-CC, PP y PSOE alegan que Tribunal de Cuentas (TCU) ya les audita pero el órgano estatal advierte en sus informes que la Corporación insular no les envía los gastos
– El Gobierno insular se agarra al artículo 16.1 de la Ley de financiación que dice que el TCU audita “en exclusiva” las cuentas “de los partidos” pero ‘olvida’ el artículo 14.4 que aclara que “los grupos políticos” deben “rendir cuentas” atendiendo a la “legislación específica”
– La Legislación específica que señala el interventor del Cabildo en sus informes es el artículo 75.3 Ley de Bases: “Las Corporaciones locales consignarán en sus Presupuestos las retribuciones o indemnizaciones”
-Después de agotar la vía política, el Grupo Podemos estudia presentar una denuncia en Fiscalía
El pasado día 2 de abril, el pleno del Cabildo de Tenerife votó en contra de cumplir con una insistente advertencia legal realizada en los informes de Intervención de los Presupuestos de la corporación insular en los últimos años: La necesidad legal de detallar en qué se gasta cada uno de los grupos políticos el más de medio millón de euros que reciben en totalidad para “medios materiales y económicos”.
La moción presentada por el Grupo Podemos llegó al Pleno con un año de retraso ya que, a principios de 2017, este grupo de la oposición aceptó la propuesta del resto de grupos políticos del Cabildo (CC, PP, PSOE) en la Comisión Plenaria y la dejó sobre la mesa para dar tiempo al resto de grupos de adaptarse a las exigencias legales. Ya entonces, el informe del Interventor sobre el presupuesto de 2017 alertaba de que “se ha decidido mantener un año más sin regulación el procedimiento de justificación y contabilización de los gastos que se realizan con cargo a las asignaciones de los medios materiales y económicos a los grupos políticos” y que ello “hace inviable que el Pleno pueda ej
ercer control y seguimiento efectivo de dichos recursos públicos, tal como prevé la normativa de aplicación, concretamente el artículo 73.3 [sic] de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, cuestión ésta que resulta contraria a los principios de transparencia y buena administración en la gestión de los fondos públicos”. Un año más (y justo antes de analizar las subvenciones a dedo de las que ya ha informado Mírame TV Canarias) en su informe sobre los presupuestos del Cabildo de 2018, el interventor informa de que “tal y como se ha manifestado en otras ocasiones […] continua sin regulación este procedimiento […] lo que “hace inviable que el Pleno pueda ejercer el control de gastos tal y como prevé la normativa de aplicación”.
Después de este nuevo informe que insiste en el incumplimiento legal un año más y ante la inacción del resto de grupos políticos, Podemos decidió llevar la moción al Pleno:
Sin embargo, pese a que los portavoces de los Grupos político de PP, PSOE y Coalición Canaria insistieron en que el Tribunal de Cuentas (TCU) estatal ya se encarga de fiscalizar las cuentas de los grupos políticos, lo cierto es que los últimos informes hechos públicos por el TCU dejan claro que no pudieron realizar la fiscalización de estos gastos porque el Cabildo de Tenerife no se los envió.
