El municipio turístico de Mogán volverá a aplicar desde este jueves la tasa turística de 0,15 euros por día y huésped en todos sus establecimientos alojativos, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre este tributo municipal. La medida judicial, adoptada el pasado 12 de marzo a instancias de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FETH) de Las Palmas, queda así sin efecto después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo analizara las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Mogán.
En su resolución, los magistrados consideran que los perjuicios alegados por la patronal turística son «meramente económicos y por tanto susceptibles de ser íntegramente reparados» por el Consistorio en caso de que el recurso interpuesto por la FETH finalmente prospere. El tribunal argumenta en su auto que la aplicación de la tasa «no implica, en modo alguno, que la vigencia de la norma en cuestión tenga virtualidad para provocar unas consecuencias de tal entidad que impidan sustanciar y resolver la presente impugnación jurisdiccional con absoluta normalidad», concluyendo que no resulta preciso mantener la suspensión de la ordenanza municipal.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, reaccionó de forma inmediata al conocer la noticia, lanzando un mensaje político: «A pesar de la patronal hotelera, el PSOE y NC, Mogán sigue avanzando». Esta declaración pone de manifiesto la tensión política que rodea a esta tasa, que enfrenta al gobierno municipal con parte de la oposición y el sector empresarial turístico.
La tasa turística de Mogán, que se aplica desde 2022, tiene como objetivo financiar servicios municipales relacionados con el turismo, como la limpieza de playas, el mantenimiento de espacios públicos y la mejora de infraestructuras. En su primer año de aplicación, el impuesto reportó al municipio aproximadamente 1,2 millones de euros de ingresos adicionales. El Ayuntamiento defiende que se trata de una cantidad moderada (equivalente a 1,05 euros por semana por turista) que no afecta a la competitividad del destino.
Por su parte, la FETH mantiene su recurso contra la ordenanza, argumentando que supone una carga adicional para el sector hotelero en un momento de incertidumbre económica. El tribunal deberá resolver en los próximos meses sobre el fondo del asunto, aunque por ahora ha determinado que no existen motivos suficientes para mantener la suspensión cautelar de la tasa.
Este caso se enmarca en el debate más amplio sobre la implementación de tasas turísticas en Canarias, donde se discute la implantación de un tributo regional. Mogán se ha convertido así en un caso pionero y testigo de los desafíos jurídicos y políticos que plantea este tipo de medidas.
