Sheyla Medina Romero pide ayuda. Esta grancanaria, madre de dos hijos, está a punto de verse en la calle en Madrid, después de que su expareja y padre de la niña de siete años le haya reclamado judicialmente que abandone su vivienda.
Sheyla, que sí tiene una vivienda en su isla natal, vive en la capital de España desde 2010, donde se trasladó a raiz de establecer una relación con el padre de la menor de sus hijos, con el que comparte la custodia. Y ahí está el problema. Si retorna a Gran Canaria no pude hacerlo con la niña.
Tal y como describe en un vídeo para el que pide la máxima difusión, en la actualidad está residendo en vivienda del padre de su hija, aunque su ruptura sentimental se produjo en 2016. "Como es lógico, yo tenía que salir de la vienda de mi expareja y entonces solicité al juez el traslado a Gran Canaria, donde yo puedo darle un techo a mis hijos", afirma.
Según explica, el juez decidió que ambos padres tuvieran custodia compartida de la niña y que la madre dispusiera de la vivienda de Madrid durante tres años. Un plazo que se cumplió en enero de 2019.
Sin embargo, Sheyla se topó con la precariedad del mercado laboral de Madrid y sostiene que solo ha conseguido trabajos de tres o cuatro horas con sueldos que no le permiten alquilar una vivienda.
En 2018 pidió judicialmente la modificación de las medidas adoptadas sobre la custodia de su hija para poderse trasladadar a Gran Canaria o, en su defecto, que se le ampliara el uso de la vivienda dos años más, porque "se cumplía el plazo y no iba a poder abandonar la casa sin tener un techo que ofrecerle a mis hijos".
En este nuevo proceo judicial, aunque la fiscal se mostró partidaria de ampliar dos años el uso de la vivienda "para que los menores no se vean en la calle", la juez desestimó todas sus peticiones.
Esta madre añade que incluso pidió que se realizara a su hija un informe psicosocial para que "vean que la niña, que entonces tenía cinco años y desde los dos estaba así, que ella no quiere irse con su padre y que quiere estar conmigo". En este punto insiste en que su hija "quiere a su padre, pero quiere verlo de vez en cuando".
Sheyla asegura que es partidaria de la custodia compartida, pero "no en una situación en la que me quedo desamparada porque no tengo vivienda, porque no tengo trabajo que me permita alquilar una, porque me cierran todas las puertas"
En este punto detalla qaue ha recurrido all Ivima (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) pero, al tener una vivienda en Gran Canaria "puedo acceder a una vivienda socia". También ha intentado tramitar una solución a través de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid. Sin embargo, a pesar de cumplir los requisitos, "hay que esperar hasta que salgan en sorteo viviendas, que puede tardar años". En definitva, esta madre no encuentra manera de tener acceso a una vivienda en la capital y teme que "nos van a poner en la calle".
La desesperación de Sheyla se acrecienta porque no ha logrado respuesta del recurso que presentó ante la Audiencia a la decisión judicial de 2018, una respuesta que tenía que haberse producido en marzo de 2020, pero la pandemia ha aplazado. Por desgracia, sí ha seguido caminando la ejecución que la sentencia que la deja sin vivienda.
Recuerda que precisamente por la pandemia se ha decretado que a las familias vulnerables no se las puede deshuciar hasta enero de 2021, pero ella no puede acogese a esta medida porque no es una okupa ni está en régimen de alquiler y se pregunta "qué pasa, que para mis hijos y para mi la pandemia no existe.
Finalmente reitera su solicitud de ayuda para buscar una solución a su caso.
