Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en colaboración con la Inspección Sanitaria del Gobierno de Canarias, han incautado 25.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano en un supermercado del Polígono Industrial de Las Chafiras, en el municipio de San Miguel de Abona.
La operación se inició tras una inspección rutinaria de los agentes del SEPRONA, quienes detectaron graves irregularidades en el establecimiento que ponían en riesgo la salud de los consumidores. Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Inspección Sanitaria del Gobierno de Canarias, que junto a los agentes, llevó a cabo una exhaustiva inspección de más de cinco horas.
Productos en condiciones insalubres
Durante la inspección, se hallaron grandes cantidades de alimentos (cárnicos, conservas, productos manufacturados y pescado congelado) que no cumplían con los requisitos higiénico-sanitarios mínimos. Muchos de estos productos estaban expuestos para la venta en estanterías, congeladores y cámaras frigoríficas, careciendo de etiquetas y sin información sobre su origen o composición.
Entre los productos más alarmantes destacaron:
- Carne caducada o sin etiquetar, lo que imposibilitaba conocer su origen o fecha de consumo.
- Pescado congelado con la cadena de frío rota, envasado sin etiquetado o con la fecha de consumo preferente superada.
- Atún rojo envasado por el establecimiento sin documentación ni etiquetado, tanto en porciones como en piezas completas almacenadas en cámaras frigoríficas.
Riesgo para la salud pública
Los técnicos de la Inspección determinaron que todos los alimentos eran impropios para el consumo humano, por lo que fueron retirados de la venta y serán destruidos por un gestor autorizado. Además, el supermercado permanece cerrado de manera cautelar y su actividad suspendida tras considerarse que las condiciones detectadas ponían en grave riesgo la vida de los consumidores.
Consecuencias legales
El propietario del establecimiento enfrenta un delito contra la salud pública, tipificado en el artículo 363 del Código Penal, que contempla penas de uno a cuatro años de prisión y hasta seis años de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con la alimentación. Asimismo, se le ha notificado la apertura de un expediente administrativo sancionador por las numerosas irregularidades detectadas.
