El Ayuntamiento tinerfeño de Santa Úrsula utilizó a una empresa de trabajo temporal para vestir de legalidad la contratación de personas afines / Varios testigos contradicen el testimonio de los dos acusados en la vista oral que sentó en el banquillo a una exalcaldesa del PP a un concejal del PSOE / La causa queda vista para sentencia después de dos sesiones y más de 16 horas de declaraciones judiciales
No todo fue arrepentimiento en el juicio que sentó esta semana en el banquillo a la exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP), y al que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento durante el mandato 2011-2015, el concejal del PSOE Víctor Hernández. El descaro que caracterizó la gestión de los procesados, para quienes las acusaciones solicitan 10 años de inhabilitación especial por un presunto delito continuado de prevaricación, tras convertir el Consistorio en una especie de oficina de empleo para amigos y compañeros de partido, es un elemento clave para entender la vista oral que se celebró en el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.
Existe una creencia popular que sostiene que todo político coloca a sus amigos y allegados en las administraciones públicas que gestiona. Pocas veces, sin embargo, esta percepción de la realidad asentada en la mente de la sociedad deriva en el castigo penal de los responsables. Son escasas las ocasiones en las que los juzgados se topan con procedimientos tan claros como para condenar a los promotores del enchufismo, pero también ocurre. Históricos alcaldes, como José Alberto González Reverón (CC) en Arona o Macario Benítez (PSOE) en El Rosario, han sido enterrados en el barro de la corrupción por ello. En el caso de Santa Úrsula se repite un factor que convierte estas causas en diferentes: el descaro.
En medio de una crisis económica que llevaba las tasas de paro a niveles incapaces de sostener la dignidad social, una veintena de personas vinculadas a los principales gestores del Ayuntamiento entraron por la puerta de atrás en el Consistorio mediante cuestionadas prestaciones de servicios y negociados sin publicidad. Una forma de proceder novedosa, la de los "falsos autónomos", como son denominados por las acusaciones, que otorga un aroma especial a la causa que la hace aún más interesante, si cabe, desde el punto de mira de la doctrina y la posible jurisprudencia que se derive.
El descaro en la gestión de lo público suele degenerar en otros elementos que acompañan a este tipo de conductas. La mentira es uno de ellos. Durante la vista oral, además del momento decisivo del arrepentimiento de una de las enchufadas (ver parte I), fueron numerosas las contradicciones que saltaron entre los acusados y los testigos. La teoría dice lo siguiente: a los primeros se les permite mentir durante una vista oral, pero no a los segundos. El falso testimonio es un delito penado con cárcel, como se encargó de recordar la jueza Beatriz Méndez a cada una de las 38 personas que prestaron testimonio en la sala de vistas número 9.
Durante su declaración como acusados, Milagros Pérez y Víctor Hernández mostraron sin recato sus personalidades. Ella, segura en su discurso, se atrevió incluso a realizar valoraciones jurídicas; él, mucho más nervioso, se hizo un lío en ocasiones para lograr defender sus actuaciones. En los juicios penales, lo habitual es que los encartados declaren en primer lugar, como ocurrió también en esta ocasión, aunque hay veces en que el orden se invierte para que sean los últimos en ser interrogados, lo que permite que puedan contestar después de haber escuchado a los testigos. Así lo hicieron con el caso Las Teresitas.
Que el desarrollo del juicio se llevase por la vía habitual provocó que los acusados defendieran cuestiones que fueron contrariadas con firmeza por los testigos. Mantuvieron que siempre actuaron en base a los criterios de los técnicos, los mismos que al día siguiente declararon que advirtieron por escrito y verbalmente de la existencia de irregularidades en las contrataciones. Su actuación merece un paréntesis porque ni al fiscal ni a la acusación popular les convenció el hecho de que, de entrada, dejaran pasar las primeras contrataciones mediante prestaciones de servicios. Una actuación que intentaron compensar después al informar de forma negativa de los negociados sin publicidad. Así se lo contaron a la jueza, que tomó buena nota de su actuación. Medir las veces que una magistrada coge apuntes durante una vista oral es un buen indicador para descubrir las cuestiones que más despiertan su interés.
