Cáritas Diocesana de Tenerife, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el trabajo con este colectivo, dispone de un total de 100 plazas distribuidas en 7 recursos alojativos en la isla con cobertura las 24 horas del día.
Cuatro de estos recursos (proyectos 'Guajara', 'Lázaro', 'San Antonio de Padua' y 'María Blanca') atienden a personas en situación de sin hogar del área metropolitana, Norte y Sur de la isla de Tenerife, siendo el enfoque de la intervención el acompañamiento hacia la inclusión social desde una visión integral. No en vano, la situación de estar sin hogar es una situación de alta exclusión social, circunstancia que se puede definir como un conjunto de características de índole multifactorial y de larga trayectoria que requiere de una intervención altamente especializada.
En este sentido, estos recursos ofrecen servicio 24 horas para la cobertura de necesidades básicas, tales como alimentación, higiene, medicación, transporte y ropero, además de la atención socioeducativa que ofrece un equipo multidisciplinar. El requisito de entrada, además de encontrarse en situación de sinhogarismo, es el de manifestar un compromiso hacia la intervención socioeducativa.
Además, Cáritas Diocesana de Tenerife cuenta con otros tres recursos para este colectivo, como son el proyecto 'Café y Calor', un recurso alojativo de baja exigencia con cobertura nocturna; el proyecto 'Atacaite', destinado a familias monomarentales (mujeres solas con hijos a cargo) en situación de exclusión social; y el proyecto 'Ciprés', dirigido específicamente a mujeres en situación de sin hogar.
La realidad del sinhogarismo en las Islas es amplia y diversa, pero se caracteriza por la falta de una red de apoyo y una vivienda digna y adecuada de las personas que se encuentran en dicha situación.
Por eso, Cáritas Diocesana de Tenerife denuncia que la administración pública, en todos sus ámbitos, es la “garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y en última instancia la que debe establecer políticas públicas que garanticen el acceso a la salud, a una buena administración y a la vivienda, entre otras”.
Para ello, considera que “la creación o la apuesta por equipos técnicos y recursos especializados que minimicen daños y desde donde se puedan iniciar procesos de intervención que prevengan situaciones de cronificación, no debe ser una opción sino una obligación”
