Santiago Pérez llevará a los juzgados la prórroga “ilegal” de contratos en La Laguna
El portavoz del Grupo municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, anunció este lunes en el Pleno de la Corporación que va a poner en conocimiento del Juzgado las prórrogas ilegales de numerosos contratos de servicios públicos cuya cuantía ya supera los 5 millones de euros, según un comunicado remitido ayer por este grupo municipal.
Santiago Pérez se hizo eco así de los reparos de legalidad de la Intervención Municipal sobre la prórroga de servicios municipales “muy importantes que, en su momento, fueron sacados a licitación y han agotado con creces el período de adjudicación e incluso sus prórrogas”.
“Hablamos de servicios cuya cuantía económica es muy importante para la Corporación y algunas prórrogas, como subraya el Interventor, se adoptaron cuando ya el plazo se había vencido, lo cual es un incumplimiento flagrante de la legalidad”, indicó Pérez, al tiempo que agregó que, en otros casos, una vez agotadas las prórrogas, el Grupo de Gobierno autorizó la continuidad del servicio hasta cinco veces, en alguno de los casos sin una explicación plausible”, continúa el texto.
El edil señaló, además, que se trata de concursos con pliegos de condiciones y procedimientos de licitación sencillos como el de asistencia domiciliaria o el de seguimiento y control del absentismo escolar, la gestión del programa Deporvida, los servicios de día, servicios educativos infantiles, la limpieza de las instalaciones deportivas, la ayuda a domicilio, o el servicio de alumbrado público.
“Si las demás empresas supieran que la duración real del contrato se va a autorizar más allá de su finalización, sin ninguna cobertura jurídica, como si se volviera a contratar de nuevo a dedo, probablemente participarían porque tendrían más tiempo para recuperar la inversión”, cita el comunicado.
Santiago Pérez advirtió a los gobernantes de que “tienen que saber que están cometiendo flagrantes ilegalidades. Y no a juicio mío, sino a juicio del Interventor, que tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la legalidad presupuestaria y de contratos cuando se adoptan acuerdos de contenido económico”.
Asimismo, recordó en el transcurso del Pleno que se trata de observaciones que ya hizo en febrero del pasado año, “cuando este Gobierno y el alcalde apenas llevaba medio año, sin que haya merecido para ustedes una respuesta, y mucho menos un cambio de prácticas que se ajuste a la legalidad”.
Pérez aclaró que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a los cargos públicos que por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de ilegalidades que pudieran ser constitutivas de delito la obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o del Juez de Instrucción y ya “es sólo una cuestión de tiempo que lo hagamos porque cuando se dan este tipo de situaciones todo brilla, menos la transparencia”, sentenció.