Un juzgado de Fuerteventura condena a una madre a cuatro meses de prisión por agresiones a una docente en la entrega de notas

Una sentencia firme condena en un juicio rápido (regidos por la Ley de procedimiento criminal para delitos como los de agresiones y atentados a la autoridad) a una madre a cuatro meses de prisión por delito de atentado a la autoridad y a veinte días de multa -cuatro euros día- por agresiones leves a una docente en la entrega de notas en este mes de marzo, según informa el sindicato Anpe.

La agresión, según se narra en el atestado, tuvo lugar en la tarde en una entrega de notas. La madre del alumno y su pareja acuden como el resto de padres a recibir los informes y se le notifica que los resultados no son satisfactorios; aconsejada por su pareja, la madre se niega a firmar el informe de evaluación del alumno. En un momento en el que la docente se gira recibe un arañazo por parte de la madre (en el informe clínico de urgencias se certifica un eritema facial, lesión por arañazo, y contractura en cervicales). Tal y como narra el atestado, en dicho momento la pareja de la agresora trata de sumarse a la violencia contra la víctima, pero otro padre lo detiene.

ANPE Canarias pone en valor la sentencia no solo por delito de agresiones leves (multa por 20 días) sino por atentado (cuatro meses de prisión). Se trata del delito de atentado previsto y penado en los artículos 550.1 II y 550.2 del Código Penal.

Para el presidente del sindicato en Canarias, Pedro Crespo, esta sentencia firme “supone la respuesta a una demanda histórica de nuestros servicios jurídicos: reconocer al profesorado como figura de autoridad y que se proteja a los docentes ante actitudes intimidatorias”. Sobre este caso particular,

Crespo valora que “se trata de una situación tensa (con problemas desde 2018) que desgraciadamente ha llegado hasta la agresión física, es una de tantas consultas y denuncias que nos llegan hasta el Defensor del Profesor y nuestros servicios jurídicos y es por ello tan relevante disponer de sentencias como ésta, que generan una barrera firme contra la violencia en las aulas”.

Cabe recordar que en el curso 2017/2018 se dieron 147 casos en los que se activó la figura del Defensor del profesor. De las 147 alertas atendidas por este servicio del sindicato, 75 se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. Respecto a su distribución por los diferentes niveles de enseñanza, 12 casos fueron en Infantil, 49 en Primaria, 73 en Secundaria, 11 en Formación Profesional Básica, una en ciclos formativos y otra en el resto de enseñanzas.

Asimismo, se informa del avance de la Administración asumiendo esta realidad, pese a haber minimizado esta lacra en este curso, al iniciar el borrador para una norma de atención al profesorado agredido donde se refleje la atención psicológica y la defensa jurídica de estos casos.

“Aunque hemos avanzado desde luego”, lamenta Crespo,  “seguimos a día de hoy abordando con nuestros medios este tipo de situaciones que debería asumir la Consejería, si bien no podemos negar que se ha avanzado desde la promesa parlamentaria en 2017”.