Una posible manipulación de material sanitario pedriátrico en ambulancias de Gran Canaria mantiene bajo investigación judicial a cinco personas por presuntos delitos contra la salud pública y falsedad documental. La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, parte de una denuncia presentada en agosto de 2023 por un trabajador de Tasisa, adjudicataria del transporte sanitario urgente en Canarias, ante la Policía Nacional, según informa canariasahora.com.
Entre los investigados se encuentran el responsable comercial, la apoderada y un administrativo de Tasisa, así como dos gestores de la farmacia donde la empresa adquiere sus medicamentos. También figura como investigada la propia Tasisa, junto a su proveedora Global Technical Supplies.
Los hechos se remontan al 20 de julio de 2023, cuando un técnico de emergencias —delegado de prevención del sindicato SITES— detecta una etiqueta sospechosa en un parche desfibrilador pediátrico marca ZOLL, dentro de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). En el envoltorio aparecía una fecha de caducidad para mayo de 2028, aunque tras despegar la etiqueta se halló otra anterior que indicaba como fecha original diciembre de 2022, lo que indica que el producto estaba caducado desde hacía más de seis meses.
El denunciante inspecciona otras cajas y localiza dos parches más en condiciones similares. Aunque la empresa asegura que abrirá una investigación interna, ni Tasisa ni su matriz, la multinacional Health Transportation Group (HTGroup), dan respuesta al trabajador más de un mes después del hallazgo.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional asume la investigación, advirtiendo de los riesgos “graves” para la salud de menores en caso de uso de estos parches en situaciones críticas. La UDEF solicita a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) los historiales de revisión de los doce vehículos operados por Tasisa en Gran Canaria entre 2020 y 2023, así como facturas de compra de material médico.
El uso de este tipo de desfibriladores en menores es crítico para la reanimación cardiopulmonar y su caducidad compromete directamente la efectividad del dispositivo. El coste de cada parche ronda los 100 euros y su vida útil estimada es de dos años, muy lejos de los cinco que figuraban en la etiqueta presuntamente falsificada.
