Técnicos de Arona dejaron prescribir infracciones urbanísticas
"Cuando llegué, me encontré con cajas llenas de denuncias por infracciones que no habían sido tramitadas". Esta frase, pronunciada durante la decimonovena sesión del juicio por el jefe de Servicio de Disciplina Urbanística de Arona, Damián Hernández, refleja con nitidez el caos que durante años ha imperado en la Oficina Técnica del municipio tinerfeño.
Mientras se otorgaban licencias con informes jurídicos desfavorables, por lo que están acusados de prevaricación los políticos que ocuparon la Junta de Gobierno local entre los años 2003 y 2007, las denuncias por presuntas infracciones dormían en cajas sin ser tramitadas. "Muchas de ellas habían prescrito cuando llegué al Servicio de Disciplina Urbanística, en 2009", confesó el testigo, ante el asombro de la magistrada ponente, María Vega, que minutos antes había tomado nota de su declaración para volver a preguntar por unas afirmaciones que dibujaron un gesto de sorpresa en su cara.
Damián Hernández describió, durante cerca de una hora de interrogatorio, la falta de organización que ha reinado en la Oficina Técnica de Arona durante años. Una situación que se intentó corregir a partir de 2008, después de que se produjeron las detenciones del exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa y del exaparejador Roberto de Luis, tras detectarse su participación en una presunta trama de cobro de comisiones. Fue entonces, según el testimonio del funcionario, cuando se decidió crear los servicios de Planeamiento y Gestión y de Disciplina Urbanística, ya que antes el departamento estaba dividido entre técnicos y juristas.
En 2009, se nombró a Damian Hernández jefe de Sección de Disciplina Urbanística. Cuando se incorporó a su puesto, y empezó a poner al día la gestión, se topó con "cajas llenas de denuncias que no habían sido tramitadas". Según explicó en la mañana de este martes ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, "la mayor parte" de las infracciones "habían prescrito". El testigo reconoció que la Oficina Técnica estaba inmersa en una "vorágine" que provocó que "se prestara más atención a los procedimientos de licencias que a los disciplinarios".
El arquitecto municipal aseguró que, ante la situación que se encontró, se marcó "el objetivo de sacar las denuncias adelante", lo que le ha "traído problemas con muchos vecinos".
No quedó ahí la declaración de Damián Hernández. Aunque con su testimonio arropó a sus compañeros de la Oficina Técnica, en cuanto a su participación en los expedientes de las licencias urbanísticas investigadas, no salieron tan bien parados los políticos de la Junta de Gobierno local. La pregunta clave, una vez más, la volvió a hacer la magistrada ponente: "¿Atender solo al informe técnico y no al jurídico, a la hora de aprobar los permisos, sería quedarse cojos?". La respuesta fue tan corta como significativa: "Sí".
Antes, Damián Hernández manifestó que los informes técnicos y los jurídicos están en "planos distintos", e insistió en que los únicos que llevan una propuesta de resolución son los elaborados por los abogados municipales. En base a su criterio, y frente a la polémica por la concesión de licencias en unidades de actuación no gestionadas, los arquitectos y aparejadores del Ayuntamiento no tienen que entrar en si los proyectos cumplen la normativa legal o no, ya que insistió en que eso es "cosa de los juristas".
No hay que olvidar que las más de 200 licencias investigadas entre 2003 y 2007 se aprobaron con informes técnicos favorables, pese a que los dictámenes jurídicos eran negativos. El arquitecto municipal, antes esta situación, quiso dejar claro que ambos pronunciamientos "no son contradictorios, sino complementarios".
En relación a la polémica licencia de la familia Ansorena, para una promoción residencial en un suelo de uso hotelero en Costa del Silencio, Damián Hernández explicó que fue el primer técnico que informó el expediente y que lo hizo de forma desfavorable, "en solo dos párrafos", porque el proyecto "incumplía claramente". Después de ese dictamen, relató que se fue de vacaciones y que cuando regresó se "sorprendió porque se ya se había concedido la licencia urbanística".
