La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula de pleno derecho la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aprobada en febrero de 2024. La sentencia, contundente, afirma que la normativa debe considerarse «como si nunca hubiera existido», al basarse en una «mera apariencia de legalidad».
El fallo critica duramente la falta de una memoria de análisis de impacto normativo detallada, requisito esencial para validar la ordenanza. Según el tribunal, el documento presentado por el consistorio era «genérico» y podría aplicarse a «cualquier ordenanza de movilidad», sin examinar artículo por artículo. «No puede calificarse como memoria un texto desconectado del articulado», señala la resolución.
Consecuencias y reacción municipal
El Ayuntamiento, condenado en costas, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo en casación. La concejal de Movilidad, Evelyn Alonso, defiende la ordenanza y asegura que se mantendrá en vigor durante el proceso judicial, insistiendo en que sí cuenta con el análisis requerido.
La normativa anulada incluía medidas clave como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), regulación de aparcamientos y espacios compartidos para peatones, bicicletas y patinetes. Su invalidación reabre el debate sobre la planificación urbana sostenible y los requisitos legales para implantar restricciones de tráfico.
Mientras, el TSJC deja claro que, sin un estudio riguroso, las ordenanzas «carecen de validez», sentando un precedente para otras ciudades. El Supremo tendrá ahora la última palabra.
