El Caso Las Teresitas se parece mucho a esos puzles en los que siempre se tiene la sensación de que falta alguna pieza. La historia de la playa es un cúmulo de acontecimientos que comenzaron a desarrollarse hace más de medio siglo, cuando algunas de las personas que participan en el juicio ni siquiera habían nacido. Es el caso del joven abogado Ruyman Torres, letrado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife entre 2002 y 2015, que este jueves encajó la última pieza, la que con tanto ahínco ha buscado la fiscal María Farnés Martínez para afianzar las acusaciones por malversación, especialmente después de fracasar en su intento de armar el rompecabezas del presunto cohecho que movió la operación.
Las tramas judiciales no se pueden entender sin todos los elementos que las componen, pero siempre hay hechos que apuntalan los delitos y ayudan a desenrollar la madeja en la que suelen estar envueltos. Que el Ayuntamiento comprara el frente de Las Teresitas por el triple de su valor, si se toma como válida la tasación de Pía Oramas, no deja de ser significativo. Pero solo hay una cosa más grave que pagar 53 millones de euros por algo que no vale más de 17: adquirir con ese dinero público algo que ya es tuyo.
La declaración de Torres reforzó una de las tesis principales de la Fiscalía, a quien le cayeron como agua de mayo los documentos hallados en la Gerencia de Urbanismo en 2013 sobre los que opinó este viernes el exabogado municipal. Según una escritura de 1967, que se encontró llena de anotaciones manuscritas, por las que se investiga al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, la Junta de Compensación habría cedido al Ayuntamiento capitalino más de 60.000 metros cuadrados como contrapartida al pago por parte del Consistorio de dos tercios de las obras que sirvieron para crear la actual playa artificial. El que fuera letrado de la Gerencia durante 13 años aclaró que parte de ese suelo era "edificable", en contra de la teoría de las defensas, que lo consideran incluido en la zona que actualmente comporta el dominio público.
En dos horas de testimonio ante los tres magistrados de la Audiencia Provincial que componen el Tribunal, a Torres le dio tiempo de explicar con calma su opinión y, probablemente sin saberlo, de desmentir la versión que minutos antes había dejado en la sala Mauricio Hayek, el que fuera asesor de la Junta de Compensación y de Inversiones Las Teresitas. El exabogado municipal aseveró que se toparon con fichas "solapadas en el inventario de bienes" del Ayuntamiento. En una de ellas, precisamente, figuran parte de los terrenos cedidos en 1967 incorporados al patrimonio municipal. Y ahí está la discusión.
Según Hayek, la Junta de Compensación abonó al Consistorio los 50 millones de pesetas que se establecieron como garantía para recuperar los terrenos, por lo que el suelo cedido habría vuelto a manos privadas. El también profesional del Derecho, que en 2008 fue detenido por su vinculación con la pieza separada que en octubre juzgará el expolio que sufrieron vecinos de Las Huertas, afirmó que se abonaron 39 millones al Ayuntamiento y los 11 restantes a través de un aval del Banco Popular "que aún está vigente".
Para Ruyman Torres, el pago nunca se llegó a completar, y por tanto el Consistorio compró en 2001 terrenos que ya eran suyos, como demuestran varios requerimientos hechos por la Gerencia de Urbanismo a la Junta para que abonase la deuda pendiente. Pero entonces, ¿qué pasa con el aval del Banco Popular?
La clave la dio la propia fiscal con sus preguntas, en las que evidenció constantes contradicciones, y lagunas de memoria, en la declaración de Hayek. María Farnés Martínez recordó que la cantidad que figura en el aval es de 12 millones de pesetas y no de 11. La representante del Ministerio Público considera que ese dinero se corresponde con el 6% que la Junta tenía que asumir de las obras.
Las conclusiones a las que llegó Torres golpearon con dureza las dos mesas en las que se aprietan cada jornada los 15 abogados de las defensas. Muchos de ellos optaron por responder con preguntas agresivas cuando les llegó el turno de intervenir, lo que provocó más de una llamada de atención del presidente del Tribunal. El principal argumento de los representantes de los acusados se basó en cuestionar que esos terrenos no figuren en el Registro, para lo que el exletrado de la Gerencia tuvo respuesta: "Ni la escritura de 1967 ni el convenio de 1986 tenían que inscribirse".
Que el suelo no esté registrado no evita una reflexión que el propio Torres formuló en voz alta: "Se hace muy difícil creer que alguien no consulte el inventario de bienes antes de comprar las parcelas". De haberlo hecho, se hubiera encontrado con que se iban a pagar con dinero público los 22.000 metros cuadrados que aparecen en una ficha de 1999, que modifica una del año anterior que cifra la superficie cedida en 41.000 metros cuadrados. Otro baile de cifras que no concuerda y que deja muchas dudas en el aire. ¿Por qué la superficie de los terrenos que figuran en el inventario no coinciden con los más de 60.000 metros cuadrados de la escritura de 1967? ¿Por qué en 1999 se modificó la ficha del año anterior sin tramitar expediente alguno? ¿Se refieren esas nuevas cantidades a la zona edificable a la que aludió Torres?
Pero no fue este el único asunto que generó debate, y sobre todo sorpresa, este jueves en el Palacio de Justicia. Las preguntas que hábilmente formuló la fiscal llevaron a Torres a relatar algunas anécdotas terroríficas del descontrol que campó a sus anchas durante años en la Gerencia de Urbanismo. El testigo explicó que descubrió que uno de los acusados, el funcionario Víctor Reyes, guardó bajo llave en dos armarios de su despacho distintos expedientes vinculados con Las Teresitas. "Sería para preparar su defensa para este juicio", intentó razonar el exabogado municipal ante una forma de custodiar los documentos que dice mucho sobre lo que ha sido el caso.
