La Fiscalía de Canarias emite un informe en que se muestra partidaria de devolver a los Juzgados de La Laguna el caso Grúas, después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya dejado de estar aforado tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.
Responde así a un requerimiento de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), después de que la defensa del presidente dirigiera un escrito al tribunal en protesta por el retraso del Ministerio Público para pronunciarse sobre este caso.
Tras este informe de la Fiscalía, será la Sala de lo Penal del TSJC la que tendrá que emitir un auto de inhibición para que la causa retorne al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, donde ya figuran como investigados el actual alcalde de la Ciudad de los Adelantados, José Alberto Díaz, y el concejal Antonio Pérez Godiño, ambos de Coalición Canaria.
La Fiscalía no se pronuncia hoy sobre si ve o no razones para investigar al presidente y se remite al informe emitido el 27 de julio por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el que sí se ve indicios de que Clavijo pudo cometer delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
El caso Grúas
La causa del caso Grúas parte de la denuncia interpuesta en 2014 por los concejales de la oposición lagunera Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez, representantes de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unidos Se Puede.
El asunto que denunciaron arranca en 2003 cuando Fernando Clavijo era concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna y propone la externalización del servicio municipal de grúas, que se adjudica en 2004 al empresarios José Padilla González por un plazo de cinco años prorrogables. En 2005 el Ayuntamiento autorizó la cesión del contrato de las grúas a la empresa Autogrúas Poli SL, que prestó el servicio hasta 2013, cuando entró en una situación de casi quiebra: no pagaba las nóminas y, además de otras irregularidaridades, llegó incluso a carecer de tarjeras de tansporte.
Así las cososas, en 2014, con Clavijo ya como alcalde, la Junta de Gobierno aprobó la intervención y asunción temporal del servicio y nombró a dos funcionarios para llevar a cabo esta misión, pero éstos adviertiron de "la inestable situación económica-financiera de la entidad concesionaria", según recoge el auto de apertura del caso de la Audiencia Provincial la Audiencia Provincial. En estos momentos la deuda de la empresa superaba los 300.000 euros y tenía problemas de liquidez para hacer frente a los impagos a la Agencia Tributaria, con los créditos embargados y los ingresos bloqueados.
Es entonces cuando Clavijo firma un decreto que levanta los reparos formulados por la Intervención respecto a la concesión a Autogrúas Poli SL de un préstamo por importe de 120.000 euros. Estos reparos advertían que la decisión carecía de cobertura legal y vulneraba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sin embargo, la decisión de Clavijo se fundamenta en el dictamen de catedráticos de Derecho Financiero y Derecho Administrativo de La Laguna.
Concede así el préstamo a Autogrúas Poli SL, de la que eran socios algunos de sus trabajadores, según se recoge la escritura de la entidad fechada en abril de 2011. Estos trabajadores, según la declaración de algunos testigos ante el juzgado lagunero que lleva la causa, matenía alguna relación con el alcade Clavijo: habían compartido ido con él al trabajo en Leroy Merlin o acudían juntos a clases de artes marciales.
Además, la empresa a la que se concedió el crétido tuvo su sede durante un tiempo en el mismo lugar que la asesoría Administración Ecológica SL, de la que Clavijo fue administrador hasta marzo de 2009.
Para la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ordenó en su día al Juzgado investigar el asunto, es relevante que el Ayuntamiento pagara los atrasos a Autogrúas Poli SL solo en el momento en que se ejecutó el traspaso de la sociedad por parte de José Padilla a ese grupo de empleados.
Con todo, en agosto de 2014, Autogrúas Poli SL se vendió por un euro a Grúas y Servicios Adeje SL, quue asumió la deuda estimada en ese momento en 715.215 euros. Ese mismo año, la oposición interpuso la denuncia.
