Paralizado un nuevo desahucio en las 358 VPO de Añaza que, según el Banco Santander, siguen siendo suyas… “a día de hoy”.
La entidad bancaria acepta una reunión este viernes con las administraciones públicas y las afectadas, tras el anuncio de retirada de fondos
“A día de hoy”…
A día de hoy, se ha suspendido uno de los desahucios solicitados por el banco Santander que afectan a las familias residentes en las 358 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de Añaza.
A día de hoy, según explica el juzgado de instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, este desahucio está suspendido hasta el próximo 26 de noviembre porque la familia afectada (con dos menores y que no puede pagar un alquiler de 315 euros con ingresos de 430 euros en prestaciones) acudió al juzgado a pedir abogado de oficio. A día de hoy, ha sido el alcalde de Santa Cruz el que, a petición de la activista especialista en (parar) desahucios Inma Évora, ha aplicado el Protocolo municipal Antidesahucios solicitando al juzgado la paralización.
A día de hoy, no ha sido el banco Santander el que ha solicitado la paralización de los desahucios que la propia entidad ha solicitado en los juzgados. Pero, a día de hoy, y en respuesta a los burofaxes enviados por el Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz, el Santander se compromete a “no realizar ningún lanzamiento de inquilinos en situación de vulnerabilidad, aun cuando pueda haber impago de renta”. A Día de hoy es un compromiso en un papel mientras, en la calle, las afectadas han evitado otro desahucio.
A día de hoy, el Santander ha respondido a las administraciones públicas justo un día después de que Cabildo y Ayuntamiento anunciaran la retirada de 29 millones de euros públicos guardados en la entidad bancaria. A día de ayer, el banco Santander llevaba una semana ignorando la solicitud de información hecha por las administraciones públicas pese a que le dieron un plazo de 48 horas.
A día de hoy, El banco reconoce, en su misiva, que 66 viviendas tienen un alquiler social firmado con el Ayuntamiento pero ‘olvida’ admitir que, el resto, también siguen siendo Viviendas de Protección Oficial dependientes del Gobierno de Canarias hasta 2021. El Instituto Canario de la Vivienda ha aclarado que vender antes, sin su permiso, sería ilegal.
“A día de hoy”, así empieza su carta de respuesta el Banco Santander (su sociedad de inversión inmobiliaria, Luri 6 S.A) “sigue siendo la propietaria de las 358 viviendas”. Y aclara que lo es, “a día de hoy”, cuando, a día 10 de este mes, confirmó la venta al fondo buitre Cerberus.
A día de hoy, se sabe que, a día 19 de septiembre, el Santander anunció la venta de 35.000 viviendas por 1.535 millones (un descuento del 45%) al fondo buitre ‘Cerberus’ y que el Santander explicó, a día 19 de septiembre, que los activos serían gestionados por ‘Haya Real Estate’, la filial de servicios inmobiliarios de Cerberus que controla José María Aznar Botella, hijo del expresidente José María Aznar. Aznar sacó adelante la Ley del Suelo que provocó que se hinchara esa burbuja inmobiliaria que estalló con la caída de Martinsa-Fadesa, la inmobiliaria que, en 2006, vendió estas 358 viviendas protegidas de Añaza al banco Santander. Jose María Aznar Botella también es hijo de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (investigada por la venta de viviendas protegidas a un fondo buitre) . A día 19 de septiembre, el banco Santander explicó operación se había “estructurado” mediante el traspaso de la cartera a "una o más compañías" que "estarán" controladas por Cerberus con una participación de entre el 51% y el 80% y que el resto se mantendrá en manos de Santander, en un movimiento similar al acuerdo con otro fondo buitre, Blackstone. A día 19 de septiembre, y en un comunicado corporativo, el propio Banco Santander aseguraba que "está previsto que esta operación [de venta a Cerberus] esté totalmente culminada a finales de este año o en el primer trimestre del que viene, cuando se cumplan todas las condiciones relativas a la cartera y la operación". Mientras esa operación de venta al fondo buitre no está "totalmente culminada", según ese reciente comunicado de la entidad bancaria, según la carta enviada a las administraciones canarias, las 358 VPO siguen siendo del Banco Santander (Luri 6 SA)… “a día de hoy”.
A día de ayer, el Gobierno canario insistió en que los contratos de las Viviendas Protegidas hechos o renovados por el Santander después de 2006 serían “fraudulentos” ya que no han sido ni visados ni autorizados por el Instituto Canario de la Vivienda y su directora insistió en el interés del Gobierno de ejercer su derecho de tanteo y retracto y comprar las viviendas. Y, a día de hoy, la activista Inma Évora le ha pedido a la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, que exprese en la reunión de este próximo viernes su deseo de ejercer ese derecho de compra de las 358 VPO, cuya construcción fue financiada por el Gobierno canario y el Estado. Y es que, a día de hoy, el banco Santander se ha comprometido a sentarse este 19 de octubre, con las tres administraciones públicas y las representantes de las vecinas afectadas en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
A día de anteayer, Évora presentó una denuncia en Fiscalía pidiendo que se investigara tanto el destino de estas viviendas protegidas, como su origen; y, a día de hoy, la activista sigue recopilando información para poder ampliar su denuncia. Esto es lo que se puede contar… a día de hoy.
