Greenpeace advierte de que la costa de Canarias continúa sometida a una creciente presión urbanística y a los efectos del cambio climático. En su informe ‘Destrucción a toda costa 2026’, presentado este jueves, la organización denuncia que el «cemento y el urbanismo salvaje» están provocando la pérdida de unos cuatro kilómetros de litoral al año, mientras el aumento del nivel del mar amenaza ya a 150 kilómetros de costa, donde identifica 18 puntos críticos.
El documento recoge que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió durante 2025 un total de 1.419 expedientes sancionadores relacionados con construcciones ilegales y movimientos de tierra. Más de la mitad de estos procedimientos, 748, corresponden a Tenerife, mientras que Lanzarote registró 115 expedientes, concentrados principalmente en los municipios de Haría y Teguise.
La organización ecologista sostiene que, de mantenerse las previsiones científicas que apuntan a una subida del nivel del mar cercana a un metro antes de que finalice el siglo, una parte significativa del litoral canario sufrirá un riesgo creciente de inundación y erosión.
Urbanismo bajo el foco
Greenpeace señala varios proyectos urbanísticos como ejemplos de la presión que soporta la costa del Archipiélago. Entre ellos cita el complejo turístico Cuna del Alma, en Adeje, investigado judicialmente por una presunta invasión de la servidumbre de protección del litoral; las protestas contra el hotel de La Tejita, por su impacto sobre un sistema dunar protegido, y la orden de derribo que afecta al hotel Oliva Beach, en Fuerteventura.
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, María José Caballero, considera que el principal riesgo para los municipios costeros no es la aplicación de la Ley de Costas, sino haber apostado durante décadas por un modelo de desarrollo basado en la ocupación intensiva del litoral. «Aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado», afirma.
Daños por temporales y vertidos
El informe también pone el foco en las consecuencias del cambio climático sobre el litoral canario. Entre ellas destaca los daños ocasionados por la borrasca Therese, valorados en unos ocho millones de euros, así como los episodios de lluvias que provocaron vertidos de aguas residuales en el sur de Tenerife y la aparición de zonas de hipoxia que afectan a los bancos de rodolitos.
En el ámbito marino, Greenpeace expresa además su preocupación por el proyecto Underwater Gardens, previsto en Tenerife, al considerar que supone un caso de «greenwashing» al plantear un parque temático privado sobre la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca. En este sentido, valora positivamente que el Cabildo de Tenerife haya impulsado la anulación de la Declaración de Interés Insular concedida al proyecto.
El cambio climático altera la biodiversidad marina
La organización también alerta del deterioro que sufre la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, donde asegura que la biomasa pesquera está disminuyendo como consecuencia del calentamiento del océano y de la alteración de las corrientes marinas.
Según el informe, esta situación está favoreciendo la expansión de especies tropicales, como la vieja, en detrimento de otras tradicionales como la caballa, además de afectar a varias especies de macroalgas consideradas esenciales para el equilibrio del ecosistema.
Pese a las críticas, Greenpeace también destaca algunas actuaciones que considera positivas para la conservación del litoral canario.
Entre ellas figura la paralización de una macro granja de lubinas en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, la demolición del hotel abandonado de Añaza para recuperar el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife, la inversión destinada a mejorar los accesos a la playa de Las Caletillas, en Candelaria, y la gestión realizada en la playa de La Cícer, en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento descartó realizar aportes artificiales de arena tras constatarse que el propio mar recupera los sedimentos de forma natural.
No obstante, la organización mantiene su preocupación por los movimientos de tierra en el entorno de la playa de Veneguera, en Gran Canaria, y por la permanencia del proyecto del puerto de Fonsalía en el planeamiento urbanístico de Guía de Isora.
