputados repiten , los mismos "tópicos de otros años" sobre el déficit la necesidad de pensiones privadas, denuncias a las jubilaciones anticipadas, prolongación edad de jubilación, pacto de equilibrio presupuestario, etc.
Sin embargo, advierten que la situación económica derivada de la pandemia y de la propia crisis del sistema "ha llevado al Gobierno a colocar con cargo a la caja de las pensiones de la Seguridad Social nuevos conceptos no contributivos (ERTES, exoneración de pagos patronales a la seguridad social, salario mínimo vital, etc.). En estesentido, destacan que hasta el propio ministro de Seguridad Social reconoce que en hay 22 mil millones de euros que no corresponden a la seguridad social y que deben de ser pagados con cargo a los presuestos estatales y recuerdan que el Tribunal de Cuentas otro lado también informó sobre un gasto de más de 103 mil millones "que salieron de nuestra caja de la seguridad social y que el estado debe reponerlos". Esto supondría un retorno de 150 mil millones actuales.
Por esta razón, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que aglutina a 270 asociacioes y plataformas, ha iniciado una campaña de firmas para que se realice una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social y esta auditoría se han convertido en el centro de las reivindicaciones de los pensionistas de todo el Estado.
En su opinión, "este desfalco es el que ha creado el déficit, el que alimenta el falso discurso de la prolongación de la edad de jubilación, de los recortes, de la eficiencia de lo privado (pensiones, residencias, sanidad, etc.), el que mantiene unas pensiones mínimas precarias".
"Nuestra lucha y nuestro empeño es la consecución de un entorno que nos permita vivir a las personas de edad con la dignidad que nos merecemos por derecho" y para ello revindican:
- Una pensión mínima de 1.082 euros
- Sanidad y residencias públicas con los recursos necesarios
- El reconocimiento como trabajo y derechos de jubilación para los familiares que ejercen decuidadores de los mayores