El sindicato ANPE Canarias, con mayor representación entre el profesorado en el Archipiélago, ha llevado a cabo un balance del año 2025 en el que pone en valor los «avances parciales» que se han conseguido en materia educativa y en el que alertan también de las carencias y necesidades que comprometen la eficacia del sistema educativo.
En el comunicado, el sindicato valora avances como la reducción de ratios en las aulas, el refuerzo de diferentes especialistas y también el incremento de la plantilla aplicados en este curso, fruto del acuerdo llegado en abril con la Consejería de Educación. Progresos alcanzados este año en la enseñanza pública que allanan el camino, pero que no son suficientes. Es por ello que el sindicato alerta de carencias y necesidades estructurales que hay que solucionar.
Financiación insuficiente
ANPE Canarias explican que los presupuestos para 2026 aprobados este mismo mes, son insuficientes y que ni siquiera contribuyen a alcanzar el objetivo del 5% del PIB en inversión educativa. Desde la organización advierten que los presupuestos para el próximo año no garantizan el incremento de los recursos necesarios para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas, ni para mejorar y ampliar las infraestructuras educativas o la renovación de los equipos.
Estabilización del profesorado
La organización insiste también en la necesidad de poner en valor las funciones del profesorado, mejorando así sus condiciones laborales y avanzando paralelamente en la estabilización de estos profesionales. En dicho comunicado hacen también hincapié en que la tasa de interinidad continúa entorno al 30%, reclamando garantías para que el personal docente con experiencia acumulada en Canarias pueda mantener sus puestos de trabajo.
Elevado número de protocolos
Por otro lado, desde ANPE consideran también que es necesario replantear el elevado número de protocolos ya que «asignan obligaciones específicas al profesorado en múltiples aspectos y contribuyen a su sobrecarga burocrática».
Además, destacan la necesidad de modificar protocolos como es el caso del de intervención ante riesgo suicida ya que, dicen, atribuye al personal docente funciones que corresponden al ámbito sanitario.
Por todo esto, desde el sindicato instan a la Administración autonómica y estatal a responder con hechos y medidas efectivas este 2026 y a situar a la educación pública en una de sus principales prioridades.
