Las juristas de Arona ratifican sus informes desfavorables
Las tres juristas municipales que fueron citadas en la mañana de hoy durante la séptima sesión del juicio por el caso Arona lo tienen claro: las más de 200 licencias denunciadas que concedió el Ayuntamiento entre 2003 y 2007 incumplían el ordenamiento vigente. Así lo aseguraron ante los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial durante su declaración como testigos, en la que ratificaron los informes desfavorables que emitieron durante la tramitación de los expedientes investigados.
La primera en prestar declaración fue la técnico Alicia Rodríguez, que recalcó que si emitía informes negativos era porque "estaba segura" de que las licencias no cumplían con la normativa existente. En la misma línea se pronunció su jefa inmediata en el organigrama municipal, Carmen Ana Díaz, que destacó que el incumplimiento era "categórico".
La jurista del Consistorio de Arona también coincidió con lo que en la primera semana del juicio manifestó el exalcalde Manuel Barrios sobre la práctica común que se seguía en materia urbanística: "Cuando llegué en 2002 ya era habitual que se dieran licencias con informes jurídicos desfavorables".
Carmen Ana Díaz recordó que los secretarios accidentales "hacían suyos los dictámenes desfavorables", como se recoge en algunas de las actas que obran en el sumario de la causa. "Examinaba el expediente de manera rigurosa y concienzuda antes de informar", concluyó la técnico.
Las tres juristas reconocieron, a preguntas de los abogados defensores, que en sus informes no se hacían "ni advertencias de ilegalidad ni reparos", porque no era su competencia, pero sí elevaban "una propuesta para que no se concediera la licencia", que además, como recalcaron, "tenía carácter preceptivo". La que con mayor contundencia defendió este criterio fue la jefa del Servicio de Planificación, Manuela Lidia Melo.
La funcionaria, que lleva en el Ayuntamiento desde 1980, aclaró que, aunque su función era "conformar" los informes de los técnicos que estaban por debajo de ella en el organigrama, "nunca" tuvo dudas: "Si una unidad no estaba gestionada, no procedía concederle la licencia", en relación a los permisos urbanísticos que la Junta de Gobierno aprobó en áreas donde no se habían culminado las obras de edificación y urbanización.
Ante la insistencia de los abogados de los acusados, que intentaron reducir el conflicto a una mera confrontación técnica entre los arquitectos y los juristas, Manuela Lidia Melo aseveró que, en su opinión, "no cabía otra interpretación" que la recogida en los informes de su departamento.
"Los informes eran negativos y proponíamos la denegación a la Junta de Gobierno", aclaró Melo, que también dijo que las licencias que incumplían el ordenamiento eran "nulas de pleno derecho". Preguntada por la abogada Olga Álvarez, que defiende a los siete exconcejales acusados, sobre las sentencias del Contencioso-Administrativo que contradicen los informes jurídicos del Ayuntamiento, a Melo no le tembló el pulso a la hora de contestar: "Yo la sentencia que conozco es la que anula el Plan General de Ordenación (PGO) y obliga a revisar las licencias".
Amenazas de muerte
Hoy también fue el turno de la declaración de uno de los denunciantes del caso, el exportavoz del PSOE en Arona Paco Santamaría. El político relató, en ocasiones con lágrimas, el calvario que dijo haber pasado junto a varios de sus compañeros de partido y algunos profesionales de los medios de comunicación por poner en conocimiento de la Fiscalía lo que denominó como "una trama en contra de los intereses de los municipios".
Santamaría recordó que en varias ocasiones le "rayaron el coche" y le "rompieron las lunas", además de que era habitual que el exalcalde José Alberto González Reverón "llevara a los enchufados de su partido a los plenos para que me abuchearan". Es más, el exconcejal socialista, que abandonó el partido por problemas internos a raíz de la denuncia, aseguró que fue "terrible" la presión que recibió, y llegó a reconocer que "a un periodista del periódico El Día le amenazaron de muerte".
En relación a las licencias y contrataciones investigadas, Santamaría insistió en que antes de poner la denuncia advirtió a los concejales del Gobierno municipal en los plenos y por escrito, al igual que el edil que representaba al PSOE en las comisiones de Urbanismo, que en aquella época era José Antonio Reverón, ahora en Ciudadanos por Arona.
También rememoró el exportavoz socialista, a preguntas del abogado de la acusación particular, una reunión a la que fue invitado por un cabo de la Guardia Civil y a la que asistieron, entre otros, el exalcalde José Alberto González Reverón, el exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa y el empresario Pedro Suárez. "Me tendieron una trampa para que entrara en su juego, pero me di cuenta", explicó Santamaría.
A preguntas de la abogada Olga Álvarez, con la que mantuvo un duro enfrentamiento, reconoció que en la década de los 90 su familia "cometió irregularidades" en una instalación de su propiedad, el Camping Nauta. La letrada de los políticos acusados interrogó al exconcejal socialista por los motivos por los que no denunció esos hechos al igual que había hecho con el resto de licencias.
El expediente del Camping Nauta, según el testigo, fue utilizado como un supuesto chantaje por parte del exalcalde. "Cuando denuncié el caso Arona empezaron a hacernos inspecciones en las instalaciones y nos impusieron una sanción de 340.000 euros, que finalmente la Justicia rebajó a 60.000 euros", admitió Santamaría.
Todos los testigos que pasaron hoy por el Palacio de Justicia negaron tener constancia de la existencia de la presunta red tejida entre políticos y funcionarios para cobrar por informar a favor de las licencias que se concedían. En el caso de Paco Santamaría, el exportavoz admitió que no tiene "ninguna prueba", y que lo único que ha escuchado son "rumores".
Mañana martes, a partir de las 9.30 horas, se reanudará la sesión con nuevas declaraciones de testigos. El juicio del caso Arona sigue su curso.