No fue esta, ni mucho menos, la única contradicción. Una de las vías que utilizaron para abrir la puerta de lo público a personas allegadas fue la utilización de una empresa de trabajo temporal (ETT), en este caso Adecco, aunque algún testigo también nombró a Urbaser, para vestir de legalidad estas prácticas. Por ahí se coló, incluso, una compañera de filas del PP que fue en la lista electoral de 2011 y a quien la decisión popular dejó fuera del Consistorio. Milagros Pérez y Víctor Hernández negaron hasta perder la saliva haber influido en la selección del personal que Adecco enviaba al Ayuntamiento. Que entre la lista de testigos figurase el nombre de la directora de la ETT aventuraba una tarde de martes llena de emociones. Y así fue.
La directora de Adecco, después de varias horas de espera por fuera de la puerta de la sala, en esos campamentos de batalla en los que se convierten los pasillos del Palacio de Justicia cuando se acumulan causas con muchos testigos, se plantó delante de la jueza Beatriz Méndez con la intención de perder el menor tiempo posible. Lo demostró desde que empezó a contestar a las acusaciones de forma directa; sin generar ni el menor atisbo de duda en su declaración.
"¿Quién seleccionaba a las personas que mandaba Adecco al Ayuntamiento?", se escuchó desde la bancada que ocuparon el fiscal Santiago Guibert y el abogado de la acusación popular, Cristo Suárez. "El Ayuntamiento", replicó la directora de la ETT como si le hubieran preguntado por la cena de la noche anterior. "¿Cuántos?", quisieron saber. "Todos", contestó casi antes de que sonara la última letra de la pregunta. Desde el Consistorio de Santa Úrsula daban instrucciones a la empresa de trabajo temporal sobre las personas que tenían que ser seleccionadas, después de encargarse de que los currículos de los interesados destacaran en la mesa de la ETT. "Eso también pasa con otros ayuntamientos", llegó a decir la testigo, lo que se encargó de recordar en sus conclusiones el abogado de Milagros Pérez, Iván Andueza. La diferencia es que no en todas las administraciones hay personas que se atreven a denunciar estas prácticas en los juzgados.
La bolsa de psicólogos
El descaro y el desprecio a los principios básicos de las contrataciones públicas (la concurrencia, la publicidad, los méritos, etcétera; que no son otra cosa que pilares que garantizan la igualdad de oportunidades) alcanzaron en Santa Úrsula niveles difíciles de medir con la vara de la lógica democrática. Especial mención merece el caso de una psicóloga contratada para sustituir la baja de otra psicóloga cuando en el Ayuntamiento estaba en vigor una bolsa de trabajo de psicólogos, en la que figuraban psicólogos que habían superado un proceso de selección para psicólogos y al que no concurrió la psicóloga enchufada. Es tan difícil de leer como de entender.
La justificación que dio la beneficiada, que primero entró por medio de una prestación de servicios y después fue reenganchada a través de un negociado sin publicidad, es que fue contratada como "técnico de psicomotricidad" y no como psicóloga, pese a ser psicóloga y coincidir su incorporación con la baja de otra psicóloga estando vigente una bolsa de psicólogos, a los que, por cierto, nadie ha preguntado qué les parece que no les llamaran desde el Ayuntamiento para ofrecerles esa posibilidad. Las acusaciones sí pusieron el acento en la buena relación de la pareja sentimental de la beneficiada con el concejal Víctor Hernández, que llegó a prestar servicios como kinesiólogo durante unas jornadas de "salud alternativa" organizadas por el político socialista, como el propio acusado reconoció desde el banquillo. Que se invierta el dinero público en fomentar la homeopatía y las terapias sin bases científica no es objeto del juicio, pero la noticia generó algún respingo entre los presentes en la sala.
No dejó de ser sorprendente que la existencia de la bolsa de trabajo para psicólogos fuera algo que pasaran por alto los técnicos municipales, sobre todo porque llegó a publicarse en el Boletín Oficial de Provincia (BOP), la Biblia de las administraciones locales. El interventor accidental entonces, hoy jefe de contabilidad del Consistorio, reconoció durante su declaración como testigo que "había días en que no leía el BOP". Que la fiscalización de la legalidad de un ayuntamiento pueda depender de si el funcionario de turno se acueda de consultar las publicaciones oficiales es algo que invita a una profunda reflexión. Eso fue lo que pareció reflejar la cara del abogado de la acusación popular, siempre solo en sus emociones frente a la frialdad de los gestos del fiscal.