Así, en la página 202 del último informe del TCU “la contabilidad de la formación [en este caso Coalición Canaria] no recoge parte de la actividad desarrollada por los grupos políticos en las entidades locales, por lo que el importe informado por estas, sin contabilizar por el partido, ascendía a 658.741,05 euros. De este importe, 248.160 euros corresponden a aportaciones procedentes del Cabildo Insular de Tenerife”. También hace referencia a este incumplimiento un informe anterior del Tribunal que, en las páginas 50 y 51, dice que "la formación ha presentado los estados financieros correspondientes a la organización territorial de Tenerife sin efectuar la consolidación de dicha actividad en las cuentas presentadas […] En consecuencia, las cuentas anuales presentadas no incluyen parte de la actividad económico financiera de la organización territorial, según lo señalado para los respectivos ejercicios fiscalizados, a pesar de que debería integrarse en las cuentas anuales consolidadas al formar parte de la actividad del partido”. Sigue el informe resaltando que “en cuanto a la rendición de las cuentas correspondientes al ámbito institucional, la Ley Orgánica 8/2007 dispone que se estará a lo que dispongan sus respectivos reglamentos o normativa local especifica. A este respecto, hay que señalar que los estados financieros presentados para cada uno de los ejercicios fiscalizados no incluyen ningún grupo institucional, entre los que hay que destacar, por su importancia, los constituidos en las Cortes Generales y en el Parlamento de Canarias. En cuanto a la actividad económico financiera de los grupos políticos en las Entidades Locales, las cuentas anuales presentadas no incluyen dicha actividad, destacando por su importancia los constituidos en los Cabildos Insulares. En consecuencia, la contabilidad de dichos grupos no ha sido objeto de la fiscalización ordinaria junto con las cuentas anuales presentadas"
Hasta la web de transparencia de Coalición Canaria recoge un documento del TCU sobre las "Subvenciones a los grupos políticos en las entidades locales” en el que se deja claro que “como se ha señalado previamente, la contabilidad de la formación no recoge parte de la actividad desarrollada por los grupos políticos en las entidades locales, por lo que el importe informado por éstas, sin contabilizar por el partido, ascendía a 585.020,02 euros. Cabe destacar que, de este importe, 248.160 euros corresponden a recursos procedentes del Cabildo Insular de Tenerife y el resto (140.286,36 euros) a recursos de grupos políticos en los Ayuntamientos de Teguise, Pajara, Galdar, Agüimes, Arona, Icod de los Vinos, Granadilla de Abona, Candelaria, Orotava y Puerto de la Cruz”.
Pero no es sólo que el Cabildo de Tenerife no envíe al TCU el gasto detallado de sus grupos políticos sino que, como ya recalca el TCU en alguno de sus informes refiriéndose a la normativa específica”, no es cierto que el Tribunal tenga la “exclusiva” potestad de fiscalizar este gasto, como insistió en el segundo turno de intervención durante el debate de la moción, el director insular de Hacienda del Cabildo de Tenerife Juan Carlos Pérez Frías (CC), a solicitud del vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu (PSOE).
A Pérez Frías no sólo se le ‘olvidó’ leer el resto del artículo 16.1 de la ley de financiación de partidos políticos, que dice que "corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias relativas a la fiscalización de los procesos electorales autonómicos atribuidas a los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas previstos en sus respectivos estatutos." Tampoco hizo referencia al artículo que se refiere, en concreto, no a los partidos sino a los grupos políticos, el 14.4, que aclara que “para la rendición de cuentas […] de los Grupos de las Corporaciones Locales, se estará a lo que dispongan sus respectivos Reglamentos o su legislación específica, que deberán respetar los principios generales de esta ley en materia de rendición de cuentas”.
A la legislación específica a la que se refiere el Interventor en sus informes es la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en concreto al artículo 75.3 [la referencia al 73.3 es un error de transcripción ya que no existe] que dice que “Las Corporaciones locales consignarán en sus Presupuestos las retribuciones o indemnizaciones”.
Preguntado por este asunto, el Grupo Podemos ha informado a Mírame TV Canarias que ya estudia la posibilidad de presentar una denuncia en Fiscalía después de haber agotado el trámite político. Este es sólo un nuevo incumplimiento del Cabildo de Tenerife que se suma a otros ya denunciados por Intervención como, por ejemplo, el citado gasto en subvenciones a dedo, que aumentó un 775% durante la presidencia de Carlos Alonso como ya contó en Mírame TV Canarias David Cuesta, las irregularidades administrativas y presupuestos inflados, o el incumplimiento legal del CD Tenerife al que Cabildo le sigue perdonando aún la tasa anual por ocupación del estadio insular desde 2003.
