Los pensionistas con rentas bajas tendrán que pagar el 10% de sus medicamentos

La Consejería de Sanidad informa de que el Consejo de Gobierno de Canarias, en su reunión del pasado 19 de diciembre, decidió no renovar el Decreto 78/2019, que regulaba la gratuidad de la prestación farmacéutica a los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales a través de una subvención que finalizó el pasado 31 de diciembre.

De esta forma, a partir del 1 de enero de 2020, todos estos pacientes abonarán el importe correspondiente a los medicamentos, con los topes derivados de su código TSI (Tarjeta Sanitaria Individual) para las prescripciones financiadas. En el caso de las personas con TSI 002-01, las afectadas por el Decreto, la aportación establecida es de un 10% del PVP de los medicamentos prescritos, con un tope máximo de aportación mensual de 8,23 euros, según un comunicado de la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, el texto sostiene que la eliminación del copago farmacéutico continúa siendo uno de los objetivos del Estado, tal y como se formula en el Acuerdo de Gobierno suscrito recientemente entre el PSOE y Unidas Podemos, en el que se insiste en la progresiva eliminación del copago, tal y como ya se formuló en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Con todo, la Consejería de Sanidad mantiene su firme apuesta por esa iniciativa, comprometiéndose en la búsqueda de alternativas, en el caso de que no prosperara ese acuerdo nacional, que no supongan un perjuicio para los pensionistas canarios.

Presupuesto y evaluación

El Decreto 78/2019, de 6 de mayo, implicaba una subvención correspondiente sólo a 2019, sin disponer de una financiación específica y sin arbitrar los créditos presupuestarios necesarios para su sostenibilidad futura. De hecho, su continuidad en posteriores ejercicios presupuestarios estaba condicionada a la necesidad de seguimiento y evaluación de los índices de adherencia a los tratamientos, sin concretar qué estándares era necesario alcanzar para determinar esa continuidad.

En esa línea, el Decreto basaba su conveniencia en que supondría un aumento de la adherencia a los tratamientos. Sin embargo, el Servicio de Farmacia de la Dirección General de Programas Asistenciales realiza un análisis de los datos de forma sistemática, de manera que sólo se puede evaluar la retirada de los medicamentos prescritos y no su uso real. De esos datos se desprende que, durante 2019, se produjo un incremento en las dispensaciones de un 6’45% entre ese sector de la población, pero no se puede concluir que ello suponga un aumento de la adherencia. De esta forma, no se ha cumplido con la obligada monitorización del colectivo destinatario, a fin de determinar si efectivamente la subvención venía cumpliendo el objetivo perseguido, que no era otro que garantizar la adherencia a los tratamientos médicos de aquellas personas con rentas más bajas.