Sería un error pensar, en cualquier caso, que el descaro de contratar a personas por afinidades políticas se limitó solo a la arquitecta técnica arrepentida o a la militante que se quedó fuera pese a ir en la lista. Otro hijo de otro socialista insigne de Puerto de la Cruz, Domingo Perera, fue contratado mediante la vía de las prestaciones de servicios por el Ayuntamiento por su condición de pedagogo (las acusaciones consideran que en esta caso también se podía haber recurrido a la bolsa de psicólogos porque su entrada también coincidió con la baja de otra psicóloga). Durante su declaración fue muy vehemente a la hora de defender su valía y experiencia. Sus palabras chocaron contra el muro de lo que con anterioridad había expresado el denunciante del caso, Octavio Hernández, que trabajaba en el área social del Ayuntamiento hasta que fue despedido cuando empezó a cuestionar las contrataciones presuntamente ilegales. En su testimonio explicó que le llegó a presentar "un proyecto en dos folios y medio valorado en 700.000 euros, cuando todo el presupuesto de la Concejalía rondaba los 500.000 euros". Suma y sigue, como "Suma" era el nombre de la ambiciosa iniciativa que acabó en una gaveta.
Descaro también fue el que mostró otro de los beneficiados de la política del enchufe. Un periodista que resultó no ser periodista, al menos de título, y que fue contratado para llevar la comunicación del área de la Mujer, "en auge en aquel momento", como relató durante su declaración como testigo. Lo llamativo es que su incorporación, también mediante una prestación de servicios, se llevó a cabo por un Ayuntamiento que entonces no contaba con un gabinete de prensa. Como era previsible, en el juicio quedó demostrado que el protagonista de esta historia, aunque lo negó sin recato, se convirtió de hecho en el máximo responsable de la comunicación en el Consistorio norteño.
Así lo confirmaron varios testigos durante la vista, y así lo puede acreditar cualquier periodista que haya tenido que informar sobre la actualidad de Santa Úrsula en el período de los hechos juzgados. Su contacto era el que facilitaban desde el gabinete de comunicación del Partido Popular; su teléfono el que sonaba cada vez que era necesario tomar declaraciones a la exalcaldesa. Junto con el descaro de negar una evidencia fácilmente demostrable y con el dato probado de que llegó a cobrar en dos ocasiones dos veces un mismo mes, es especialmente significativo que después de su salida del Ayuntamiento en 2013 (fue de los pocos cuyos servicios continuaron tras el pleno de agosto de 2012 en el que estalló la polémica) volvió a trabajar para el Consistorio mediante una empresa que administraba. En los autos constan hasta cuatro facturas. Eso sí, se enfadó mucho cuando le preguntaron si su contratación estaba relacionada con el vínculo familiar que mantiene con un destacado columnista. "Mi tío no tiene amigos en política", aseguró en el estrado judicial. Para estas cosas están las hemerotecas.
Fueron muchas las historias de enchufismo que sacudieron las paredes del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña. No cabe por menos que destacar a un matrimonio que participó en la campaña electoral del PP en 2011, como quedó más que acreditado en la vista, y que demostró una preocupante falta de comunicación conyugal durante su testimonio. Ambos fueron contratados de forma consecutiva, primero él y después ella, pese a que ninguno supo explicar con claridad en qué consistía la labor del otro. Como tampoco pudieron aclarar por qué las facturas de ambos compartían siempre el mismo importe pese a que, teóricamente, los servicios prestados eran distintos: 1.584 euros; ni un céntimo más, ni un céntimo menos.
La última palabra
El descaro tampoco faltó en la última palabra, la que por ley tienen siempre los acusados en los juicios. Después de haber escuchado a la arquitecta arrepentida desplomarse mientras confesaba que se amañó su procedimiento de contratación, Víctor Hernández se levantó de la silla para defender su inocencia, impulsado por la euforia que le había transmitido minutos antes su abogado, Jonay Rodríguez, a su vez poseído por la furia con la que descargó su informe de conclusiones, con más gritos que argumentos jurídicos. El concejal del PSOE lo hizo; negó haber participado en el apaño del ya inolvidable negociado sin publicidad que se simuló para colar en el Ayuntamiento a la hija de un destacado compañero socialista.
La reacción de Milagros Pérez, su descaro, fue menos sorprendente, sobre todo para las personas que han seguido de cerca su trayectoria política. La exalcaldesa es uno de esos seres capaces de defender que el caballo blanco de Santiago es azul mientras explica su programa electoral. Con una capacidad innata para estirar la realidad hasta fines insospechados, llegó a asegurar a la prensa durante la instrucción de la causa que no estaba imputada incluso después de haber declarado en el juzgado en calidad de (es fácil de adivinar) imputada. Como muchos en su situación, tiró del manual típico del acusado para repetir un discurso ya conocido: "Siempre seguí las instrucciones de los técnicos", "he sufrido un juicio paralelo" o "estoy aquí por una venganza política".
