Un juez condena a pagar 330.000 euros más a los redactores del PGO
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Ayuntamiento capitalino a pagar 330.000 euros más a los redactores del Plan General de Ordenación (PGO), los arquitectos Juan Palerm y Leopoldo Tabares de Nava y el abogado Fernando Senante, según ha podido confirmar mirametv.com. Además de dar la razón al equipo técnico que elaboró el planeamiento, y que ya ha cobrado 6,3 millones por su trabajo, el juez obliga al Consistorio a sufragar las costas del procedimiento.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tenía muchas esperanzas depositadas en ganar el pleito a los redactores del PGO. Contra la sentencia cabe recurso y en estos momentos el Consistorio estudia si continuar con la causa tras la condena en primera instancia.
Las diferencias entre el equipo técnico y el Ayuntamiento comenzaron en el mandato pasado, cuando saltaron a la opinión pública una serie de discrepancias entre la Gerencia de Urbanismo, que en aquel momento encabezaba el socialista José Ángel Martín, y los redactores. Desde el Consistorio se consideró que no cabía el pago de los 330.000 euros de más que reclamaban los arquitectos Palerm y Tabares de Nava y el abogado Senante por una serie de supuestos incumplimientos en el contrato, lo que llevó a los técnicos a presentar una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Aunque hasta última hora se negoció un posible acuerdo entre las partes, la Gerencia de Urbanismo decidió seguir adelante con el pleito judicial bajo el convencimiento de que se podía obtener una sentencia favorable. Sin embargo, el juez al que le tocó la causa, Francisco Úbeda, desde el principio mostró una posición contraria a los intereses del Ayuntamiento capitalino.
El hito decisivo se produjo cuando el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife rechazó, por presentarse fuera de plazo, un informe elaborado por Fermín García, por entonces técnico de la Gerencia de Urbanismo. En el extenso escrito del jefe de Servicio municipal se detallaban uno a uno todos los supuestos incumplimientos de los redactores del planeamiento. El rechazo del documento puso ya el pleito cuesta arriba para los servicios jurídicos municipales.
Discrepancias
Los redactores del polémico documento reclamaron por vía judicial más de 300.000 euros por el supuesto incumplimiento del contrato que firmaron con el Ayuntamiento capitalino hace más de doce años. El juez Francisco Úbeda acepta las pretensiones del equipo técnico, que exigió más de 100.000 euros por la aprobación definitiva del planeamiento y otros 210.000 euros por el desequilibrio económico y financiero que les provocó el retraso del PGO durante los últimos años de su elaboración.
Los arquitectos defienden que la redacción del PGO se dividió en cuatro contratos y que desde el año 2006 a 2012 se produjeron seis documentos nuevos. Sin embargo, el acuerdo de 2006 era de cuatro meses, por lo que, según su versión, llegó un momento en el que realizaron su trabajo sin contrato y pidieron regularizar su situación. En 2010 se llegó a un pacto con la Gerencia de Urbanismo para continuar a cambio de una cuantía extra.
Después de que durante muchos años el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo defendiera a capa y espada a los redactores del PGO, que fueron contratados a través de un concurso público, las relaciones se torcieron con la llegada de José Manuel Bermúdez y del exconcejal de Urbanismo José Ángel Martín.
La cuerda se rompió cuando los técnicos de la Gerencia capitalina alertaron de posibles irregularidades en las modificaciones del documento que se llevaron a cabo después de su aprobación en marzo de 2011. Los responsables municipales apreciaron la existencia de cambios que no estaban justificados y que iban más allá de los 45 reparos que había ordenado corregir la Comisión de Ordenación del Territorio y Medioambiente de Canarias.
Las declaraciones de Bermúdez en una rueda de prensa, en la que culpaba directamente al equipo técnico que elaboró el planeamiento, provocaron la reacción de los redactores, que acusaron en los medios al dirigente de CC de mentir. La tensión existente forzó una reunión entre las partes, pero los desencuentros continuaron a razón de las cantidades que aún reclamaban los arquitectos y el abogado Fernando Senante y que el Ayuntamiento se negaba a abonar después de haber pagado más de seis millones de euros. Ahora, el Juzgado da la razón al equipo técnico que confeccionó el polémico PGO de la capital tinerfeña. Todo apunta a que habrá un nuevo capítulo en esta lucha judicial si, finalmente, el Ayuntamiento recurre.