Crónica de la vista oral que sentó en el banquillo a la exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP), y al concejal Víctor Hernández (PSOE) / Las acusaciones piden 10 años de inhabilitación para cada uno de los procesados por colocar en el Ayuntamiento tinerfeño a personas afines / Una testigo confiesa que se amañó un procedimiento de contratación para beneficiarla
Santa Úrsula es un municipio de Tenerife con una población que ronda los 15.000 habitantes. Es una localidad de sangre rural con una ubicación privilegiada que abre la puerta a uno de los enclaves de mayor belleza de la isla, el valle de La Orotava. En 2011, tras una historia política dominada en democracia por la Agrupación Independiente de Santa Úrsula, que nació de una antigua semilla de la UCD y que hoy es una extensión de Coalición Canaria, el Partido Popular arrebató el bastón de mando a los nacionalistas gracias a un pacto atípico con el único concejal del PSOE, Víctor Hernández Barroso, que colocó en la Alcaldía a una mujer de fuerte carácter y tirón popular llamada Milagros Pérez León. Ambos se sentaron esta semana en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 5 acusados de fomentar una presunta trama prevaricadora que convirtió al Ayuntamiento en una oficina de empleo para amigos y compañeros de brega política.
Como en tantas ruedas de prensa y plenos municipales durante el mandato 2011-2015, Milagros Pérez y Víctor Barroso ocuparon asiento uno al lado del otro, pero en un escenario mucho más incómodo: la sala de vistas número 9 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. En su horizonte, a su derecha, los letrados que piden para cada uno de ellos 10 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada. Primero el abogado de la acusación popular, Cristo Suárez; un joven decidido y con buena planta que ha impulsado la causa desde que explotó en 2012 en un juzgado de La Orotava. A su lado, el fiscal Santiago Guibert; un hombre de hielo que reprime sus emociones pero no logra ocultar sus habilidades, siempre hundido en la silla. Parece que la cosa no va con él, pero domina los procedimientos con un saber matemático.
Justo enfrente de los acusados, la jueza Beatriz Méndez. Como diría el grupo Sidecars, "¿cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento?, ¿cómo puede caber ahí dentro?, ¿en ese amasijo de huesos?". Lejos de lo que pudiera parecer tras una primera impresión, el caso cayó en manos de una superdotada del derecho, y no solo por haber superado una de las oposiciones más duras para llegar a la judicatura de forma precoz, sino especialmente por el legado que ha dejado en estos años en los que ha estado al frente del Penal Número 5. Sus manos escribieron las sonadas sentencias del caso Varadero y, especialmente, del caso Mamotreto; una resolución incuestionable y que, a pesar de ser objeto de feroces críticas en algunos medios de comunicación, fue ratificada punto por punto, letra por letra, por todas las instancias superiores, incluido el Tribunal Supremo. En el juicio a los políticos de Santa Úrsula volvió a demostrar su capacidad para llevar las riendas de una vista; volvió a ser decisiva con sus preguntas.
A la izquierda del banquillo, en el siempre complicado papel de defender a los representantes de lo público, dos compañeros de partido de los acusados, en lo que no deja de ser un guiño más de lo que representa esta causa. La defensa de Milagros Pérez fue llevada por el abogado Iván Andueza, exconcejal del PP en Santa Úrsula. A su lado, en representación de Víctor Hernández, el letrado Jonay Rodríguez, exsecretario general de las Juventus Socialistas y exedil del PSOE en Puerto de la Cruz, un municipio cuya antigua savia socialista también adquiere un protagonismo especial en el procedimiento. Entre ambos, juristas y encartados, el micrófono al que se enfrentaron los 38 testigos que prestaron declaración en una vista que se prolongó durante 16 horas, repartidas en dos sesiones, y que transportó a los asistentes hasta las entrañas de la gestión del Ayuntamiento de Santa Úrsula en los dos primeros años del mandato 2011-2015.
