La Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a la destrucción de un total de 2559 armas, las cuales fueron depositadas en las diferentes Intervenciones de Armas de la provincia. Este operativo se llevó a cabo después de completar los trámites y los plazos establecidos para su depósito, y tiene como objetivo reducir la cantidad de armas en circulación que no cumplen con la normativa vigente.
Las armas fueron trasladadas a una empresa especializada en fundición de acero, donde fueron convertidas en chatarra mediante un proceso de fundición. Entre las armas destruidas se encuentran revólveres, pistolas, escopetas, carabinas, rifles, armas blancas y otras armas de fuego históricas, muchas de las cuales habían sido entregadas voluntariamente por sus propietarios o confiscadas por su vinculación con delitos o infracciones administrativas.
Este tipo de operaciones forma parte del compromiso de la Guardia Civil con el control y la seguridad pública, siguiendo los estrictos procedimientos de la normativa que regula el acceso legal a las armas en España. En este contexto, se requiere que los solicitantes de armas no tengan antecedentes penales y que superen pruebas sobre el uso y manejo de las mismas. Además, la normativa establece que las armas que no sean apropiadas o cuyas licencias hayan caducado deben ser inutilizadas o destruidas, evitando así que puedan ser utilizadas indebidamente.
Desde 2011, la inutilización de las armas se lleva a cabo mediante un proceso técnico que afecta todas las piezas fundamentales del arma, impidiendo que puedan ser restauradas y utilizadas con plena capacidad de funcionamiento. La destrucción periódica de armas no solo responde a un control exhaustivo, sino también al interés por reducir el riesgo de que caigan en manos indebidas. Las armas involucradas en delitos, administrativamente prohibidas o no adjudicadas en subastas también siguen este proceso de destrucción, que garantiza su reducción a chatarra de manera segura.
Con esta acción, la Guardia Civil busca minimizar los riesgos que las armas no reguladas pueden representar para la sociedad.
