El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado amparo a la Diputación del Común ante la sobrecarga que sufre el municipio en la atención a personas sin hogar, de las cuales el 55% procede de otros municipios y cerca del 30% presenta problemas de salud mental. El alcalde, José Manuel Bermúdez, advirtió este miércoles de que la capital “no puede seguir afrontando sola una responsabilidad que no le corresponde en su totalidad” y no descarta acudir a los tribunales como última medida.
En rueda de prensa, Bermúdez subrayó que la atención a las personas sin hogar es “una prioridad” para el Consistorio, que ha alcanzado el mayor presupuesto de su historia en políticas sociales, con 36 millones de euros. Sin embargo, lamentó que “este esfuerzo no está siendo correspondido por otras administraciones”.
“El sistema canario de salud no está dando respuesta a esta realidad”, afirmó el regidor, quien señaló que el Ayuntamiento ha mantenido “infinidad de reuniones” para reclamar más recursos especializados en salud mental y atención sociosanitaria, sin obtener resultados.
732 personas atendidas en lo que va de año
Entre enero y agosto de 2025, el municipio ha atendido a 732 personas sin hogar, de las que el 81% son hombres y el 19% mujeres. Solo el 45% está empadronado en la capital, aunque en muchos casos el empadronamiento responde a la necesidad de acceder a ayudas sociales.
De los usuarios atendidos, 174 personas tienen un diagnóstico confirmado de enfermedad mental (24%) y sobre 48 existen sospechas clínicas, según los datos municipales. Además, el 38% son de origen extranjero, y un 17% se encuentra en situación administrativa irregular, lo que complica la intervención social y jurídica.
La red municipal de alojamiento opera con una ocupación del 98,7%, y entre enero y agosto se han denegado 1.346 solicitudes por falta de plazas disponibles.
Reclamo de coordinación institucional
La concejal de Políticas Sociales, Charín González, explicó que el Ayuntamiento destina más de 4 millones de euros anuales a recursos como el albergue municipal, pisos tutelados, alojamientos de emergencia y convenios con entidades sociales y religiosas. No obstante, advirtió que “no podemos seguir haciéndolo solos; hay ayuntamientos que deben asumir sus competencias”.
Bermúdez denunció que algunos municipios derivan a sus usuarios a los recursos de Santa Cruz, e incluso “pagan directamente plazas en la capital”, lo que genera un efecto llamada y agrava la saturación.
El alcalde reclamó a la Dirección General de Salud Mental del Gobierno de Canarias que habilite pisos tutelados, mini residencias y unidades de atención en calle para personas sin hogar con patologías mentales. “No parece lógico que una persona con un brote o una crisis aguda sea trasladada al hospital y, tres o cuatro horas después, la vuelvan a poner en la calle”, lamentó.
Asimismo, instó al Cabildo de Tenerife a abrir plazas sociosanitarias para este colectivo. Según explicó, el Ayuntamiento ha solicitado recursos para 27 personas concretas y “han entrado cero”, pese a que se trata de perfiles que requieren atención especializada, no alojamiento en albergues.
Petición de respuesta judicial más ágil
Bermúdez también pidió a la Fiscalía y a los juzgados “mayor celeridad” en los procedimientos relacionados con casos graves de salud mental. Según datos municipales, se han trasladado 21 informes a la Fiscalía, de los cuales cinco han sido archivados, ocho siguen sin respuesta y otros ocho están pendientes de decisión judicial.
El alcalde advirtió que, en algunos casos, los jueces determinan que las personas sigan en la calle “porque no se puede intervenir sin su consentimiento”, lo que ha derivado “en muertes en la vía pública”.
Plan de descentralización y búsqueda de soluciones
Como parte de su estrategia, el Ayuntamiento planea descentralizar el centenar de plazas del albergue municipal y distribuirlas en una veintena de pequeños dispositivos repartidos por la ciudad. Bermúdez admitió que esta medida “puede generar reparos vecinales”, pero la calificó de “camino sin retorno”.
El alcalde destacó, no obstante, un dato positivo: 178 personas han conseguido salir de la situación de sinhogarismotras participar en los programas municipales de intervención.
“Ahora es el momento de actuar. Coincide la elaboración de los presupuestos del Gobierno regional y del Cabildo, y es cuando debe definirse un plan con ficha financiera y compromisos reales”, insistió Bermúdez.
“Estamos intentando la vía del convencimiento, pero si no hay respuestas, acudiremos a los tribunales. No buscamos evitar el debate, sino soluciones”, concluyó.
