Caso Eólico: Alfredo Briganty será trasladado a Gran Canaria tras ser detenido en Málaga
El acusado en el caso eólico Alfredo Briganty, que no compareció este miércoles a inicio del juicio, fue detenido esta mañana en Málaga y será trasladado esta noche Gran Canaria. Se cumple así la orden de busca y captura dictada por el magistrado Pedro Herrera, que tiene previsto inicial la vista oral de este caso a las 9:30 de este viernes con la constitución del jurado, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Antes que comience la vista del caso eólico, el magistrado presidente convocará a las partres, tal y como está previsto, en el artículo 505 de Ley de Enjuciamiento Criminal. para tomar una decisión sobre la situación personal de Briganty Arencibia.
Esta vista se celebrará a puerta cerrada y el acusado podría quedar en libertad si la autoridad judicial considera que hay garantías de que va a comparecer a las sesiones del plenario, o podría ser enviado a prisión provisional. Fuentes del TSJC consideran que esta última posiblilidad es solo se contempla de manera remota.
Briganty está procesado por cohecho y la Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de año y medio de cárcel y multa de 150.000 euros. Se de la circunstancia de que este abogado madrileño ejercía su propia defensa en este caso, por lo que el juez, además de la orden por la que ha sido detenido, le ha incoado un expediente disciplinario y propuesto una sanción de 18.000 euros por no acudir a un juicio a defensar a su cliente, paradójicamente él mismo.
El resto de imputados en el proceso -el ex director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias Celso Perdomo; su pareja, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana; el ex funcionario de la Consejería de Industria Honorato López y los empresarios Enrique J. Guzmán y José Ignacio Esquivel- sí acudieron la la vista del miércoles.
El caso eólico intenta aclarar una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de potencia eólica con información privilegiada del Gobierno de Canarias, previa a la publicación del concurso que a tal efecto se convocó en 2004. Es considerado el primer megaproceso por presunta corrupción política que se abrió en las islas en la pasada década, con gran proyección mediática y escándalo en la sociedad.