El segundo funcionario que informó, esta vez favorablemente, a la licencia de los Ansorena fue, precisamente, el acusado Roberto de Luis. Según la tesis de la Fiscalía y la acusación particular, el cambio de criterio se produjo porque los promotores vascos habían hecho saber a los técnicos que tenían una grabación en la que un presunto intermediario, el empresario Arsenio Zamora, les reclamaba 25 millones de pesetas por el permiso urbanístico. El acusado, por su parte, defiende que hizo un dictamen positivo porque había conocido la posición del director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, que consideraba que en la parcela cabía el uso mixto, y porque así se lo había ordenado mediante decreto la Junta de Gobierno.
Otros testigos
Además de la declaración de Damián Hernández, en la mañana de este martes acudieron al Palacio de Justicia de la capital tinerfeña dos testigos solicitados por el abogado de Roberto de Luis con la intención de desacreditar el testimonio del sobrino del exaparejador municipal, que delante del Tribunal relató al detalle el modo de actuar de la presunta trama de cobro de comisiones ilegales.
Aunque ambos testigos acusaron Antonio Molina de ser "poco creíble" y una persona "fantasiosa", sus declaraciones perdieron fuerza a medida que se sometían a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular. El primero en ser interrogado, en este caso a través de videoconferencia, fue un promotor de origen gallego llamado Eugenio Moisés García, cuya mujer es prima de la esposa del exaparejador municipal. A preguntas del abogado de Roberto de Luis, el testigo aseguró que el sobrino le amenazó y extorsionó para obtener un permiso urbanístico en la zona de Las Rosas.
"¿Cuándo se produjo esa extorsión?", preguntó el abogado Santiago Martínez. "En 2007", respondió el testigo. "¿Y usted sabía que en esa época ya había salido en prensa la denuncia de Antonio Molina contra su tío?", volvió a cuestionar el letrado. "Sí", confesó Moisés García. "¿Y aun así, el sobrino se atrevió a extorsionarle?", insistió el representante de la acusación. "Mmm, sí", contestó el promotor. "No hay más preguntas, su señoría", concluyó el jurista.
El último en declarar fue Rafael del Barrio, que en el año 2000 regentó un pub en la capital tinerfeña junto al sobrino de Roberto de Luis. Aunque no se escondió detrás de un biombo, como en su día hiciera el propio Antonio Molina, pidió al Tribunal que los periodistas presentes en la sala no le tomaran fotos.
Del Barrio fue muy duro en sus palabras hacia el que fuera su socio, con el que montó el pub pese a que unos años antes le había extorsionado en una promoción urbanística cuando, según su testimonio, le pidió "300.000 pesetas para una licencia". Una cuantía que aumentó a medida que avanzaba su declaración, ya que cuando fue cuestionado por la acusación particular aseveró que la extorsión fue de "800.000 pesetas".
Un año después, hizo borrón y cuenta nueva y decidió montar un negocio vinculado al ocio nocturno en Santa Cruz de Tenerife con el propio Molina, del que dijo en repetidas ocasiones que era "adicto a la cocaína". Una noche, cuando ambos se quedaron a cerrar el local, después de haber bebido varias copas, el sobrino de Roberto de Luis comentó, siempre según la versión del testigo, que "en el sur había corrupción y que tenía pruebas, además de que había suplantado a su tío varias veces para cobrar comisiones".
"Era un adicto a la cocaína, un fantasioso que vivía en una película constante", insistió en varias ocasiones Rafael del Barrio a la hora de referirse a Antonio Molina. El testigo reconoció que no habla con el sobrino de Roberto de Luis desde 2001, y que todo lo que contó posterior a esa fecha lo sabe "de oídas". También explicó, cuando se le atragantó alguna de las preguntas de la fiscal y la acusación particular, que tenía problemas de memoria por las secuelas que le han producido "tres infartos".
El juicio del caso Arona se toma ahora un respiro de dos semanas. La próxima sesión está señalada para el 14 de marzo. Será a partir de las 9.30 horas en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.