Cabildo y Ayuntamiento retiran 29 millones de euros del Santander para impedir el desahucio de 358 familias y la venta de sus viviendas protegidas al fondo buitre
Este miércoles a las 11.30 está previsto que la comisión judicial acuda para desahuciar a una mujer con dos menores a solicitud del banco Santander
El Gobierno de Canarias pide al Colegio de Notarios y Registradores que le confirme si la entidad de Ana Botín ha vendido las VPO a ‘Cerberus’
El Instituto Canario de la Vivienda inicia el procedimiento para sancionar a la entidad bancaria si no responde a su solicitud de información
El Banco Santander tendrá casi 30 millones de euros públicos menos guardados después de que, este martes, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz hayan anunciado la retirada de fondos, como medida de presión para impedir el desahucio de las familias de Añaza residentes en las 358 Viviendas de Protección Oficial dependientes del Gobierno de Canarias. Las tres administraciones se volvieron a reunir con las vecinas afectadas en el Ayuntamiento de Santa Cruz una semana después de que enviaran a la entidad bancaria varios burofaxes dando un plazo de 48 horas para que se les informara sobre la situación en la que se encuentran estos inmuebles. Ante la falta de respuesta, el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) anunció, ante los medios de comunicación que esperaban a la salida de la reunión, que ha dado la orden de retirar dos de los cuatro millones de euros municipales que tiene el Ayuntamiento en el banco Santander. A la nueva reunión no acudió el presidente del Cabildo Carlos Alonso y, aunque sí participó vía telefónica, anuncio la retirada de 27 millones de euros públicos (más del 70% del dinero del dinero que guarda el Cabildo en el Santander) mediante un comunicado.
Aunque el Gobierno de Canarias también estudia la retirada de fondos públicos “como medida de presión”, según declaró a la salida de la reunión la directora del Instituto Canario de la Vivienda ICV, la única administración competente ha anunciado que pedirá al Colegio de Notario y Registradores que le confirme si la entidad de Ana Botín ha vendido al fondo buitre ‘Cerberus’ ya que el banco Santander se ha negado a responder, de forma oficial, hasta ahora. La directora del ICV, Pino de León, recordó a los medios de comunicación que la compraventa sin autorización del Gobierno de Canarias es ilegal y reiteró el interés del Gobierno para ejercer su Derecho de compra de las Viviendas. Además, De León informó de que, en los próximos días, se iniciará el procedimiento previsto por Ley para sancionar al banco Santander si, en un plazo de 10 días, no responde a la solicitud de información y advirtió de que, tanto la compraventa sin autorización, como los contratos de alquiler que haya hecho el Santander después de 2006 sin visado del Gobierno, son “presuntas” infracciones.
Estas medidas se unen a la denuncia presentada este lunes en Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la activista Inma Évora, y firmada por un grupo de afectadas, en la que solicitan que se investigue, tanto la compraventa, como la gestión de estas viviendas de protección oficial, para saber si existen suficientes indicios de delito.
Aunque el alcalde de Santa Cruz de Tenerife informó a los medios de comunicación tras la reunión de hoy que, mediante el Protocolo municipal Antidesahucios, han conseguido paralizar todos los desahucios programados hasta ahora enviando solicitudes a los juzgados, esta misma tarde una afectada ha entregado a sus vecinas el requerimiento judicial en el que se ordena el “lanzamiento” de la vivienda protegida en la que vive con sus dos hijos este mismo miércoles 17 de octubre a las 11.30, por lo que las afectadas ya han convocado a todas las personas que quieran acudir para evitarlo a las 9.00 en la calle Altair de Añaza.