El mediático abogado Eduardo Ranz cumple con la advertencia hecha hace 3 meses por escrito al consistorio capitalino
El mediático abogado Eduardo Ranz cumple con la advertencia hecha hace 3 meses por escrito al consistorio capitalino

Demanda contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por no cumplir la Ley de Memoria Histórica

El mediático abogado Eduardo Ranz cumple con la advertencia hecha hace 3 meses por escrito al consistorio capitalino
28/02/2018

Ha cumplido su advertencia.  Tal y como adelantó MÍRAMETV.COM, el abogado Eduardo Ranz presentó hace tres meses un escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz dándole este plazo para “solicitar un catálogo de vestigios de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura municipal así como la resignificación del conocido como Monumento a Franco”. El mediático jurista experto en Ley de Memoria Histórica que protagoniza acciones para su cumplimento por toda la geografía nacional, ya advertía en su escrito presentado el pasado 20 de noviembre (día del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco), que se trataba del “inicio de acciones legales” y que, de no obtener respuesta, presentaría una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y así lo hizo 3 meses, y un día después, con su registro la noche del pasado 21 de febrero.

Al día siguiente, la asociación fundada por Ranz hace poco más de un año (Asociación Memorialista Ranz Orosas -AMRO-), también presentó otros cuatro escritos similares al presentado en el consistorio capitalino el pasado 20 de noviembre dirigidos a otros cuatro ayuntamientos canarios: El de Santa Úrsula (Tenerife), San Bartolomé (Lanzarote), Puerto del Rosario y Antigua (Fuerteventura) . Siguiendo el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, Ranz reclamó en estos documentos “la adopción inmediata de las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. En concreto, al Ayuntamiento de Santa Úrsula le exige, la retirada del nombre de las calles “Cavo Sotelo”, “Carrero Blanco”, “General Franco” y de la “Plaza General Franco”. Al Ayuntamiento de San Bartolomé, la retirada del nombre de las calles “General Franco” y José A Primo de Rivera”. Por su parte, a los dos municipios de Fuerteventura  se les pide que retiren los nombres de la calle Comandante Franco (Puerto del Rosario) y las calles “José Antonio”, General Franco” y “General Moscardó” (Antigua).Además,  a los cuatro municipios se les pide la realización de catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la Dictadura”, como ya hizo con el Ayuntamiento de Santa Cruz,  siguiendo la obligación del artículo 15.3 de la Ley de Memoria Histórica.

Monumento a Franco ¿retirarlo o resignificarlo?

Si bien Ranz pide en su escrito que se “resignifique”, es decir, que se cambie el significado del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife con la retirada de elemento y la inclusión de otros, el abogado aclara que está a la espera de recibir formalmente la documentación sobre el grado de protección del mismo que remita el Ayuntamiento al Juzgado ya que si comprueba, formalmente, que el monumento no está clasificado como Bien de Interés Cultural (BIC),  estudiaría la petición de su retirada dado el acuerdo del Consejo de Ministros de 2008 y el de la Comisión Técnica de Expertos del Ministerio de Cultura de 2009. Tal y como ya explicó MIRAMETV.COM, en ambos documentos oficiales se aclara que los “valores artísticos” a los que se refiere el artículo 15.2 de la Ley de Memoria Histórica son los que están oficialmente “reconocidos” mediante la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), que no es el caso del monumento a Franco. Por si fuera poco, en la exposición de motivos de los escritos enviados a Franco, Ranz también hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que aclara que la protección municipal no está por encima de la Ley de Memoria Histórica. El monumento a Franco aparece en el patrimonio municipal como “elemento singular”, aunque “suspendido”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz rechaza hacer declaraciones hasta recibir la documentación del juzgado y su posterior análisis por parte de sus servicios jurídicos. Quién si ha hecho declaraciones es la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife,  Mercedes Pérez  Schwartz, comprometiéndose a llevar este asunto de nuevo la Comisión de Memoria Histórica de la concejalía de Cultura de este Ayuntamiento a la que pertenece la asociación a la que representa. Si bien esta comisión ya acordó la reinterpretación de este monumento (algo que no se ha hecho), Pérez  Schwartz aclara que, “sino se puede retirar, la resignificación es un mal menor pero, si hay una posibilidad de retirarlo en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los acuerdos del Consejo de Ministros y la Comisión Técnica del Ministerio de Cultura, la Asociación de Memoria Histórica lo apoyará”. Eso sí, la presidenta aclara que “debe ser una retirada de verdad, no llevarlos al Museo Militar porque éste depende del Ministerio de Defensa y no se puede convertir en un Museo del Franquismo”.       

Quien también ha matizado su postura publicada hace un año es la consejera de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, Josefa Mesa (PSOE). Tras analizar la jurisprudencia, y los acuerdos del consejo de Ministros y del Ministerio de Cultura del Gobierno socialista de José Luis Zapatero, la consejera ha aclarado que no defiende la permanencia del monumento sino que sean ahora los tribunales, basándose en los informes técnicos, los que decidan la correcta interpretación de la Ley de Memoria Histórica. Cabe recordar que la consejera de Patrimonio protagonizó la batalla judicial del Cabildo contra la Fundación Francisco Franco por el derribo del monolito en honor al Golpe militar de 1936 en La Raíces. Un monumento que, a diferencia del monumento a Franco en Santa Cruz, sí se encontraba en un sitio clasificado como Bien de Interés Cultural, pero el Cabildo lo desafectó para proceder a su derribo. Los tribunales dieron la razón al Cabildo el pasado verano.