La Fiscalía pide una nueva imputación tras la declaración de Clavijo
Casi tres horas. Ese es el tiempo que pasó esta mañana el alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas, Fernando Clavijo, delante del juez de la Operación Corredor, César Romero Pamparacuatro, y la fiscal Anticorrupción, María Farnés, durante su declaración en calidad de imputado. Tras escuchar su testimonio, el Ministerio Público añadió una nueva petición de imputación contra el político nacionalista, vinculada con un presunto trato de favor a la discoteca El Palco, que se suma a las otras seis actuaciones presuntamente delictivas por las que se encuentra investigado y que figuran en el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Aguere en noviembre de 2014.
Bajo una nube de expectación, en una jornada en la que una veintena de medios de comunicación se dieron cita en el nuevo edificio judicial de La Laguna, Clavijo llegó en torno a las 9.30 horas acompañado de su abogado, Esteban Sola, y del letrado Víctor Díaz. Poco antes de las 13.00 horas abandonaba el Palacio de Justicia con aspecto cansado, pero decidido a dar una rueda de prensa para explicar su posición, que tuvo lugar minutos después a escasos metros, en la Casa de los Capitanes.
Antes que el alcalde nacionalista abandonó el Juzgado Carlos Álvarez, abogado de otro de los imputados y representante del resto de letrados, que confirmó la petición de la Fiscalía y aseguró que el juez "dio su visto bueno" a los argumentos del Ministerio Público, con la excepción del caso de la presunta mediación delictiva de Clavijo en la contratación de un trabajador de Urbaser; una imputación que no apoya Farnés pero que, de momento, mantiene Pamparacuatro.
Carlos Álvarez también explicó que la fiscal preguntó a Clavijo por los hechos que se derivan de las escuchas telefónicas , incluida la parte que, de anularse los pinchazos que se llevaron a cabo sin autorización expresa de la anterior juez instructora, podría ser desestimada. Este hecho, en criterio del abogado, "puede dar validez a las intervenciones que son objeto de una posible anulación", lo que vuelve a complicar aún más los cálculos de los que hacen quinielas sobre la posibilidad de que la investigación finalice antes de mayo.
En la rueda de prensa posterior a su declaración, el candidato de CC insistió en que ha "despejado dudas" sobre cualquier "conducta inadecuada", ya que “siempre se ha actuado siguiendo los informes técnicos”. El alcalde de Aguere aclaró que su candidatura sigue a disposición de su partido, pero explicó que su intención es presentarse aunque llegue imputado a las elecciones. En relación al caso concreto de El Palco, el mandatario argumentó que ha defendido su "actuación impecable" en la tramitación. "El acta de la que duda la Fiscalía está y se va a acreditar”, concluyó.
Fernando Clavijo está imputado por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad documental por los indicios detectados en seis actuaciones presuntamente delictivas: la mediación en la contratación de un trabajador en la concesionaria Urbaser, la tramitación de dos ayudas para el realojo habitacional de una concejala del PSOE y un representante vecinal del barrio de Las Chumberas, el supuesto acuerdo tácito para hacer la vista gorda ante determinados locales del Cuadrilátero que se deriva de la grabación aportada en la denuncia inicial, la tramitación de una licencia de apertura de una cafetería de La Cuesta, y el posible trato de favor al dueño del pub Utopía; a las que ahora se suma la petición de la Fiscalía para que se incorpore el caso de la discoteca El Palco por un presunto delito de tráfico de influencias, único de los asuntos que no menciona el juez en el auto que dictó el pasado mes de noviembre cuando levantó el secreto de sumario.
Fernando Clavijo defendió en la rueda de prensa que "no hay nuevas imputaciones", sino que las cuestiones que planteó la Fiscalía durante su declaración se encuentran dentro de una “imputación general"; aunque preguntado si no era posible que estuviera imputado por cada una de ellas, en línea con los argumentos del Ministerio Público, respondió que no podía decirlo porque no sabe "de Derecho, y menos de Derecho procesal".
Para llegar a sus conclusiones sobre la nueva imputación, la Fiscalía profundizó, como ya hizo en un escrito que presentó ante el juez en diciembre, en el caso de los supuestos favores que de forma continuada recibió el propietario de la discoteca El Palco, Evaristo González, principal investigado en la Operación Corredor. El 5 de febrero de 2011, la Policía Local de Aguere levantó un acta sancionadora al local por incumplir el horario de cierre, lo que llevó a su dueño a ponerse en contacto con José Antonio Santana para evitar la posible sanción. En esas primeras llamadas, el presidente de la Fecao le dice que ha intentado contactar sin éxito con el jefe de la Policía Local de La Laguna y con el propio alcalde. No deja de ser significativa que José Antonio Santana le recordase a su interlocutor que tanto el responsable del Cuerpo de Seguridad como Clavijo le han dicho que "estas cosas no las digamos por teléfono, sino en persona".
Dos días después, el 7 de febrero de 2011, se produce una nueva conversación entre Evaristo González y Santana en la que este último le dice que esa misma mañana "ha hablado tanto con el alcalde como con el jefe de la Policía Local y a ambas personas les ha dejado copia del acta". Cuarenta y ocho horas después, a través de un SMS, el presidente de la Fecao avisa al propietario de El Palco de que el asunto "ha quedado resuelto". Esto motiva a González a llamar a otro de los imputados, el empresario Carlos Machín Quintero, para darle la noticia. En la llamada sale a relucir la actuación de un agente municipal que "está levantando actas" a El Palco y que otro policía, al que la Fiscalía pide citar en calidad de imputado y que está "muy agradecido" a Evaristo González por haberle ganado una causa en la que le defendía, "le ha asegurado que él y su compañero acuden a dicho local con el coche diez minutos antes de la hora de cierre para evitar que pueda actuar", como consta en el escrito del Ministerio Público.
A la fiscal le llama la atención que, en base a lo confirmado por la secretaria municipal, "durante el año 2011 no se ha incoado expediente alguno a El Palco", a pesar de que consta en la documentación que el acta de la sanción fue remitida a la Gerencia de Urbanismo, que posteriormente apareció "grabada en el sistema informático aunque por la misma no se ha incoado expediente alguno". Todo lo contrario ocurre con otro procedimiento sancionador abierto a un local y del que se informa en el mismo oficio que se remite a Urbanismo con el acta de El Palco: el caso del Restaurante La Alpargata, al que, también por el incumplimiento del horario, se le incoó el correspondiente expediente sancionador. María Farnés considera que estas actuaciones "presentan indicios de un delito de tráfico de influencias”.