No sorprendió que la afirmación de Torres encendiera los ánimos del abogado de Víctor Reyes, con el que mantuvo un cálido enfrentamiento. Como tampoco sentó nada bien otra de las opiniones sobre la compraventa que deslizó como un huracán el joven letrado. "Lo mejor hubiera sido cambiar el planeamiento y expropiar los terrenos", aseguró mientras los abogados de los acusados se apresuraban a elevar sus protestas al Tribunal, que una vez más consideró demasiado interesantes las afirmaciones del testigo como para no tenerlas en cuenta.
Hayek, la "X" del caso
En la mañana del 3 de junio de 2008, un sopló alertó a un grupo de periodistas que cubría una rueda de prensa en el Ayuntamiento de lo que en esos momentos ocurría a escasos metros de allí: la Policía Judicial acababa de detener al abogado Mauricio Hayek y registraba con mimo su despacho, ubicado en la calle trasera del edificio consistorial. En pocos minutos, delante de la sede de operaciones del veterano letrado se congregó un grupo de ansiosos informadores que contemplaron como una decena de agentes vestidos de paisano sacaban en sus brazos, no sin esfuerzo, cajas y cajas repletas de documentación por el garaje del edificio.
De ese mismo garaje salió al rato un Citroen C3 que rápidamente se abrió paso entre la nube de periodistas y fotógrafos. En el sillón trasero, el detenido levantaba la cabeza como si no le importase ser el foco de las cámaras. Así es Hayek, que esa noche probó el duro colchón del calabozo de la Comisaría de Tres de Mayo, de donde salió imputado por apropiación indebida y otros delitos que serán juzgados este mes de octubre en una pieza separada del caso.
El Hayek que este jueves acudió como testigo al Palacio de Justicia poco ha cambiado. Vestido con un traje azul que no pasaba desapercibido, y con la misma seguridad con la que miraba a los periodistas el día en que fue detenido, se sentó delante de la fiscal a la espera de lo que sabía que iba a ser un duro interrogatorio. No se equivocó.
La representante de la acusación pública arremetió contra Hayek con duras preguntas sobre la cesión de los terrenos de 1967. Uno tras otro, lanzó certeros dardos que se clavaban en las contradicciones del letrado, al que logró hacer tambalear en varias ocasiones. Pero el veterano abogado tiene recursos y no se dejó amedrentar. Subió el tono e insistió en que los terrenos ni siquiera se cedieron al Ayuntamiento, "sino al Ministerio de Obras", en referencia al convenio que se firmó en 1986.
Hayek es capaz de defender una cosa y la contraria con la misma facilidad con la que puede asesorar a vendedores y compradores de unos mismos terrenos. Así, llegó a negar que hubiera trabajado para Inversiones Las Teresitas después de haberlo hecho para la Junta de Compensación. "Lo único que hice fueron servicios de asesoramiento técnico y cobré cantidades bastante buenas", explicó mientras la fiscal lo miraba con cara de circunstancias.
Cantidades buenas, sin duda, porque como le recordó María Francés Martínez, Hayek percibió de tres veces un total de 261 millones de pesetas "para que interviniera en la modificación del planeamiento", como admitió. Un suculento pago por parte de Antonio Plasencia e Ignacio González que se suma a las cantidades millonarias que recibió por asesorar a la Junta en la operación de 1998. Por eso, como coincidieron todos los periodistas que el día siguiente de su detención llenaron los quioscos de titulares, Hayek es la "X" del caso.
Su importancia se refleja también en una reunión que en enero de 2001, según quedó registrado en un acta plenaria, mantuvo con algunos destacados políticos, y otras personas, que se sientan en el banquillo: Miguel Zerolo, Manuel Parejo, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco. Un encuentro que Hayek negó hasta desgañitarse a preguntas de cada uno de los abogados salpicados por la acusación de la Fiscalía.
En dos horas y media, Hayek tuvo tiempo de demostrar que cuando habla no deja indiferente a nadie. Ni siquiera al propio exalcalde Miguel Zerolo. El testigo contestó con especial interés a las preguntas sobre el concurso de ideas que en 1999 convocó el Ayuntamiento de Santa Cruz. "Para mí, el decreto del alcalde incurría en prevaricación", llegó a manifestar ante la mirada atónita del dirigente de Coalición Canaria.
A Hayek no le gustó la decisión de convocar un concurso de ideas, que finalmente ganaría Dominique Perrault, en el que la Junta de Compensación "tuvo que pagar a los mejores arquitectos del mundo, que cobraron dos millones y medio de pesetas cada uno solo por venir". Y así siguió en su posición de víctima hasta afirmar que han sido "sometidos a engaños durante años por los que hemos tenido que pagar 800 millones de pesetas". Mientras el abogado decía esto, por fuera de la sala esperaba para entrar el siguiente testigo, Guillermo Acuña, uno de los dueños de terrenos en el Valle de Las Huertas que vio como sus propiedades eran vendidas por la Junta sin su consentimiento.
La intervención de Acuña fue breve, la parte penal de su caso se juzgará en octubre, pero no tanto como la de la última de los testigos, la hasta hace poco jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Isabel Cubas, que no pudo declarar porque el tiempo se echó encima del Tribunal. Finalmente lo hará este viernes, justo después de Rodolfo Núñez. El expresidente de CajaCanarias abrirá la sexta sesión del juicio a las 11.30 horas.