Sus palabras fueron difíciles de digerir para el escaso público que siguió con interés las 16 horas de juicio. Su afirmación, la de que todo se hizo con el apoyo de los técnicos, un clásico entre los clásicos, se atraganta con las declaraciones de los propios trabajadores del Ayuntamiento tinerfeño, que esa misma mañana fueron claros a la hora de corroborar lo que en su momento hicieron por escrito: ellos advirtieron a los acusados de las irregularidades que motivaron la causa penal; por eso, precisamente, no acabaron con sus huesos en el banquillo de los acusados.
El juicio paralelo, o lo que también podría considerarse como la información que por derecho constitucional tienen que recibir todos los ciudadanos, es otro argumento habitual al que recurren con frecuencia los procesados por delitos vinculados con la corrupción. Como si entre las acusaciones no figurara también la posición de una Fiscalía que representa el interés general, Milagros Pérez llegó a relatar desde lo más profundo de su alma que han habido "medios de comunicación que solo publicaban las versiones de la acusación". La misma Milagros Pérez que le dijo a los periodistas que no estaba imputada cuando lo estaba decidió que tenía que aprovechar sus últimas palabras en el juicio para acordarse de la prensa.
Cierto es que el caso de Santa Úrsula tiene mucho de guerra política; la que emprendieron seis concejales del PP con la exalcaldesa, precisamente, a cuenta de las irregularidades en las contrataciones. Llegaron a presentar una denuncia de la que posteriormente se retiraron, lo que no supieron explicar con claridad durante su testimonio en el juicio, por lo que su participación quedó más bien vinculada al oportunismo que a la búsqueda de la justicia. "La venganza política" a la que se refiere Milagros Pérez, en cualquier caso, hace referencia al denunciante de la causa, al que culpa y señala como responsable de su enjuiciamiento por una supuesta cuestión personal. Para llegar a un banquillo hace falta mucho más que una denuncia, pero a la exalcaldesa hay veces que se le olvida lo extensa que ha sido la instrucción y el papel que ha jugado la Fiscalía en todo este procedimiento.
Con su descaro habitual, acusó al denunciante de poner la denuncia en respuesta a su despido. Octavio Hernández, que explicó su versión durante su declaración, lo presentó justo al revés: fueron sus quejas por las irregularidades en las contrataciones (llegó a advertírselo a otros concejales, como confirmaron testigos en la vista) las que provocaron que fuera despedido de su puesto de trabajo después de casi ocho años en el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Hay un consejo habitual que suelen dar los buenos abogados a sus clientes: nunca niegues en un juicio nada que esté demostrado documentalmente. Una sugerencia que nadie le dio a Milagros Pérez.
Durante sus intervenciones, la acusada y los abogados de las defensas repitieron en numerosas ocasiones que la justicia consideró el despido del denunciante como "procedente". Lo hicieron más de una, de dos y de tres veces. Lo exclamaron con descaro y sin ningún tipo de pudor. Nunca niegues en un juicio nada que esté demostrado documentalmente, le dicen los buenos abogados a sus clientes. Aunque la demanda inicial pedía la nulidad por vulneración de derechos fundamentales, el Juzgado de lo Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia dictada el 25 de junio de 2012, estimó parcialmente las pretensiones de Octavio Hernández y declaró "improcedente" el despido. No hace falta ser un consumado laboralista para conocer la gran diferencia que existe entre un despido procedente y uno improcedente.
En los casos de corrupción, presunta en esta causa hasta que una sentencia firme diga lo contrario, el ataque a los denunciantes se convierte en el gofio de cada tazón de leche. La sentencias están para poner a cada uno en su sitio; el problema es que suelen hacerlo demasiado tarde. Mientras no exista una mayor protección para todos los trabajadores de lo público que se arriesgan a denunciar las ilegalidades que campan en su entorno, hasta que el miedo deje de ser un obstáculo para combatir las injusticias, será complicado acabar con el descaro y la impunidad con la que algunos manejan el dinero de todos. Aunque siempre hay excepciones. El juicio a la política del enchufe que se apoderó del Ayuntamiento de Santa Úrsula, por ejemplo, ya está visto para sentencia.
