Miles de canarios claman contra la Ley electoral
Las elecciones del pasado 24 de mayo han vuelto a generar un revuelo en las redes sociales tras las escandalosas diferencias entre número de votos y de escaños en el Parlamento canario entre algunos partidos por la Ley electoral imperante en el archipiélago. A esto hay que sumar una iniciativa ciudadana en el potal Change.org con casi 5.000 firmantes que pide la revisión de la Ley.
La indignación ha llegado tras conocerse el resultado de los comicios que muestra un reparto de escaños que no es proporcional al número de votos obtenidos por cada formación. El partido que ha quedado tercero en número de votos, Coalición Canaria, gana las elecciones al obtener el mayor número de escaños por las características de nuestro sistema electoral. Otro ejemplo, los apenas 30.000 votos que separan a CC de Podemos, han supuesto sin embargo una diferencia de 11 escaños entre uno y otro partido. Con poco más de 5.000 votos, el partido de Casimiro Curbelo (ASG) consigue entrar al Parlamento con 3 escaños, pero Ciudadanos, que supera los 50.000 votos, no consigue ni siquiera un diputado. Los partidos que superan a ASG en votos son 6, pero ninguno de ellos ha obtenido representación. Estas circunstancias vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una revisión de la Ley electoral canaria donde la voluntad de la mayoría de votantes se refleje en los parlamentarios que acceden a la Cámara.
Las trabas del sistema electoral canario
Con la Ley electoral canaria en la mano, para entrar al Parlamento autonómico un partido tiene que superar el 30% del voto insular (cada isla tiene una circunscripción) o el 6% del total de la región, exigiéndose el doble que en el resto de España. Estos topes se conocen como la “doble barrera” y no se da en ningún otro rincón de España ni de Europa y provoca que una alta cantidad de votos que se depositan en las urnas no valgan para nada.
Los escaños que se reparten pos islas no son tampoco proporcionales a su número de habitantes. El sistema reparte 15 escaños tanto para Tenerife como para Gran Canaria, le siguen Lanzarote y La Palma con 8, Fuerteventura con 7, La Gomera con 4 y El Hierro con 3. O lo que es lo mismo, el 17% de los canarios eligen al 50% de los representantes del Parlamento autonómico, según el voto de las islas no capitalinas. El 83% de la población (que se reparte entre Tenerife y Gran Canaria) eligen al otro 50%. Un ejemplo para entender el valor del voto de cada elector es que el de un herreño vale actualmente 14 veces más que el de un grancanario. Otra de las peculiaridades de este sistema es que existe una circunscripción con más población y menos diputados, la de Fuerteventura, que otra con mayor número de diputados pero con menos población, La Palma.
Cuando se introdujo este sistema en 1982 con la aprobación del Estatuto de Autonomía, se llegó a la conclusión que para evitar las rivalidades entre islas lo mejor era utilizar la triple paridad, esto significa que se distribuya la mitad de los escaños entre las islas capitalinas y la otra mitad entre las no capitalinas, también la mitad de escaños entre las dos provincias y el mismo número de escaños para Tenerife y Gran Canaria.
El sistema utilizado en Canarias beneficia de forma directa a los tres grandes partidos: CC, PSOE y PP. Sobre todo al primero de ellos, Coalición Canaria, que no ha salido del poder en el archipiélago desde 1993. Hay que recordar que este partido es una unión de formaciones insularistas que si no fueran parte de CC no podrían acceder al Parlamento debido a la doble barrera que existe. Estas barreras de entrada estaban antes de 1996 en el 20% insular y el 3% autonómico, pero el apoyo delos nacionalistas a Aznar cuando entró en el poder, provocó que CC pidiera pasar los topes al 30% insular y al 6% autonómico. Se entiende que con esta decisión, la formación buscaba garantizar el respaldo de los partidos insularistas.
Para cambiar la Ley electoral hay dos fórmulas, o modificando el Estatuto de Autonomía y que este sea aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento y sea ratificado por el Congreso, o cambiar la Ley en el Parlamento, para lo que haría falta el apoyo de dos tercios de la Cámara. Los últimos intentos de cambiar esa Ley han venido de la mano del PSOE de Santiago Pérez y más recientemente de Nueva Canarias con Román Rodríguez al frente, sin que las iniciativas llegaran a prosperar en ninguna de las dos ocasiones. En esta campaña electoral, los cuatro grandes partidos (CC, PSOE, PP y NC) se comprometieron a abordar una reforma del sistema electoral tras los comicios, basada en bajar los topes electorales, pero el candidato de Coalición Canaria y futuro Presidente de la Comunidad, Fernando Clavijo, anunció la semana pasada en El Hierro que no es partidario de la reforma.