El nuevo decreto aprobado por el Gobierno de Canarias para reformar el sistema de atención a la dependencia ha generado una fuerte oposición entre los trabajadores y trabajadoras del sector, que denuncian que la norma compromete la calidad del servicio y los derechos de las personas más vulnerables.
Una de las principales críticas se centra en la sustitución del tradicional Informe Social por un ‘Informe del Entorno’, elaborado por profesionales no especificados, lo que, según los técnicos, devalúa el trabajo esencial de los trabajadores sociales y reduce la calidad de las valoraciones.
Además, los profesionales alertan sobre la posibilidad de que las valoraciones sean realizadas por personal ajeno a la Dirección General de Dependencia, sin la formación específica necesaria, lo que podría generar desigualdades y errores en la asignación de prestaciones.
El decreto también establece que si la Administración no responde a una solicitud en seis meses, se considerará desestimada, lo que, según los trabajadores, vulnera la legislación vigente y obliga a los ciudadanos a iniciar procesos judiciales para reclamar sus derechos.
Por otro lado, los sindicatos denuncian un aumento unilateral de las cargas de trabajo sin compensación ni negociación, lo que ha provocado una acumulación de más de 6.000 expedientes y ha generado situaciones de estrés y ansiedad entre el personal.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha exigido una revisión participativa y justa del decreto, alertando sobre el riesgo de privatización del sistema y la posible politización de las decisiones técnicas.
Desde el Gobierno de Canarias, la Consejería de Bienestar Social defiende que el nuevo decreto busca agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera, pasando de un modelo bifásico a uno monofásico.
Sin embargo, los trabajadores insisten en que cualquier reforma debe garantizar la calidad, imparcialidad y seguridad jurídica del proceso, y exigen la apertura de espacios de diálogo para revisar el decreto y proteger los derechos de las personas en situación de dependencia.
En su opinión, la nueva norma «afecta a los más vulnerables» y auguran que su entrada en vigor puede tener consecuencias negativas para las personas en situación de dependencia.
El decreto, aprobado el 21 de abril, establece un único procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, con el objetivo de simplificar los trámites y reducir los tiempos de espera.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defiende que la nueva regulación permitirá una atención más ágil y eficiente, al pasar de un modelo bifásico a otro monofásico, en el que una sola visita al domicilio de la persona usuaria será suficiente para tramitar el grado de dependencia y el Programa de Atención Individualizada.
Sin embargo, los profesionales del sector consideran que esta simplificación puede poner en riesgo la calidad del servicio y la atención personalizada que requieren las personas dependientes. Además, señalan que la falta de recursos y personal especializado podría dificultar la correcta aplicación del nuevo procedimiento.
La polémica en torno al decreto se produce en un contexto en el que la lista de espera en dependencia en Canarias se ha disparado, con casi 12.000 personas con el derecho reconocido y sin prestación. La mayoría de ellas llevan esperando más de seis meses.
