Las familias afectadas por el cierre de la residencia de Ifara reclaman una solución a las administraciones

Familiares de los residentes en el centro El Drago del Marqués, ubicado en la zona de Ifara de Santa Cruz de Tenerife expresaron en Mírame Televisión su desesperación: “El plazo para el cierre es de dos meses y no hay plazas en otras residencias”, aseguran.

El centro, que gestiona la empresa Amavir, está obligado a cerrar después de que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Canarias que declara nulas las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz por ser contarias al planeamiento urbano de la ciudad y condena a la empresa al derribo del edificio. El proceso judicial se inició a raíz de las denuncias de un vecino que ha logrado que la justicia le dé la razón.

Los afectados, además de la empresa, son los 176 internos y sus trabajadores. Según explicó una de las familiares de los residentes, en estos momentos “al no tener licencia” la empresa tampoco cuenta con un seguro y el plazo de dos meses es una estimación, porque “pueden ser dos meses, ocho o 24 horas; desde el momento en que se solicite la ejecución de la sentencia, tienen que cerrar”. De ahí la zozobra en que viven desde hace diez días cuando los convocó la dirección de El Drago del Marqués y les comunicó la situación.

Según otra de las afectadas, en el caso de los internos de plaza concertada la administración está obligada a reubicarlos y los privados tendrá que buscar otra residencia. Sin embargo, expresa su preocupación porque “en el centro hay familiares que están muy mal y no van a aguantar un traslado”.

Una representación de los familiares remitó un escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz, al Diputado del Común; al IASS, que depende del Cabildo de Tenerife, y a la de Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias en el que les comunican la situación y los requieren para que busquen una solución y se pongan en contacto con los afectados.

Hasta el momento, solo el IASS convocó a los 30 afectados que tienen plaza concertada por este Instituto y los emplazaron para dentro de 15 días. “Nos dijeron que no se van a quedar en la calle, que los van a reubicar, pero no sabemos nada”.

La reacción del Ayuntamiento

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, aseguró que la justicia pedirá a la corporación que restablezca la legalidad y que “en ese procedimiento cabe cumplar la sentencia o que, a través de un proyecto, las cuestiones que la sentencia considera incumplimientos se legalicen”.

Recuerda Tarife que la nueva empresa gestiona el centro desde hace dos años y que el procedimiento judicial viene de años atrás. “Yo senté la semana pasada a ambas empresas y la primera gestora es la que ha presentado un proyecto para la legalización”. Ahora espera por un informe de los técnicos sobre la viabilidad de esta propuesta en el plazo “de dos o tres semanas”.

Sin embargo, el pasado viernes, según cuenta, tuvo lugar una reunión con las tres administraciones implicadas “para pensar en un plan b” para los 176 mayores que reciben atención en ese centro.

Los familiares reaccionaron con “estupefacción” a estas manifestaciones del responsable de Urbanismo de Santa Cruz y recuerdan que cuando Amavir compró la residencia el procedimiento judicial ya estaba en marcha, pero “pensaban que esto se ganaba” por tratarse de una cuestión de interés social.

Ilegalizable

Por su parte, el portavoz de El Drago del Marqués, Roberto Rodríguez, admite que conocían que había un “primer pleito” interpuesto por un vecino, que “cuestionaba la altura de la residencia” y lo ganó, “pero era fácilmente solucionable”, porque se podía hacer las obras necesarias “suprimiendo muy pocas habitaciones” y se presentó un proyecto en el Ayuntamiento para poder realizarlas.

El problema es que el vecino realiza un segundo pleito en el que pedía la completa nulidad de las licencias con las que opera esta residencia desde el año 2009 y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó al Ayuntamiento. Rodríguez recalca que la Amavir fue la única que recurrió esa sentencia y que el Ayuntamiento no lo hizo. “Lo que dice la sentencia es que dice la sentencia es que las licencias son nulas y además dice de forma clara que son ilegalizables”, aclara.

El portavoz de la residencia afirma que para la empresa no fue “plato de gusto” sentarse con las familias para transmitirles nuestra decisión, “una decisión durísima tanto para trabajadores como para las familias, que no nos hubiera gustado dar nunca, porque la residencia funciona con un nivel de satisfacción muy alto por parte de los usuarios y unos niveles de calidad contrastados por todas las administraciones, pero la sentencia nos obligado”.

Roberto Rodríguez añade que el mismo día que ellos le comunican a las familias la situación el Ayuntamiento dice tener un proyecto para legalizarla, pero que les ha pedido el proyecto en reiteradas ocasiones y aún no se lo han remitido. “Queremos ver ese proyecto, porque queremos agotar todas las posibilidades que hay y queremos verlo para que nuestros técnicos lo analicen”, afirma.

Sin embargo, sostiene que la realidad es que “nuestros técnicos consideran francamente difícil poder legalizar la situación de la residencia y no queremos dar falsas esperanzas a las familias, pero vamos a esperar las dos semanas que dice el Ayuntamiento”.