Pamparacuatro abre una vía para salvar la nulidad de las escuchas

El juez del Caso Corredor, por el que está imputado el alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria (CC) a las próximas elecciones autonómicas, César Romero Pamparacuatro, no baja los brazos ante la posibilidad de que se anulen parte de las escuchas telefónicas que sostienen el grueso de la instrucción, tras descubrirse la inexistencia del auto que en septiembre de 2010 tenía que haber autorizado la prórroga de los pinchazos. En una providencia del pasado 27 de enero, a la que ha tenido acceso mírametv.com, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Aguere asegura que "deviene necesario requerir a la juez sustituta Matilde Rocío Flores a fin de que informe si dictó el auto al respecto y si, en su caso, mantiene copia del mismo a fin de que lo aporte".

Pamparacuatro abre una vía de escape ante un hecho que él mismo denunció, cuando en un escrito anterior advirtió de la ausencia del auto, requisito obligatorio para hacer efectiva la prórroga de las escuchas que se practicaban desde abril de 2010. El juez, que cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal en su estrategia, como se reconoce en la propia providencia, busca así una alternativa que, de confirmarse que la resolución judicial se llegó a dictar, podría permitir la reconstrucción del auto, como ya planteó el propio instructor ante la desaparición del permiso inicial de las intervenciones telefónicas, que además ha dado pie a una investigación paralela por los indicios que apuntan a la presunta sustracción del documento por parte del principal imputado en la trama, el abogado y empresario Evaristo González.

Desde que se conoció la noticia, en un escrito del pasado 5 de enero, los principales investigados se agarraron a ella como un regalo de Reyes para poner sobre la mesa del juez una cascada de recursos en los que piden la nulidad de las escuchas telefónicas y, con ella, de gran parte de los indicios que sostienen la situación procesal de los 44 imputados señalados por la Justicia en la actualidad. Pamparacuatro enfría ahora el entusiasmo generado con una providencia en la que deja claro que "antes de entrar a decidir sobre la nulidad", y como "pone de relieve el Ministerio Fiscal", es necesario preguntar a la juez sustituta que dio los primeros pasos en la Operación Corredor.

Uno de los principales beneficiados de una hipotética nulidad de las actuaciones es el propio Fernando Clavijo, sobre el que una parte importante de sus imputaciones se sostienen en los hechos descubiertos a raíz de los pinchazos telefónicos. Tanto es así que el pasado 9 de enero, durante la declaración del candidato de CC ante el juez y la fiscal Anticorrupción; la representante del Ministerio Público, además de pedir una nueva imputación y aportar más indicios en otras dos cuestiones investigadas, centró parte de su interrogatorio en los hechos que serían objeto de nulidad, en busca de pruebas en el testimonio del alcalde de La Laguna que, junto con la documentación obrante en la causa, pudieran permitir continuar con la investigación más allá de la posible nulidad.

Imputaciones

Hay que recordar que Clavijo está imputado por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación, a raíz de un total de siete actuaciones presuntamente delictivas: la mediación para la contratación de un trabajador en Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Aguere; la tramitación de dos ayudas para realojar de su vivienda de Las Chumberas a una concejala del PSOE, María José Castañeda, y un líder vecinal, en la actualidad asesor del propio Consistorio; la concesión de una licencia de apertura a una cafetería de La Cuesta; y por supuestamente hacer la vista gorda ante los incumplimientos de dos locales de ocio nocturno, el pub Utopia y la discoteca Palco. La Fiscalía respalda todas las imputaciones, con la excepción de la posible colocación teledirigida de un empleado en Urbaser, de la que ha pedido el sobreseimiento.

Tras la primera ronda de declaraciones de los imputados en la pieza que afecta a Clavijo, y la reciente aceptación de la acusación popular, el caso entra ahora en una fase decisiva en la que se abordará la posible respuesta a los errores procesales que han dejado en el aire el futuro de parte de la instrucción. Un hecho que retrasará aún más las diligencias y la posible resolución de un caso que, de ser elegido diputado el candidato de CC, pasará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por su condición de aforado. En paralelo habrá que llevar a cabo todas las actuaciones solicitadas por la Fiscalía y las que puedan pedir los partidos políticos ahora personados, Alternativa Sí Se Puede y Socialistas por Tenerife, además de la querella presentada por el principal investigado, Evaristo González, contra el propio Pamparacuatro por una suepuesta prevaricación cuando decretó su ingreso provisional en prisión en 2012. Un lío judicial que se mezcla con los comportamientos presuntamente delictivos descubiertos en una operación que seguirá dando titulares en los próximos meses.     

(Fotos: arriba, periodistas el día de la declaración de Clavijo; abajo, el juez Pamparacuatro consulta su teléfono).