El contexto
En las elecciones de la crisis, que pintaron del azul del Partido Popular el mapa político de España, conservadores y socialistas firmaron un pacto atípico en Santa Úrsula para acabar con el dominio municipal de AISU y el exalcalde Ricardo García, también investigado por otros lodos judiciales. No llegaron solos. Con ellos se produjo la renovación de todos los puestos de confianza que componen el séquito de cada partido político, pero la coyuntura económica limitaba mucho en aquella época la flexibilidad para llevar a cabo contrataciones, con la oferta pública de empleo congelada, lo que dejó con las manos atadas a los nuevos dirigentes, incapaces de llevar a cabo la transformación del Consistorio tinerfeño tal y como hubieran deseado.
La solución que encontraron Milagros Pérez y Víctor Hernández para fomentar el empleo público en el Ayuntamiento, si se entiende empleo público como trabajo para personas que mantenían vinculaciones políticas o personales con los procesados, como ha quedado acreditado en la prueba practicada en el juicio, fue utilizar la fórmula de las prestaciones de servicios. Una práctica que las acusaciones consideran que convertía a los beneficiados en "falsos autónomos" (cobraban mes a mes cantidades fijas, utilizaban recursos municipales y tenían continuidad temporal), mientras que las defensas sostienen que se cumplieron todos los requisitos que establece la Ley de Contratos del Sector Público para este tipo de actuaciones. Lo cierto es que a través de esta vía, una veintena de personas fueron contratadas en el Ayuntamiento. Pero la cosa no quedaba ahí.
Cuando se superaba el año de duración o los 18.000 euros del límite legal, los enchufados eran reenganchados mediante negociados sin publicidad que, como confesó una de las testigos, llegaban a amañarse para beneficiar siempre a las mismas personas. Una forma de proceder que no pasó desapercibida para los técnicos municipales, que aunque inicialmente dieron su visto bueno a los contratos de prestaciones de servicios, terminaron alertando de las irregularidades, en sus informes y verbalmente, a los acusados. Especialmente clara fue en su testimonio la secretaria municipal, que fue tajante a la hora de ratificar que no cabían nuevas contrataciones por medio de los negociados. Así lo manifestó por escrito y oralmente, aunque sus advertencias cayeron en saco roto.
Algunos de los beneficiados, incluso, hicieron pleno al quince y, tras ser contratados mediante prestaciones de servicios y negociados, cuando el caso estalló en los juzgados y se pararon máquinas, terminaron en la universidad popular del municipio, donde eran remunerados por impartir cursos. Son muchas las historias que cobraron vida en la sala de vistas número 9. Entre todas dibujaron con precisión la forma de entender la gestión del dinero público por parte de dos políticos que supieron encontrar el enchufe que conecta sus ideologías enfrentadas.
La testigo clave
En un juicio con 38 testigos puede pasar cualquier cosa, y eso incluye el arrepentimiento. Si hubo un momento decisivo, si algo desequilibró la vista, ese fue sin duda la declaración de una joven arquitecta técnica que, en un brote de sinceridad difícil de encontrar dentro de las paredes judiciales, se vino abajo y confesó cómo se amañó su negociado sin publicidad para favorecer su contratación. Nadie podía imaginar lo que iba a pasar cuando se acercó al micrófono, aunque la tensión que acumulaban sus gestos hacía presagiar una declaración alejada de la falta de recuerdos habitual en estos casos.
Su historia, de antemano, ya era una de las más llamativas. Hija de un destacado militante del PSOE de Puerto de la Cruz, Nicolás Rodríguez Münzenmaier, llegó a Tenerife después de terminar la carrera en Italia. Sin tener aún el título homologado, fue contratada por el Ayuntamiento, donde también trabajaba como personal de confianza de Víctor Hernández su amiga Estefanía Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Insular del PSOE. Fue ubicada, mediante una prestación de servicios, en la Oficina Técnica, donde quedó vinculada a la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO), el documento más importante, junto con el presupuesto, de una administración local. Cuando se le acabó el contrato, siguió trabajando hasta que se reenganchó por medio de un negociado sin publicidad; el amañado. Cuando fue anulada su nueva contratación por el pleno, ya con el escándalo en manos de la Fiscalía, dio el salto a la universidad popular del municipio.
