
La Policía Nacional ha detenido en Arrecife (Lanzarote) a un entrenador de fútbol de 34 años por pornografía infantil, agresión sexual, exhibicionismo y ciberacoso sexual contra diez menores. El arrestado, que ya fue procesado en noviembre de 2024 por un caso similar, empleaba redes sociales para extorsionar a los niños que entrenaba. Tras un registro domiciliario y el análisis de dispositivos incautados, la UFAM identificó a ocho nuevas víctimas.
El detenido, cuyo nombre se reserva por ley, ejercía como entrenador en categorías inferiores de fútbol en Lanzarote. Según la Jefatura Superior de Policía de Canarias, su modus operandi era recurrente: primero ganaba la confianza de los menores y luego, a través de redes sociales, les solicitaba material sexual y concertaba encuentros físicos. Dos de las víctimas denunciaron agresiones sexuales directas.
La investigación se reactivó tras su primera detención en noviembre de 2024, cuando fue acusado de «childgrooming» (acoso sexual digital) a un menor. En aquel operativo, los agentes incautaron ordenadores y teléfonos móviles que, tras su análisis, revelaron contactos con otras ocho víctimas, todas alumnos del entrenador. «Los menores confirmaron un patrón idéntico de manipulación y abuso», señalaron fuentes policiales.
El pasado 10 de abril, la UFAM coordinó un nuevo operativo para localizar al sospechoso, quien fue arrestado en Arrecife. La Autoridad Judicial decretó su ingreso en prisión sin fianza, considerando su historial delictivo y el «alto riesgo para la seguridad de los menores».
El caso ha generado alarma en el ámbito deportivo canario, donde se exige reforzar los controles a monitores y entrenadores. La Policía Nacional recuerda la importancia de supervisar las interacciones digitales de los menores y reportar conductas sospechosas a través del teléfono de atención a la infancia (900 018 018).
La investigación sigue abierta para descartar más víctimas. El detenido enfrenta cargos por delitos contra la libertad sexual, pornografía infantil y prostitución de menores, con penas que podrían superar los 15 años de prisión.