Intersindical Canaria denuncia "una enorme desorganización y caos" en la Consejería de Derechos Sociales
Intersindical Canaria denuncia "una enorme desorganización y caos" en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a "los servicios públicos y ayudas públicas que recibe la ciudadanía". Advierte del retraso en la tramitación y renovación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), de más de 7 meses en las nuevas solicitudes de Prensiones no Contributivas (PNC) y de un año en la valoración de las de Invalidez.
Según un comunicado de este sindicato, el origen de "este disparate" organizativo está en las medidas que ha adoptado el Gobierno de Canarias y la propia Consejería de ordenar a trabajadores auxiliares administrativos " que llevan que llevan más de 15 años de antigüedad realizando tareas de administrativo que vuelvan a desarrollar las propias de su categoría, por iniciar una reclamación previa para que se le reconozca económicamente el derecho, como vienen haciendo hace muchísimos años por no haber sido encuadradas en la categoría que requiere el trabajo que realizan".
La organización sindical asegura que en el caso de la PCI, donde existen unas 10.000 solicitudes, esta medida empeora la orden de supone "empeora la actual situación en la tramitación de esta prestación tan esencial para subsistir, suponiendo, entre otros, un retraso en el estudio y tramitación que se puede estimar actualmente en unos 40 expedientes diarios".
Añade que, además, existen más de 600 expedientes que han solicitado la renovación desde el mes de abril de 2019 y aún no se han incluido en la nómina, a lo que se suma más de 1.000 solicitudes nuevas sin estudiar desde el mes de julio, reanudaciones sin resolver desde el mes de mayo de 2019 y unos 600 recursos sin resolver por parte de la Consejería.
El sindicato explica que recientemente, a través de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, se ha modificado la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que permite continuar después de agotar los 24 meses a aquellos colectivos vulnerables y con menores a cargo. Sin embargo, "actualmente no existe personal suficiente ni medios materiales para cumplir los requisitos que exige la propia Ley", lo que deja en "indefensión a una parte importante y socialmente sensible de la sociedad canaria".
Para Intersindical, "la sobrecarga que esto supone para los trabajadores y trabajadoras, la falta de personal y de recursos materiales (adaptación informática de los procedimientos y de los equipos), se ha visto agravada por las medidas tomadas indiscriminadamente sobre el personal". Resalta también que "tampoco se ha pronosticado que esta modificación significaba un incremento de carga de gestión en cuestiones de medios materiales y humanos así como la adaptación informática necesaria para poder ofrecer estos recursos aprobados por Ley en los plazos establecidos".
En este sentido, argumento que, "por lo expuesto, se constata un desorden considerable en esta Consejería en cuanto a ofrecer recursos a la ciudadanía sin previo control y orden sobre las necesidades del Servicio de Gestión, con lo cual, los recursos económicos no están llegando al colectivo más vulnerable de la sociedad canaria".
Respecto a las Pensiones No Contributivas (PNC), hacen hincapié en que en estos momentos en Canarias existen más de 43.000 beneficiarios/as y, que " el estudio, tramitación y resolución de las nuevas solicitudes de jubilación se está llevando a cabo con una demora que supera los 7 meses, cuando la normativa establece un periodo máximo de 3 meses".
Asimismo, asegura que las solicitudes de Invalidez superan en muchos casos el año, puesto que "los Centros de Valoración de la Discapacidad que también dependen de la misma Consejería, tarda más de un año en gestionar las citas para la valoración del grado de discapacidad que se requiere para ser beneficiario/a de la pensión de invalidez no contributiva".
Intersindical añade que no solo lo anterior es preocupante, sino que, la plantilla actual es insuficiente para llevar a cabo en plazo las reclamaciones y revisiones presentadas por las personas beneficiarias, las cuales llevan un retraso que supera el año, a lo que se debe añadir el incumplimiento en la realización de la Revisión Anual de estas pensiones, procedimiento que es de obligado cumplimiento según la Ley General de la Seguridad Social y por el que se regularizan las cuantías de las pensiones que se vienen percibiendo y asimismo se comprueba el mantenimiento de los requisitos.
En este sentido, cabe destacar que este incumplimiento por parte de la Consejería está generando que ante la pérdida del derecho de las pensiones se generen cobros indebidos que superan en muchos casos los 15.000 euros en familias en las que llegar a final de mes les supone un martirio.
El sindicato insiste en que la Consejera y este Gobierno de Canarias "han tomado medidas unilaterales de gestión erróneas sin importarle ni tener en cuenta las personas que lo pasan mal en Canarias" y sostiene que "simplemente se acuerdan para depositar el voto con promesas que luego no se cumplen ni para la sociedad canaria ni para los trabajadores y trabajadoras de la Consejería".
Intersindical Canaria exige a la Consejería que se reúna con los trabajadores y se retire la orden por la que los trabajadores no pueden desempeñar las funciones que han desarrollado durante toda su trayectoria laboral, imprescindibles para la prestación de los servicios públicos y que son necesarias para el funcionamiento de la gestión administrativa de las ayudas a los más desfavorecidos.
Finalmente, afirma que no entiende "como en una Consejería liderada por Podemos se toman represalias, con coacciones y amenazas, contra los trabajadores y trabajadoras que reclaman sus derechos frente a las leyes" y solicita que la Consejería " se dote del personal necesario para que no se le sigan lesionando los derechos a los ciudadanos por parte de este Gobierno".