Con ese peso en su cuerpo, la joven arquitecta técnica entró el pasado martes en la sala. Salió mucho más ligera, eso seguro, después de todo lo que expulsó por su boca durante la declaración. A medida que avanzaba el interrogatorio, primero con el fiscal y después con el abogado del denunciante, la tensión fue en aumento. Fue entonces cuando llegó el momento de hablar del negociado sin publicidad y la pregunta clave de las acusaciones. "¿Le dieron instrucciones desde el Ayuntamiento para buscar a las otras dos empresas que tenían que participar en el procedimiento?". Se hizo un silencio; la testigo se puso roja. Más silencio. De pronto, un tímido hilo de voz salió de su laringe. "Sí". La jueza clavó las pupilas en su rostro. Los letrados se retorcieron en sus sillas. Los periodistas se miraron sorprendidos. El juicio ya no iba a volver a ser lo mismo.
El impacto fue tal que los abogados, de ambos lados, se quedaron sin capacidad de respuesta. La testigo acababa de reconocer que desde el Consistorio le dijeron que buscase a las otras dos empresas, que resultaron ser dos amigas, para concurrir al negociado sin publicidad y beneficiarla a ella. Podía parecer suficiente, pero no lo era, mucho menos para la jueza. Cuando finalizó la intervención de las partes, Beatriz Méndez se acercó a su micrófono para empezar a preguntar. Era su turno.
"¿Para que cree usted que tenía que elegir a esas dos empresas?", interpeló. "Pues para darme continuidad, quizás", respondió la testigo. "Ah, para darle continuidad", repitió la jueza. "Y para darle continuidad, ¿ustedes tres no hablaron de la oferta económica que tenían que presentar?". De nuevo, silencio. El abogado de la acusación popular miró para un lado y para el otro; se recolocó en su silla. El fiscal siguió a lo suyo y no levantó ni la cabeza. Volvió a sonar un susurro. "Sí". Ya no había marcha atrás. "Hablaron ustedes de la oferta económica", repitió Beatriz Méndez pronunciando con reposo cada letra. El amaño había quedado acreditado. Alguien le pidió que buscara a las personas competidoras y que se pusieran de acuerdo con las ofertas, de manera que ella presentase la más económica y fuera seleccionada. Pero, ¿quién? La jueza no pensaba quedarse con la duda.
"¿Quién le daba a usted todas esas instrucciones?", cuestionó. "Ehh, mmm, o sea, parte concejal, parte administrativa", respondió la testigo. "¿Parte concejal se refiere usted al acusado?", replicó la jueza mientras levantaba con levedad su dedo índice en dirección a Víctor Hernández. "Sí". Ya se había cerrado el círculo, pero la titular del juzgado no quería dejar ningún fleco. "¿Y a la alcaldesa?", preguntó. "Y a la alcaldesa… A lo mejor, bueno, no sé, no creo", dijo apresuradamente la joven. "¿No cree?", volvió a insistir Beatriz Méndez. "Sí, trataba con ella pero el concejal de Urbanismo era Víctor", admitió. "Trataba con ella", suspiró la jueza antes de despedir a la testigo.
La declaración de la joven arquitecta técnica que un día se aprovechó de sus buenas relaciones se convirtió, por sí misma, en un espejo de la política del enchufe que campó a sus anchas en el Ayuntamiento de Santa Úrsula durante los dos primeros años de la gestión de Milagros Pérez y Víctor Hernández. Un momento clave, aunque en el juicio también vieron la luz otras historias sobre las que tendrá que pronunciarse la jueza en una sentencia que puede marcar un antes y un después en la forma de entender la gestión municipal. Todo no fue arrepentimiento.
