Marián Franquet, consejera de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerifey presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), explicó el pasado jueves en El Programa de Manuel Artiles que su gran objetivo en los próximo cuatro años es “dignificar los servicios sociales” y lograr que los derechos sociales se perciban socialmente de forma similar al derecho a la educación y la sanidad,que son atendidos de forma inmediata y “nadie los cuestiona”. Sin embargo, ahora “personas que son grandes dependientes tengan que estar tres y cuatro años esperando una ayuda mísera de 300 euros”.
Franquet insistió en la necesidad de que los derechos sociales se ejerzan y se reclamen con la misma inmediatez que se hace a la hora de escolarizar a un niño o se realiza una intervención quirúrgica de urgencia y reclamó un mayor reconocimiento para los trabajadores sociales, “yo no conozco personas con un nivel vocacional y curricular tan alto, porque están constantemente especializándose”
Respecto a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta su área en el Cabildo de Tenerife, la consejera consideró que los 212 millones de euros de que dispone para 2020 “no son suficientes”, pero sí un paso y a explicó que todas las áreas de la corporación insular han sufrido recortes porque la corporación tiene menos ingresos; sin embargo “Acción Social tiene un importante incremento” por el “convencimiento claro de que le íbamos a dar prioridad a quienes más lo necesitan, a las personas más vulnerables, especialmente a lo dependientes”. Aquí, recordó que estas personas tienen una Ley que “teóricamente garantiza derechos, pero las administraciones no hemos sido capaces de que se ejerzan esos derechos”.
Franquet detalló que en Tenerife hay 4.000 personas dependientes pidiendo una plaza residencial, pero dijo estar segura de que “si promovemos políticas alternativas a las residenciales” como programas alternativos contra la soledad, teleasistencia o ayuda domiciliaria, que “les permita vivir en su entorno y en su casa”. Para lograr estas políticas, defendió la recuperación del Anillo Insular de Políticas Sociales, “con el que queremos equilibrar socialmente a toda la Isla, porque no puede ser que la mayoría de los recursos estén concentrados en determinados municipios y sean inaccesibles para otros municipios”. Según enfatizó, el objetivo es “lograr políticas sociales que lleguen a toda la Isla y que garanticen la igualdad de todas las personas”.
Además, la consejera sostuvo que el Cabildo tiene un plan de infraestructura sociosanitarias para incrementar las plazas residencias y que las mayores carencias en este sentido están en área metropolitana y el sur de la Isla, donde “estamos buscando la forma de incrementarlas”.
En relación con el incremento de la llegada de menores extranjeros no acompañados, Franquet aseguró que, de momento, el Cabildo dispone de centros y personas para atenderlos, “pero estamos a la espera de que lleguen más y es muy importante la colaboración interadministrativa con la Comunidad Autónoma y el Estado”. La consejera afirmó que en este presupuesto se ha hecho un esfuerzo importante y se ha incrementado en seis millones de euros la cuantía asignada para atenderlos, y recordó que “tenemos que atender a los niños y niñas que viajan solos, que llegan a nuestra tierra sin papá y sin mamá y les estamos dando la mejor acogida, como acogeríamos a nuestros niños”.
Otra de las responsabilidades de la consejera son las políticas contra la violencia de género, un tema que consideró “importantísimo”, porque “Tenerife cerró el año pasado con las peores cifras que recuerdo, después de muchos años trabajando con violencia de género, con mujeres asesinadas en la Isla”. En este sentido, aseguró que “tenemos que reforzar la red de atención”, pero, además, “tenemos que trabajar la prevención, para lo que tenemos programado un plan de prevención en edades tempranas, con recursos nuevos y especializados”.
Sobre este asunto detalló que está preparando un programa de atención a las mujeres violadas y otro destinadas a las mujeres prostituidas y recordó que la Ley canaria considera a las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género. Por esta razón, “tienen que tener todos los derechos que tienen las víctimas de violencia de género y tenemos que trabajar para que puedan ser libres”.