La Fiscalía ve indicios de múltiples delitos en el área de Carreteras
Una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, a la que ha tenido acceso mirametv.com, pone en el centro de la sospecha la gestión del área de Carreteras del Cabildo de Tenerife entre los años 2007 y 2011. El Ministerio Público investiga al funcionario Miguel Pintor Sepúlveda por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía calcula en unos dos millones de euros la presunta malversación cometida por el exjefe del servicio técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife. Bajo la lupa de Anticorrupción se encuentran contratos que se pagaron por partida doble, adjudicaciones de obras sin la licitación obligatoria y el pago por servicios que nunca se realizaron. Las empresas que supuestamente se habrían beneficiado de las actuaciones del funcionario de la Corporación insular son Traysesa, propiedad de Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife; Señalizaciones Villar e Indra Sistemas.
Uno de los expedientes investigados está vinculado con el mantenimiento, vigilancia y conservación de la autopista TF-1. Según el escrito del Ministerio Público, el Cabildo habría pagado dos veces por el mismo servicio a la empresa Traysesa. En total, más de 414.000 euros que de forma presuntamente ilegal se abonaron a la sociedad de Miguel Concepción. En este caso, el propio Pintor Sepúlveda reconoció los hechos cuando fueron detectados por los controles de fiscalización del Cabildo, para lo que propuso una contrapartida que la Fiscalía considera insuficiente porque no contempló "la devolución en metálico con los intereses correspondientes".
Lo más llamativo es que en la denuncia también se alude a un correo electrónico de la propia entidad en el que se hace referencia a una cifra aun mayor por el mismo concepto: 703.905 euros. La fiscal jefe de Anticorrupción, María Farnés, llega a la conclusión de que "al parecer" esa cuantía "fue abonada indebidamente a Traysesa, lo que evidencia una gestión al margen del contrato oficial", para lo que se ingresaban "cantidades en exceso, incluyendo en certificaciones de obra actuaciones no prestadas o que no deben ser abonadas".
La denuncia del Ministerio Público pone en entredicho la adjudicación de seis obras en la autopista del norte de Tenerife a la empresa Señalizaciones Villar SA por 416.267 euros, ya que el Cabildo no recurrió a la debida licitación pública sino que tramitó los expedientes a través del contrato que la entidad mantenía con la Corporación Insular para la conservación ordinaria de la red de carreteras.
Pagos duplicados
Los supuestos desmanes del funcionario apuntan a una presunta malversación que habría cometido al permitir que durante 17 meses, desde octubre de 2008 hasta marzo de 2010, el Cabildo pagara más de 340.000 euros a Señalizaciones Villar por el mantenimiento del Centro de Control de Túneles de Tres de Mayo, a pesar de que las instalaciones ya habían sido trasladadas a su nueva sede, en el Intercambiador de la capital tinerfeña.
Precisamente, también se investiga el porqué de que la Corporación insular abonase un total de 470.802 euros a la UTE formada por Señalizaciones Villar e Indra Sistemas para el mantenimiento de la nueva sede cuando todavía estaba en ejecución la obra, en contra de los estipulado por el contrato, que fijó el pago del servicio solo durante los dos primeros años de funcionamiento del centro.
Contratos polémicos que también tienen su particular letra pequeña ilegal. Anticorrupción sospecha que el software necesario para la gestión centralizada del control de los túneles "se adquirió por duplicado". Casi 150.000 euros que se habrían abonado de más a la UTE Señalizaciones Villar e Indra Sistemas por este concepto.
La Fiscalía Anticorrupción, que en la denuncia también alude a una supuesta concesión ilegal de una licencia para una gasolinera, investiga por último la gestión de la integración del túnel de El Guincho en el Centro de Información de Carreteras, que "se adquirió a través de tres contratos distintos".
El Ministerio Público solicita que presten declaración en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife en calidad de testigos José Luis Delgado, consejero de Carreteras entre 2011 y 2015, y Ofelia Manjón, directora insular del área, de donde fue trasladada en 2014 y reincorporada tras las pasadas elecciones locales. Se da la circunstancia de que Manjón ocupó el puesto de consejera delegada de Prointec SA entre 2008 y 2010, una empresa que en 2007 fue adquirida por el Grupo Indra.
La denuncia de la Fiscalía parte de un expediente interno que realizaron los servicios jurídicos del Cabildo tras detectar múltiples irregularidades en la gestión de diferentes contratos del área de Carreteras. Unos hechos que también fueron denunciados por el exconsejero José Luis Delgado. En el escrito del Ministerio Público no se alude a otras actuaciones en las que existen indicios de ilegalidad y que inicialmente fueron investigadas, como la obra del enlace de San Isidro.