La comisión promotora de la Ley de Volcanes, que se presenta este miércoles en la Universidad de La Laguna (ULL) y busca 15.000 firmar para iniciar su tramitación en el Parlamento, asegura que aún quedan muchos afectados por recibir los 60.000 euros comprometidos por el Gobierno central en concepto de indemnización por la pérdida de vivienda a raíz de la erupción volcánica en Cumbre Vieja (La Palma) y que 15 meses después solo los ha cobrado el 10% de los afectados ha obtenido los 30.000 euros adicionales anunciados por el Gobierno de Canarias.
Por estas razones lamentan, según indican en un comunicado, lamentan la falta de una ley básica y general que garantice los derechos patrimoniales, urbanísticos, sociales y económicos de los afectados sobre sus propiedades y que de los 600 afectados apenas se haya entregado un centenar de viviendas.
El resto, denuncian, «han sido casas de madera y los humillantes contenedores marítimos reconvertidos en viviendas que no cumplen con las normas de habitabilidad del Gobierno de Canarias y que constituyen la mejor imagen de la nefasta reconstrucción social del volcán».
También sostienen que se han elaborado dos decretos en materia de recuperación residencial y en materia de agrícola pero “siguen sin aprobarse y publicarse”. En su opinión, en la administración pública «hay dinero suficiente» para diseñar un plan a cuatro años y «devolver todo lo perdido» a los afectados previa tasación de los bienes perdidos.
Los promotores aseguran igualmente que las consecuencias post-erupción continúan en la isla, como demuestra que unas 2.000 personas son atendidas por Cáritas.
El objetivo de su propuesta de ley es que personas afectadas por otros volcanes que erupcionen en Canarias tengan garantizados por ley los derechos sociales y económicos como el derecho al realojamiento en una vivienda digna y con independencia de las decisiones políticas que se tomen por los gobiernos de turno.
